IMPUNIDAD/MÉXICO

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Resolución de la Reunión de Medio Año

Ciudad Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo de 2015


CONSIDERANDO que Veracruz, donde en enero pasado fue torturado y asesinado el periodista Moisés Sánchez Cerezo, es el estado mexicano en el que más periodistas han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos, amenazados, agredidos, hostigados y desplazados producto de la falta de garantías por parte del gobierno para ejercer el derecho a la libertad de expresión

CONSIDERANDO que el 5 de febrero de 2014 fue secuestrado y asesinado el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y que a pesar de que fueron detenidas seis personas y sometidas a juicio, falta por capturar al resto de los cómplices y autores intelectuales; pero lo más grave es que en cualquier momento los acusados serán absueltos de este crimen porque la investigación y pruebas son deficientes. Además, la familia del comunicador ha recibido amenazas por exigir justicia y las autoridades han incumplido su compromiso de brindarle una seguridad eficaz

CONSIDERANDO que los ataques a instalaciones, bienes o personas relacionadas con el trabajo de los medios de comunicación, como consecuencia de las denuncias de corrupción e inseguridad que publican, siguen reportándose y cada vez se realizan con mayor frecuencia y violencia, en menos de tres semanas ocurrieron tres ataques: el 29 de enero fueron lanzadas bombas molotov a unos metros de las instalaciones de El Heraldo de Córdoba de Veracruz; el 6 de febrero, en Matamoros, Tamaulipas, las instalaciones de Televisa del Noroeste sufrieron un ataque con granada, que hirió a dos guardias de seguridad y el 15 de febrero desconocidos dispararon contra un camión que distribuía el diario Reforma en el estado de México, en donde trabajaban voceadores, resultando uno de ellos herido

CONSIDERANDO que continúan creciendo y extendiéndose las amenazas contra ciudadanos que utilizan las redes sociales como recurso de difusión de la violencia, ante la ausencia de información por parte de los medios de comunicación tradicionales y de los vacíos creados por las propias autoridades ante situaciones de riesgo, sin que las autoridades investiguen y sometan a juicio a los responsables

CONSIDERANDO que el desplazamiento obligado de periodistas, al interior o exterior del país, a causa de amenazas, continúa siendo un problema grave y los gobiernos federal y estatal, no atacan las causas que lo provocan. Sólo en el último mes dos informadores huyeron a Estados Unidos, Enrique Juárez, jefe de redacción de El Mañana de Matamoros, Tamaulipas, quien fue secuestrado y torturado durante varias horas el 4 de febrero

CONSIDERANDO que el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión es deficiente porque continúa sin recursos económicos y humanos para trabajar y ha sido imposible llevar a cabo un trabajo coordinado con la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia organizada (SEIDO) de la PGR y las procuradurías de justicia de los estados el país; tampoco el Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación muestra un trabajo oportuno y sólido

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Demandar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR que también investigue los asesinatos de Moisés Sánchez Cerezo y Gregorio Jiménez de la Cruz y acuse penalmente a los responsables que podrían ser funcionarios públicos, quienes con los homicidios pretendieron silenciar al resto de los medios de comunicación y cercenar los derechos fundamentales de la población

Exhortar al gobierno de Veracruz que haga públicas las investigaciones que tiene a su cargo sobre las desapariciones de Jesús Mejía Lechuga y Evaristo Ortega Zárate, y de los asesinatos de Adolfo Sánchez Guzmán, Manuel Gabriel Fonseca Hernández, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova y Esteban Rodríguez Rodríguez, ya que se trata de casos que no han sido resueltos y la impunidad alienta mayores ataques

Urgir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR que haga públicos los avances de las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas ocurridas en Veracruz y que tiene bajo su jurisdicción: Raúl Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz, porque se mantienen en impunidad y es indispensable transparentarlos al tratarse de un ataque a un derecho fundamental

Emplazar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la PGR para que atraiga, investigue con urgencia y detenga a los responsables de los ataques a instalaciones, bienes y voceros de los distintos medios de comunicación en Veracruz, Tamaulipas y estado de México; así como los ataques y amenazas a ciudadanos que utilizan las redes sociales para informar situaciones de riesgo y que están sufriendo amenazas directas en esos mismo estados del país

Urgir a la Procuraduría General de la República para que en la nueva conformación de la institución, dote a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión de personal y recursos económicos suficientes para que pueda llevar a cabo un trabajo serio, profundo y eficiente, porque hasta ahora sus resultados son limitados y escasos, y es incapaz de atraer los casos por carecer de personal especializado, suficiente y presupuesto que le dé movilidad y capacidad de acción.

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