Palabras de Diego Cornejo Menacho
Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP)
72 Asamblea General de la SIP
Ciudad de México, México
Es muy meritorio y sumamente comprometedor recibir hoy, en nombre de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2016, en el marco de la 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, conferido a los periódicos editados por empresas privadas de comunicación cuyo mayor acervo es la independencia editorial, sin la cual no podemos concebir la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador.
Debo expresar nuestro agradecimiento al Comité Ejecutivo de la SIP, particularmente al presidente Pierre Manigault, a la Presidenta de la Comisión de Premios, Marcela Noble Herrera, al Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, y al Director Ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.
Y decirles que este honroso Premio es un desafío para los diarios ecuatorianos asociados en la AEDEP, porque nos conmina a mantener la resistencia a un Estado de Propaganda cuyo retorcido propósito es convertir en cascarones sin contenido a los diarios privados y silenciar a los periodistas y columnistas críticos con el régimen político autoritario que ha construido el presidente Rafael Correa.
Desde 2007, pero particularmente desde 2013, en que se aprobó una regresiva y antidemocrática ley de comunicación, los periódicos de Ecuador soportamos una ofensiva destinada a silenciarnos por la vía de la censura, del hostigamiento y del estrangulamiento económico. En mi país se usa la publicidad oficial como estímulo o castigo, se acosa a los anunciantes privados y se limita la inversión de capitales frescos en los medios. Hasta hoy, han cerrado 19 radioemisoras, 5 periódicos, 3 canales de TV, una revista, 8 programas de radio y televisión con contenido noticioso y de opinión, y han sido intervenidos los noticieros de tres canales de televisión incautados. En Ecuador se ha formado un monopolio comunicacional con una treintena de medios de radio, prensa y televisión. Ninguno es un medio público. Todos son instrumentos de propaganda gubernamental.
La Superintendencia de Comunicación, el tribunal especial creado por la referida ley de comunicación, impone contenidos prediseñados, acosa a los periódicos con la imposición de multas que se multiplican geométricamente, somete a medios y periodistas a procesos en que los acusados se enfrentan a juzgamientos amañados cuyas sentencias se dictan desde la Secretaría de Comunicación, una oficina contigua al despacho del presidente de la República. Las sanciones se imponen por lo que publicamos, por lo que publican otros y por lo que dejamos de publicar. En mi país el presidente de la República pretende —a palos— ser el editor general de los diarios, ya que esa ley lo autoriza a determinar qué es una noticia, y qué no, por lo que con frecuencia se nos imponen titulares y noticias que no son más que publicidad gubernamental. No contento con eso, Correa ha intentado acumular más dinero siguiendo juicios penales a medios de comunicación, a periodistas y caricaturistas, procesos en que su propio abogado defensor redacta las sentencias que pronuncian los jueces a su servicio. Les recuerdo que en Ecuador los poderes del Estado no son independientes; tampoco los organismos de fiscalización y control.
Lo que describo muy brevemente es una realidad de censura que también se expresa en su forma más proterva, la autocensura. Según el dogma que anima la persecución que soportamos, la comunicación es una bien público y, por tanto, debe ser generada y provista por el Estado, convertida en un servicio público que, dicen, garantiza su calidad y, como con el agua, evita que el ciudadano sea envenenado con ideas insalubres. En Ecuador se asesina todos los días la libertad de expresión como fuente y sustento de la democracia y se impone el discurso oficial sobre el conjunto de la vida pública y privada, incluso en las decisiones que las mujeres toman sobre sus cuerpos.
Sin embargo, la resistencia al régimen autoritario del correísmo, en medio de enormes dificultades, ha sido menos dura por la solidaridad puesta de manifiesto incontables veces por la Sociedad Interamericana de Prensa, por las Asociaciones Nacionales de Prensa, y por diversos organismos internacionales. Por justicia, me siento en la obligación de nombrar a Nora Sanín de Andiarios, Colombia; a Kela León del Consejo de la Prensa Peruana; a Daniel Dessein, Carlos Jornet y Martín Etchevers de ADEPA, Argentina; a Lourdes de Obaldía, directora del diario La Prensa, Panamá; a Gustavo Mohme, director del diario La República, Perú; a Roberto Pombo, director del diario El Tiempo, Colombia; a Milton Coleman, del The Washington Post; a Edward Seaton, del The Manhattan Mercury; a Asdrúbal Aguiar, columnista de El Nacional, Venezuela; a Carlos Lauría, del Comité de Protección de Periodistas; a José Miguel Vivanco, de Human Rigth Watch; a Rodrigo Bonilla de la Unión Mundial de Periódicos, WAN-IFRA; y, con renovado énfasis, a Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este Premio también es para ellos.
Es indispensable, es vital, que se mantenga la solidaridad. En algún momento ustedes serán convocados para que con justicia se repare todo el daño ocasionado en mi país.
En esta oportunidad, los diarios independientes de Ecuador también expresamos el dolor y la indignación que sentimos por cada periodista perseguido o asesinado en México, Colombia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Panamá, República Dominicana, Paraguay o Venezuela. En el primer semestre de este año, Reporteros sin Fronteras registró 21 casos de periodistas asesinados en América Latina, 14 de ellos en México y Guatemala. Algunos gobiernos parecen haber olvidado que la protección de periodistas es una prioridad estatal dispuesta por la legislación interamericana.
Y, concluyo anotando que en la AEDEP mantenemos firmemente nuestras convicciones fundacionales respecto de la importancia de los diarios en el sistema político, pues sin prensa independiente no es posible concebir una democracia deliberante en la que se debata abiertamente la gestión pública y se cuestionen los abusos del poder, como las violaciones a los derechos fundamentales y la corrupción política. Ello sólo es posible si el periodismo de profundidad se sustenta en investigaciones escrupulosas realizadas con rigor ético. Por tanto, expresamos nuestra admiración por los periódicos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, México, y de otros países, que defienden su independencia crítica y dan espacio a la voz deliberante de los ciudadanos. Así contribuyen a alcanzar las conquistas democráticas, por las que desde hace más de un siglo, con enormes sacrificios, perseveran los pueblos de la región. Y así resisten, como resistimos en el Ecuador.
CDMX, octubre de 2016
