CONSIDERANDO que prosigue en el país un incremento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación
CONSIDERANDO que en este período fueron asesinados cuatro periodistas en los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz
CONSIDERANDO que según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han sido asesinados 109 periodistas, 20 están desaparecidos desde 2005; se han registrado 48 atentados contra medios desde 2006 y numerosos reporteros se encuentran desplazados y que esa información fue avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CONSIDERANDO que se advierte una tendencia de violencia contra mujeres periodistas registrándose 84 de estos casos durante 2015, según la organización Artículo 19
CONSIDERANDO que esta tendencia violenta se manifiesta particularmente a través de abiertas amenazas en las redes sociales
CONSIDERANDO que en los estados de Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, la tarea de la prensa se realiza con alto riesgo para los periodistas, tanto de parte de funcionarios estatales y municipales y del narcotráfico
CONSIDERANDO que también se han registrados numerosas agresiones contra periodistas en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Oaxaca
CONSIDERANDO que en la gran mayoría de los casos de violencia no son esclarecidos y se observa lentitud en las investigaciones
CONSIDERANDO que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, sigue sin contar con una estructura sólida y capaz de cumplir de manera eficiente con sus funciones
CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Exigir al gobierno federal y a los gobiernos de los estados más afectados por la violencia a que tomen las medidas necesarias para proteger debidamente la labor de los periodistas mexicanos y, en particular, detener el derramamiento de sangre al que están sometidos estos profesionales
Demandar la investigación rápida y con firmeza de los casos de violencia contra periodistas y, en particular, las amenazas impunes que se vierten contra ellas a través de las redes sociales
Solicitar al gobierno federal que asigne los recursos y el personal necesario para el debido funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para que finalmente esa identidad pueda cumplir con su tarea de protección a los periodistas.
