PUERTO RICO

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Han surgido maniobras gubernamentales para negar el acceso de los periodistas a información de carácter público relevante.

Fue por eso que el 4 de diciembre de 2014, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la publicación digital Sin Comillas demandaron al secretario de Hacienda y al comisionado de Instituciones, Financieras luego de infructuosos pedidos para obtener un informe de la firma KPMG sobre el sistema tributario del país, a ser utilizado como base para una nueva reforma contributiva que se discute en la Legislatura.

Según los demandantes, el gobierno de Alejandro García Padilla recabó mediante orden ejecutiva la necesidad de la transparencia con los documentos públicos; sin embargo, ello no ha sido así con el informe de la firma KPMG. Funcionarios del gobierno llegaron a justificar su negativa a dar a conocer el informe alegando que su divulgación crearía un clima de "desinformación" y especulación, y que interferiría con el trabajo de los funcionarios, a quienes les crearía el "problema" de tener que contestar preguntas de los periodistas y los medios.

El 3 de febrero, la jueza Aileen Navas Auger del Tribunal de San Juan, concedió 24 horas al Departamento de Hacienda para que entregara dicho informe a la prensa, sosteniendo en su sentencia queñ "El Estado falló en establecer la necesidad de no hacer público el documento". La orden fue acatada.

El Tribunal Apelativo desestimó una demanda por daños y perjuicios, difamación, libelo y calumnia de Roberto Torres Torres y varias empresas contra cuatro gremios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los medios de comunicación El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero y Noticel. Los hechos se remontan al 24 de junio de 2012, cuando estos gremios denunciaron, en conferencia de prensa, un alegado conflicto de intereses entre el entonces vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Pérez Canabal, y las empresas demandantes. Esta noticia fue difundida por los medios mencionados, lo que motivó la demanda. Esta había sido desestimada en el Tribunal de Primera Instancia que determinó que los demandantes no pudieron precisar cuáles fueron las alegaciones de falsedad publicadas en los diarios.

La ASPPRO reclamó al superintendente de la Policía, José Caldero, su intervención en un caso que involucra a la periodista de Telemundo, Canal 2, Ivette Sosa, que denunció haber sido amenazada por Miguel Rosado Carrero, coronel de la Policía. Estas amenazas, expresadas en una carta del coronel a la periodista, surgen luego de que Sosa le diera seguimiento a un alegado caso de suicidio, que de acuerdo a familiares del fenecido, se trató de un asesinato.

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