La Sociedad Interaemericana de Prensa (SIP), junto a otras 10 organizaciones nacionales e internacionales, enviaron una carta a las autoridades del gobierno de Guatemala y autoridades encargadas de impartir justicia para solicitar la atención debida a los periodistas que han tenido que salir al exilio.
Información de Prensa Comunitaria.
A contiuación, la misiva:
Septiembre de 2026. Las organizaciones firmantes, dedicadas a la defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información, acogemos con atención la presentación, el pasado 14 de agosto, del informe “La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala” (2014-2025) al presidente Bernardo Arévalo.
El informe constituye un aporte relevante para comprender las causas, los mecanismos y las consecuencias de los procesos de criminalización que, durante la última década, obligaron a numerosas personas a abandonar Guatemala. Entre ellas se encuentran periodistas y trabajadores de medios que salieron del país como consecuencia de procesos judiciales, amenazas, hostigamiento y otras formas de presión vinculadas al ejercicio de su labor informativa.
El exilio de periodistas no puede entenderse únicamente como una afectación individual. Cuando un periodista se ve obligado a abandonar su país por ejercer su profesión, se debilitan también el pluralismo, a los medios de comunicación, la capacidad de fiscalización del poder y el derecho de toda la sociedad a acceder a información de interés público.
Valoramos, por ello, que el presidente Arévalo haya reconocido la necesidad de dar una respuesta institucional a esta situación y anunciado acciones destinadas a enfrentar este fenómeno. Estos compromisos representan una oportunidad que debe traducirse ahora en acciones concretas, dentro de las competencias de cada institución del Estado.
De los compromisos a las garantías
Para las organizaciones firmantes, una política destinada a enfrentar el exilio de periodistas debe contemplar al menos seis dimensiones: atención a las personas exiliadas, revisión de los procesos de criminalización, condiciones efectivas para el retorno, garantías de no repetición, investigación de las agresiones y fortalecimiento de las instituciones de protección y defensa de los derechos humanos.
En este sentido, instamos a las autoridades guatemaltecas a avanzar prioritariamente en las siguientes medidas:
Establecer un mecanismo específico de atención a periodistas en el exilio. El mecanismo interinstitucional anunciado por el Ejecutivo debe incorporar una línea específica para periodistas y trabajadores de medios, con participación de organizaciones de libertad de prensa y de personas directamente afectadas. Debe permitir identificar obstáculos al retorno, coordinar respuestas institucionales y ofrecer acompañamiento jurídico, administrativo y psicosocial, tanto a quienes permanezcan fuera del país como a quienes decidan regresar.
Promover una revisión independiente y objetiva de los procesos de criminalización contra periodistas. El Ministerio Público y las instituciones competentes deben establecer procedimientos que permitan revisar, con pleno respeto a su autonomía y al debido proceso, las investigaciones y causas abiertas contra periodistas cuando existan indicios de que el derecho penal pudo haber sido utilizado como represalia por actividades periodísticas legítimas. Las denuncias manifiestamente infundadas o incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa deben recibir una respuesta pronta conforme al ordenamiento jurídico.
Establecer una ruta clara y verificable para el retorno seguro. El regreso no puede depender únicamente de una declaración general de voluntad política. Las personas exiliadas necesitan información fiable sobre su situación jurídica y mecanismos que permitan evaluar previamente posibles riesgos. El Estado debe establecer protocolos de acompañamiento para quienes deseen retornar, incluyendo medidas de protección cuando sean necesarias y garantías frente a nuevas formas de hostigamiento relacionadas con su trabajo periodístico.
Adoptar garantías de no repetición para proteger el ejercicio del periodismo. El Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente a amenazas y agresiones contra periodistas y adoptar salvaguardas frente al uso abusivo del derecho penal y de otras herramientas judiciales para obstaculizar investigaciones periodísticas. Esto requiere también capacitación de operadores de justicia sobre estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión, protección de fuentes y actividad periodística.
Fortalecer la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas. El Ministerio Público debe garantizar que la Fiscalía cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para investigar de manera diligente e independiente las amenazas, agresiones y otros delitos cometidos contra periodistas como la violencia digital y el discurso de odio. Sus investigaciones deben procurar
establecer responsabilidades tanto de los autores materiales como, cuando corresponda, de quienes hayan ordenado, promovido o coordinado estas agresiones, incluyendo aquellas que hayan contribuido al desplazamiento o exilio de periodistas.
Fortalecer la capacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos para atender casos relacionados con periodistas. La PDH debe contar con capacidades y recursos específicos para recibir denuncias, acompañar casos de periodistas en situación de riesgo o exilio y dar seguimiento a patrones de criminalización y otras vulneraciones relacionadas con el ejercicio del periodismo, así como emitir recomendaciones a las instituciones competentes.
Fortalecer la cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado debe revisar y fortalecer, cuando corresponda, su respuesta a las medidas cautelares y provisionales otorgadas en favor de personas exiliadas y dar seguimiento a las recomendaciones del Sistema Interamericano relacionadas con la protección de periodistas, la prevención de la criminalización y las garantías de no repetición.
Una responsabilidad compartida entre las instituciones del Estado
Las causas que llevaron al exilio de periodistas no pueden ser abordadas por una sola institución. Corresponde al Ejecutivo desarrollar mecanismos de protección, atención y acompañamiento; al Ministerio Público garantizar investigaciones objetivas y abstenerse de utilizar el derecho penal para restringir actividades periodísticas legítimas; al Organismo Judicial asegurar el debido proceso y el respeto a los estándares de libertad de expresión y de prensa; y al Congreso impulsar las reformas normativas necesarias para fortalecer estas garantías.
La presentación de “La verdad del exilio” y los compromisos anunciados por el presidente Arévalo ofrecen una oportunidad para comenzar a responder institucionalmente a una de las consecuencias más graves del deterioro de la libertad de prensa en Guatemala.
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a contribuir a este proceso y llamamos a las instituciones guatemaltecas a establecer, con plazos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento, una política que permita que ningún periodista tenga que abandonar nuevamente Guatemala como consecuencia del ejercicio legítimo de su profesión y que quienes se encuentran en el exilio puedan decidir libremente sobre su retorno, en condiciones de seguridad, dignidad y pleno respeto de sus derechos.
Organizaciones firmantes
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU (Honduras)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia)
Fundación Periodistas Sin Cadenas (Ecuador)
Periodista y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN (Nicaragua)
Prensa Comunitaria Km.169 (Guatemala)
Red Latinoamericana de Periodista en el Exilio (RELPEX)
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
