Guatemala

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Informe ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 - 22 de octubre de 2021
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En este período se reportan ataques y limitaciones a la libertad de expresión mediante acciones de intimidación anónimas a través de las redes sociales y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.

Varios reporteros de medios nacionales e internacionales fueron intimidados en redes sociales por su cobertura de eventos relacionados al gobierno. Las agresiones provienen de "net centers" con cuentas ficticias que se activan y desactivan con el interés de distraer la atención de las audiencias.

El gobierno limita la información a los medios de comunicación amparándose en la confidencialidad, en especial lo relacionado a la compra de vacunas para combatir el Covid-19. Además, se usan las viejas tácticas de presión a través de llamadas telefónicas para intentar mitigar información sobre el gasto público.

En septiembre, la Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, y ordenó al Ministerio Público investigar a elPeriódico por publicar una declaración de un testigo en ese caso.

El 27 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia negó que existieran motivos para investigar a la Fiscal General que días antes había sido incluida en un listado del Departamento de Estado de los EE.UU. sobre funcionarios y exfuncionarios corruptos, y ordenó iniciar un caso penal contra elPeriódico por "la posible comisión de delitos" al publicar y utilizar como evidencia una declaración testimonial.

Según expertos, la sentencia contraviene el artículo 35 de la Constitución, que estipula que "no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos".

Alejandra Carrillo, exdiputada del Partido Patriota (allegada al expresidente Otto Pérez y a la expresidenta Roxana Baldetti) y actual directora del Instituto de la Víctima, demandó al presidente de La Hora a través de una vieja práctica de funcionarios públicos que utilizan las leyes contra el femicidio para justificar sus demandas.

El instituto que dirige Carrillo está sujeto a investigaciones por denuncias periodísticas que señalan la existencia de plazas irregulares usadas para pagar favores políticos a diputados.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) afirmó que la libertad de prensa se ha visto "amenazada y transgredida por actos de intimidación y ataques físicos directos contra periodistas, campañas de difamación, persecución y acoso judicial, descalificaciones abiertas por parte de autoridades del Estado, obstáculos sistemáticos para el libre acceso a la información pública y acciones de asfixia económica".

En otros hechos, el 9 de junio las autoridades allanaron la casa del periodista deportivo Juan José Corado, de elPeriodico. La policía le indicó al periodista que no habían encontrado nada y que si quería conocer los motivos del allanamiento debía dirigirse a la fiscalía.

El 28 de septiembre el camarógrafo José Guarcas, del canal Xolabaj TV, en el departamento de El Quiché, fue retenido por exmilitares que se oponían a una exhumación en dicho departamento. Fue liberado tras una negociación con las fuerzas de seguridad.

El 19 de octubre, varios periodistas y camarógrafos fueron agredidos durante una manifestación de supuestos ex militares frente al edificio del Congreso que exigía una indemnización por su participación en el conflicto armado interno en la década de 1980.

Henry Montenegro y Elmer Vargas del canal Guatevisión, Esbin García de Prensa Libre, José David Sanchinelli de Nuestro Diario, Javier Estrada de Quorum.gt y Simón Antonio de Prensa Comunitaria, recibieron golpes con palos, machetes y piedras para que no puedan cubrir los hechos.


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