Uno de los hechos más preocupantes durante este periodo se registró el 8 de marzo cuando un equipo periodístico integrado por Hugo Mario Cárdenas, Oswaldo Páez y Octavio Villegas, del diario El País, de la ciudad de Cali, fue retenido e intimidado por hombres armados que se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN.
El incidente ocurrió en una zona montañosa del Cauca. Los hombres que los amenazaron les exigieron explicaciones sobre su presencia en ese lugar y los conminaron a salir de la zona de inmediato. Los medios colombianos rechazaron este acto y exigieron un pronunciamiento de la guerrilla, que está en medio de un proceso de paz con el Gobierno.
El 13 de enero, los periodistas Andrés González y Cristian Herrera, del diario La Opinión y del periódico Q'hubo, fueron atacados por hombres armados durante su desplazamiento hacia una zona rural de la ciudad de Cúcuta. Los periodistas y el conductor del vehículo que los acompañaba salieron ilesos. Las autoridades sugirieron que los responsables podrían ser contrabandistas que actúan en la frontera con Venezuela. Los hechos aún son investigados.
A finales de enero, Edwin Montiel Salgado, director de la emisora Frontera Estéreo, en el departamento de La Guajira, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Su vehículo recibió tres disparos y él salió ileso. Aún no hay resultados de las investigaciones.
Actualmente, 147 periodistas cuentan con alguna medida de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, 103 de ellos tienen escoltas y 82 se trasladan en vehículos de seguridad. En total, durante el año pasado, 47 periodistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas y 44 dijeron haber sufrido obstrucciones en su trabajo.
De las 12 agresiones que se denunciaron en el departamento de Casanare durante el 2016, 11 ocurrieron luego de que periodistas de la región denunciaran hechos de corrupción por parte de la administración de Yopal.
Persiste la expedición de decisiones judiciales que impactan el ejercicio de la libertad de expresión. En enero pasado, un juez de Manizales envió una comunicación al periódico La Patria en la que le pedía retirar de su página web una noticia sobre una comunidad indígena que estaba exponiendo a sus niños a la venta y consumo de sustancias alucinógenas. Según el juez, esa información ponía en riesgo a la comunidad indígena. Sin embargo, luego de que el diario argumentara que la orden se trataba de censura, el juez respondió que era solo una recomendación.
Frente al incremento de solicitudes judiciales en las que se pide eliminar o corregir información con base en un supuesto "derecho al olvido", directivos de medios de comunicación han expresado su preocupación por la injerencia que tienen las peticiones y las decisiones de jueces en el ejercicio periodístico.
Teniendo en cuenta esas inquietudes, Andiarios pidió en enero pasado a Catalina Botero, hoy decana de derecho de la Universidad de los Andes y quien se desempeñó como relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una guía sobre la protección legal que tienen los medios en Colombia para responder ante ese tipo de disposiciones. El documento busca blindar a los medios con herramientas para encarar los abusos del "derecho al olvido".
Se registraron numerosas violaciones por parte de servidores públicos. Un periodista de El Informador, de Santa Marta, fue retenido durante toda una noche luego de que les reclamara a miembros de la Policía por no permitirle hablar con testigos de un accidente de tránsito. Los policías lo llevaran a una unidad judicial bajo señalamientos de "agresiones contra funcionarios públicos". En octubre, el concejal Alexander Madrid, de la ciudad de Montería, les quitó la cámara a dos reporteros de Nortevisión porque estaban haciendo imágenes de apoyo del Concejo en las que él aparecía.
El nivel de impunidad en los casos de homicidios de periodistas sigue siendo alto. En este período prescribieron las investigaciones por los asesinatos de cuatro periodistas: Norvey Díaz Cardona, director del periódico Rodando Barrios, asesinado el 18 de octubre de 1996; Santiago Rodríguez Villalba, periodista de Sucre, asesinado el 2 de febrero de 1997; Freddy Elles Ahumada, reportero gráfico de Bolívar, asesinado el 18 de marzo de 1997, y Gerardo Bedoya, editor de opinión del diario El País de Cali, asesinado el 20 de marzo de 1997. A la fecha han prescrito 76 casos de asesinatos de periodistas en razón de su oficio.
En tres casos representativos se produjeron los siguientes desarrollos judiciales. El 2016 cerró con dos condenas contra autores de los vejámenes que sufrió la periodista Jineth Bedoya de El Tiempo,, hace 17 años cuando realizaba una investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos en la cárcel Modelo de Bogotá. Mario Jaimes, alias el Panadero aceptó los cargos de tortura, secuestro y violación; Alejandro Cárdenas, alias J.J., por su parte, aceptó su responsabilidad en los delitos de tortura y secuestro, pero enfrenta un proceso por el delito de violación. Ambos fueron excluidos del programa de Justicia y Paz, que contempla beneficios judiciales a paramilitares desmovilizados. En el proceso actual, también se encuentra Jesús Emiro Pereira.
