Más allá del discurso político…

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Por Pedro X. Valverde Rivera

La reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Santiago de Chile, ha realizado importantes reparos al accionar del Estado ecuatoriano en cuanto a su deber de garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y prensa de sus ciudadanos.

A pesar de los reiterados cuestionamientos de nuestro Gobierno y sus instituciones, respecto de la independencia y solvencia de la SIP, su prestigio se mantiene incólume frente a los más importantes estamentos de defensa de derechos humanos del continente, de modo que, más allá del discurso político, la opinión de la SIP importa y mucho, para quienes dicen no preocuparse por ella. El centro de las críticas es la Ley de Comunicación y la actuación de entes de control estatales, en supuesto detrimento de derechos fundamentales de medios de comunicación y periodistas. Mas allá de que en una nación en la que se supone, existe separación de poderes, el accionar de estos no necesariamente deben estar alineados, no se ve bien que la Asamblea Nacional sea la primera en salir a responder a la SIP. Tampoco se ve bien que sea esta la que defienda el accionar de otros estamentos del Estado cuestionados por la SIP, que se supone, son independientes del Ejecutivo y Legislativo. Seguramente ya vendrá la respuesta del Ejecutivo, con el mismo discurso descalificador y así, entre descalificaciones, el Ecuador mantiene esa imagen de duda, por lo menos, en cuanto a los estándares de libertad de expresión y prensa, imperantes entre sus ciudadanos. Paralelamente a este nuevo capítulo de la ya permanente pugna entre el gobierno ecuatoriano y las instituciones defensoras de derechos humanos de la región, nos aprestamos a finiquitar una negociación con la Unión Europea, que permita a los productos ecuatorianos competir en ese mercado en condiciones razonables, y evitar, no solo el colapso de nuestros productores, sino además, de las miles de familias que dependen de ellos. Cabe anotar que una de las resoluciones de la SIP dice textualmente: “Exhortar al Parlamento Europeo que exija al Gobierno de Ecuador que se ajuste a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y promueva la plena libertad de prensa.” Y en la estructura de la Unión Europea, su parlamento cumple un rol fundamental para las legítimas aspiraciones de negociar un acuerdo favorable para los intereses del Ecuador. Creemos que el discurso descalificador de nuestros dignatarios puede que sea suficiente para mantener los estándares de aceptación en las encuestas, o para el aplauso de Daniel o Nicolás, pero difícilmente, para despejar las razonables inquietudes que la antes referida resolución de la SIP pudiere sembrar en el Parlamento Europeo. Por lo expuesto, desde esta columna hacemos votos para que, más allá del discurso político, exista una estrategia seria y formal del Estado ecuatoriano para contrarrestar los efectos de la resolución de la SIP en la Unión Europea, que se suma a las múltiples denuncias realizadas por ONG de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión regionales y mundiales. Y especialmente, creemos que es momento de que nuestros gobernantes reflexionen sobre la importancia de la libertad de expresión en el Ecuador, y la necesidad de adaptar sus políticas a los estándares internacionalmente exigidos por los organismos de derechos humanos. No podemos seguir viviendo de espaldas al mundo.

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