Guatemala

Esta medida veta la presencia de la prensa en un proceso de alto interés nacional e internacional, por la jerarquía de los acusados y del delito, violenta el acceso que está garantizado por el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

En febrero de 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) entregó al Congreso el dictamen favorable de 69 puntos de la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Estos incluyen regular el tiempo máximo de espacios en los medios de comunicación por medio de un programa de distribución igualitaria de espacios, bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También se obligaría a los medios de comunicación a remitir al TSE, en diciembre anterior al año de elecciones, un pliego tarifario que especifique la disponibilidad de espacios, cuestión que podría ser considerado como una intromisión en el derecho al libre ejercicio del comercio de las empresas periodísticas.

La CC también conoció una propuesta de regular los estudios de opinión electorales. Rechazó que la autoridad electoral aprobara los cuestionarios, certificara la pertinencia técnica de los instrumentos de medición y otorgara una autorización oficial. Recomendó que faculte al TSE a requerir rectificaciones en cuanto a los resultados publicados, lo cual coartaría el libre ejercicio periodístico.

Las reformas todavía están siendo discutidas en el Congreso.

El 10 de marzo, en una reunión convocada por el Nuncio, el presidente Jimmy Morales secundó una exhortación del representante de la Santa Sede para que los embajadores y los representantes de organismos internacionales acreditados en el país se abstengan de interferir en los asuntos internos, en referencia a la presencia de ellos en juicios y protestas, así como a sus opiniones sobre temas políticos, judiciales, económicos y gubernamentales.

Ese día la Cancillería envió una carta al Cuerpo Diplomático con ese pedido, que es interpretado como una coacción al derecho a la libre expresión, garantizado en el artículo 35 de la Constitución.

El 1 de febrero, 16 entidades de prensa, encabezadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, denunciaron que fueron excluidas por el Gobierno de la mesa técnica que realizó consultas y discusiones dentro del proceso para crear un mecanismo de protección para periodistas.

Tampoco se consultó a las entidades de prensa de la provincia, a pesar de que son las más vulnerables del país.

Las entidades de prensa demandaron que el Gobierno reconozca los derechos garantizados en la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento, y que cuando se discutan medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, se les tome en cuenta como principales interesados.

Los periodistas continúan expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas por parte de funcionarios públicos y el crimen organizado. Frecuentemente se conoce de atropellos verbales o físicos contra reporteros, particularmente en la provincia.

Un ejemplo es la amenaza abierta lanzada por un guardia penitenciario que custodiaba a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en una diligencia judicial en un proceso por corrupción en su contra, en Villa Nueva. Para alejar a los reporteros que trataban de entrevistar a la ex funcionaria, el policía blandió su arma y gritó: "Se alejan o aquí va a haber balazos".

Ese ambiente se vio agravado el 17 de marzo con el asesinato de Mario Salazar, de 32 años, director de la radio Estéreo Azúcar, de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa. Salazar fue atacado por pistoleros mientras conducía su vehículo en el kilómetro 118.5 de la carretera a El Salvador. Ese día había viajado a la cabecera de aquel departamento a cobrar facturas de publicidad.