Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
Durante este período, las amenazas a las libertades de expresión y de prensa estuvieron vinculadas a campañas de acoso y deslegitimación contra periodistas; a leyes y ordenanzas propuestas o adoptadas con efectos potencialmente intimidatorios; y a la creciente necesidad de mecanismos de apoyo legal para responder al aumento de litigios y riesgos regulatorios.
Canadá cuenta con un sólido marco constitucional que protege las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, en los últimos años, organizaciones que monitorean estos derechos han documentado una creciente brecha entre las garantías formales y la realidad que enfrentan algunos periodistas en el ejercicio de su labor.
La Asociación de Periodistas de Canadá (CAJ, por sus siglas en inglés) ha señalado incidencias relacionadas con la protección de fuentes, el acceso a la información pública y el incremento de amenazas legales derivadas de coberturas periodísticas.
Por su parte, la Fundación Constitución Canadiense (CCF, por sus siglas en inglés) y otros grupos de libertades civiles han advertido que ciertas medidas federales y municipales recientes podrían representar riesgos para la libre expresión, incluidas aquellas que afectan indirectamente la capacidad de los periodistas para informar y la de los ciudadanos para comunicarse con ellos.
En este período se registraron situaciones de intimidación y estigmatización de periodistas, particularmente en relación con la cobertura de la situación en Palestina.
El 3 de febrero, J-Source y el Proyecto de Libertad de Prensa de Canadá (CPFP, por sus siglas en inglés) publicaron la investigación “Honest Reporting: Canada’s targeted harassment machine”, que documentó campañas organizadas de acoso contra periodistas que cubren la situación en Palestina. Los periodistas entrevistados describieron campañas coordinadas por correo electrónico y redes sociales, caracterizadas por altos volúmenes de mensajes hostiles dirigidos a reporteros y productores tras alertas emitidas por “HonestReporting”, acusándolos frecuentemente de parcialidad o antisemitismo.
Asimismo, varios periodistas fueron señalados públicamente como poco profesionales, prejuiciosos o propagandistas, con el objetivo explícito de presionar a las redacciones para modificar o cancelar coberturas. Según el informe, el efecto intimidatorio generó que algunos editores rechazaran preventivamente propuestas relacionadas con Palestina para evitar reacciones organizadas, lo que fue denunciado como una forma de censura indirecta.
En diciembre, el Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales (JCCF, por sus siglas en inglés) publicó el informe “Death by a thousand clicks: The rise of internet censorship and control in Canada”, en el que sostiene que una combinación de legislación federal, regulación de plataformas y prácticas de moderación de contenido estaría configurando un sistema de “censura suave” que afecta tanto a periodistas como a medios independientes.
Entre las principales preocupaciones señaladas se incluyen la de relegar algoritmos de contenido controversial, que puede reducir el alcance del periodismo de investigación o crítico; la presión regulatoria sobre plataformas para eliminar o degradar contenidos considerados perjudiciales o engañosos, con limitada transparencia y mecanismos de apelación; y los efectos inhibidores sobre medios pequeños y trabajadores independientes, quienes podrían optar por la autocensura para evitar desmonetización, eliminación de contenidos o quejas regulatorias.
Por otra parte, la CCF calificó el proyecto de ley federal C-9 —que reforma el proceso de disciplina judicial y se conoce comúnmente como la Ley de Combate al Odio— como “una amenaza urgente a la libre expresión en Canadá”, argumentando que sus estándares amplios y procedimientos podrían inhibir la crítica hacia jueces y tribunales.
Desde la perspectiva de la libertad de prensa, existe preocupación de que el escrutinio periodístico del poder judicial, incluidos comentarios firmes o controversiales, pueda ser interpretado como un socavamiento de la confianza en la administración de justicia. Los límites poco claros sobre “conducta indebida” y “discurso inapropiado” podrían incentivar decisiones editoriales más conservadoras al cubrir tribunales y jueces.
Si bien la iniciativa C-9 no está dirigida específicamente a los medios, organizaciones civiles advierten que podría reducir indirectamente el espacio para reportajes y comentarios rigurosos sobre el sistema judicial.
La CCF también destacó iniciativas municipales y herramientas relacionadas con el “discurso ofensivo” como potenciales riesgos para la libre expresión.
La propuesta de ordenanza de “zona burbuja” para protestas en Winnipeg —archivada en febrero de 2026— habría restringido manifestaciones cerca de determinadas instalaciones, afectando indirectamente la cobertura periodística. Tras críticas públicas, incluidas las de la CCF, la ciudad decidió postergar la iniciativa.
En febrero, la CCF envió una carta a las autoridades de la Región de Durham cuestionando una nueva herramienta para reportar “discursos ofensivos”, advirtiendo que podría incentivar denuncias contra expresiones legales y desalentar el debate público. Aunque estas medidas se orientan principalmente a la expresión pública en general, inciden en el entorno en el que los periodistas recopilan información y las fuentes se comunican con ellos.
El 18 de diciembre, la CAJ, la University of King’s College y la Canadian Media Lawyers Association lanzaron Lawyers for Reporters Canada, una iniciativa de apoyo legal pro-bono destinada a redacciones y periodistas. El proyecto responde al aumento de amenazas legales, incluidas demandas por difamación y citaciones judiciales que pueden utilizarse para presionar a periodistas o revelar fuentes confidenciales; a la falta de recursos de medios pequeños y trabajadores independientes, que carecen de asesoría legal interna; y a la necesidad creciente de revisión legal previa a la publicación en un entorno regulatorio complejo.
Otros hechos relevantes:
El 15 de diciembre, el JCCF difundió una crítica detallada sobre lo que denominó el crecimiento de la “censura y control de internet” en Canadá, enfocada en la regulación de plataformas y su impacto en la libertad de expresión, incluido el periodismo independiente.
El 24 de febrero, la CCF intervino en litigios relacionados con la legislación federal de evaluación de impacto, abogando por una protección robusta de las libertades constitucionales, incluida la libertad de expresión, dentro de los marcos regulatorios.
