En este periodo se mantuvo latente el clima de hostilidad contra medios informativos y periodistas a los que se atribuye un papel determinante en los resultados negativos de la consulta que infirió al jefe de Estado boliviano su mayor revés ante las urnas. La ciudadanía se expresó con un no rotundo a las aspiraciones de Evo Morales durante el referendo del 21 de febrero de 2016 en el que este buscaba legitimar una nueva reelección mediante reforma constitucional.
Un informe del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, señala que las agresiones contra los medios, columnistas y periodistas se incrementaron de manera alarmante en el último año. En 2014 se registraron 45 casos, 22 en 2015 y 59 en 2016.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) manifestó su preocupación por la violencia contra reporteros y medios de información en medio de conflictos sociales registrados en el país. La organización teme que el elevado número de agresiones físicas y verbales en 2016, con 59 casos registrados por la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa, siga una tendencia inquietante tras algunos incidentes observados en la ciudad de La Paz y en poblaciones cercanas.
La ANP rechazó una declaración del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que pidió a su sucesor René Martínez, el pasado 25 de enero, "una investigación seria, severa, rigurosa sobre la ética de los medios de comunicación".
El presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, afirmó que la vigilancia sobre el cumplimiento de la ética periodística corresponde a los tribunales especializados de autorregulación y sus correspondientes normas, de acuerdo a lo establecido por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Entre los hechos de violencia se registra la agresión y el asalto a la periodista Ana Apaza y los fotorreporteros Javier Mamani y Álvaro Valero, mientras cubrían enfrentamientos entre habitantes del municipio rural de Achacachi, una localidad ubicada a 93 kilómetros al noroeste de La Paz, el pasado miércoles 15 de febrero.
El fotógrafo del diario Página Siete Álvaro Valero fue golpeado con una rama y cuando "la periodista Ana Apaza intentó defenderlo, también fue agredida y arrojada al piso por la turba de personas", denunció la página digital de ese periódico.
Durante este conflicto, personas no identificadas asaltaron la emisora del gubernamental Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios (RPO) instalada en la población de Achacachi. El 15 de febrero, la radio fue acallada según denuncia de su responsable, Edwin Huanca, quien tuvo que trasladarse hasta la ciudad de La Paz para recibir atención médica por dos heridas abiertas en la cabeza, una en el ojo izquierdo y otras en varias partes del cuerpo.
La radio integrante del grupo de emisoras del Ministerio de Comunicación, operaba en el edificio de la Federación Sindical Única de Campesinos de la provincia Omasuyos, afín al partido del presidente Morales, y sus afiliados son conocidos por su vestimenta indígena consistente en ponchos rojos.
El 21 de febrero, el periodista de radio Alternativa de la zona semitropical de los Yungas, Ángel Blanco, fue detenido en oficinas policiales por algunas horas, según verificó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
Blanco cubría las noticias sobre los enfrentamientos registrados entre cultivadores de hojas de coca y la policía, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional debatía acerca de una nueva ley sobre el vegetal.
No deja de preocupar la transferencia de los predios donde funciona la emisora de la Gobernación del departamento de La Paz, Radio Líder, a competencia del gobierno central, lo que implicaría la suspensión de los programas dirigidos por los periodistas Amalia Pando y Gonzalo Rivera, ambos abiertamente críticos con las políticas del presidente Morales.
El 28 de marzo, una decena de periodistas bolivianos invitados por la línea aérea Latam para un vuelo inaugural entre Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Santiago en Chile, fueron sometidos a tratamiento torpe y humillante por funcionarios de migración en la capital chilena, bajo el argumento curioso de que existía un nuevo "estado" en la relación entre los dos países.
Por otra parte, la periodista Marianela Montenegro de Cochabamba, denunció que sigue siendo acosada con varios casos judiciales que intencionalmente buscarían impedirle su libertad para expresarse sobre varios hechos de corrupción.