Aunque el proceso mostró avances en el último año, la Fiscalía pidió nuevamente que la periodista declarara en contra de sus victimarios. Bedoya cumplió con ese requerimiento el 1 de marzo, pero antes hizo un llamado a la no re victimización por parte de la Justicia, pues esta fue la doceava vez que tuvo que narrar la violación de la que fue víctima.
En enero fue capturado en Estados Unidos y deportado a Colombia Fabio López Escobar, condenado por haber participado en el homicidio de Orlando Sierra exdirector del diario La Patria. La condena contra López Escobar quedó en firme en junio de 2015, cuando el Tribunal Superior de Manizales lo sentenció a 28 años y 10 meses de cárcel y desde entonces se encontraba prófugo.
Un juez ordenó la detención de Emiro Rojas Granados y Néstor Pachón Bermúdez. Pachón es señalado de haber participado en el secuestro y los seguimientos de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque en 2001. Duque ha denunciado que en los últimos meses, aumentaron los hostigamientos en su contra.
En diciembre el Tribunal Superior de Bogotá decidió cesar la acción penal en contra de José Miguel Narváez por el caso de las 'chuzadas', que implicó interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a varios periodistas. Narváez era subdirector del DAS, entidad de inteligencia que fue eliminada tras los escándalos. Según el Tribunal, la conducta del exfuncionario prescribió en noviembre pasado.
Durante la entrega del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos en Oslo, Noruega, el pasado 12 de diciembre se presentó un incidente entre una periodista del canal Noticias RCN y el presidente Juan Manuel Santos. Audio de la denuncia aquí.
Karla Arcila, reportera que cubre para el noticiero la información de la Casa de Nariño, le preguntó al presidente Santos durante una rueda de prensa con la primera ministra de Noruega: "Señor Presidente, ¿qué les dice usted a sus oponentes, especialmente al expresidente Uribe, que han dicho que el premio Nobel de Paz se compró por intereses petroleros de Noruega?"
En ese momento, el Presidente respondió que la oposición había dicho muchas cosas "que no son ciertas". Luego se acercó a la periodista y le manifestó que la pregunta había sido "completamente ofensiva y fuera de la realidad". Otros periodistas intervinieron en la conversación y el Presidente les dijo que la pregunta "ofendió a la primera ministra de Noruega y dejó muy mal al periodismo colombiano". Agregó: "¿Será que los periodistas perdieron la sindéresis de lo que puede ser verdad o no puede ser verdad? Uno no puede ser transmisor de locuras.".
Noticias RCN denunció que el reclamo presidencial que cuestionó el oficio de la periodista es un mensaje intimidatorio que vulnera la Libertad de Prensa, por los siguientes motivos: primero, vulneró su legitimidad profesional ante sus pares y compañeros; segundo, fue descalificada ante altos servidores públicos, lo cual puede crear un patrón de comportamiento a ser imitado por otros servidores; tercero, la relación de poder es asimétrica y la periodista no tiene el deber jurídico de soportarla; cuarto, conculcar el ejercicio periodístico de la reportera es atacar la figura más débil de los medios; y quinto, el Presidente desconoció el estándar de mayor tolerancia frente a la crítica y escrutinio público que pesa sobre todo servidor público.
En febrero se radicó en el Congreso un proyecto que causa inquietud. Se trata del estatuto de oposición, que busca brindar garantías a las minorías políticas y a los partidos de oposición. Estableció un controvertido derecho a la réplica que interfiere con los criterios editoriales. Da a los partidos que se declaren en oposición la posibilidad de intervenir con igual tiempo y espacio en los medios de comunicación estatales o en los que usen el espectro electromagnético, para controvertir una posición del gobierno.
Está pendiente también la reglamentación del uso de las emisoras y los espacios televisivos que fueron convenidos en el acuerdo de paz con las Farc y cuyo contenido será coordinado por un comité de comunicaciones, integrado por el Gobierno y la guerrilla desmovilizada. Preocupa el riesgo de intromisión a los contenidos.
Existe un acceso limitado a información. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló que en el país cerca de 600.000 personas viven en 52 municipios donde no hay un solo medio de comunicación local, otros 2,4 millones de personas viven en 146 municipios donde hay medios, pero estos no cubren todo el municipio o no producen información periodística local. Otros 60 municipios tienen un único medio de comunicación.
