Durante el período se registró un aumento de las amenazas contra periodistas, varias de ellas de muerte. Aunque este tipo de intimidación no es nuevo en el país, hasta hace algunos años no constituía un fenómeno tan frecuente. El hecho más grave fue el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, un caso que puso nuevamente de relieve los riesgos que enfrentan quienes difunden información sobre asuntos sensibles. En varios episodios, incluido el de Aponte, los propios periodistas habían advertido previamente que sus vidas estaban en riesgo, sin que, según las denuncias conocidas, recibieran una respuesta estatal efectiva.
En junio, el Congreso, que concluyó funciones en julio, aprobó un informe que recomendaba iniciar acciones penales contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, por una supuesta influencia indebida sobre fiscales. El documento, elaborado por una comisión parlamentaria encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y Odebrecht y presidida por el congresista Alejandro Muñante, atribuía al periodista los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Durante años, Gorriti y su medio han investigado la red de corrupción vinculada al caso Lava Jato y a Odebrecht. Organizaciones de prensa, incluida la SIP, y más de 200 periodistas rechazaron el informe.
En julio, periodistas de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva. La misma restricción se había producido dos días antes, durante la juramentación de los senadores. Los periodistas solo pudieron seguir el acto a través de un televisor instalado en una sala contigua. La explicación ofrecida fue que no se había previsto un espacio para la prensa. No es la primera vez que el Parlamento restringe el acceso de periodistas a sus sesiones.
En agosto, el diputado de Renovación Popular Aldo Antonio Bravo Quispe propuso modificar el artículo 46 del Código Penal para establecer como agravante la apología del delito durante situaciones de crisis política o conflictos sociales cuando esta se realizara “mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión”, o cuando el emisor fuera un “líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital, influencer o persona con capacidad de convocatoria pública”. La propuesta fue retirada tras recibir diversas críticas.
Bravo también planteó incorporar el artículo 316-B al Código Penal para establecer un agravante cuando, durante períodos de crisis política o conflictos sociales, se promoviera, solicitara, alentara, justificara o legitimara el uso de artefactos explosivos o similares mediante medios de comunicación, plataformas digitales u otros actos de difusión. En ambos casos se contemplaban penas de prisión. La propuesta fue retirada después de recibir cuestionamientos, entre ellos los formulados por el Consejo de la Prensa Peruana.
Durante el período también se registraron amenazas de muerte, ataques contra periodistas y medios, nuevas querellas y decisiones judiciales relacionadas con el denominado derecho al olvido, con potenciales efectos sobre la permanencia y disponibilidad de información periodística de interés público.
Más de 60 periodistas fueron afectados por agresiones de diverso tipo durante el primer trimestre del año, en la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones generales, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. El 69% de los casos fue atribuido a candidatos y el 64% correspondió a discursos estigmatizantes, aunque también se registraron amenazas y agresiones físicas. Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, concentró el 44% de las agresiones atribuidas a partidos, seguido de Alianza para el Progreso, de César Acuña, con 18%. Lima concentró más de la mitad de los ataques, seguida de Puno, Huancayo y Chiclayo.
Durante la cobertura electoral de la primera vuelta, realizada el 12 y 13 de abril, ocho periodistas resultaron afectados. Entre los casos más destacados estuvo el de Ysrael Rivera, reportero de Radio Uno, de Tarata, Tacna, quien fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de material propagandístico de partidos políticos en zonas cercanas a centros de votación. Fue retenido durante más de una hora en un patrullero y posteriormente trasladado a una comisaría, de donde fue liberado cuatro horas después. En otros casos, se impidió la cobertura periodística en locales de votación pese a que los periodistas contaban con autorización previa.
En junio, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al diario El Comercio eliminar tres artículos publicados en 2014 que vinculaban a Lorena Yadira Bellina Schrader, entonces asesora del Ministerio de Agricultura, con la organización criminal vinculada a Rodolfo Orellana, condenado por lavado de activos. El TC acogió su pretensión vinculada al derecho al olvido, así como a los derechos a la autodeterminación informativa y al honor. El Comercio sostuvo que los artículos se habían limitado a consignar información y que, al tratarse de información lícita y veraz que posteriormente había quedado desactualizada, correspondía actualizarla y no eliminarla. Los contenidos fueron finalmente retirados de su portal. El medio planteó que la supresión debería constituir una medida excepcional y que debe procurarse un equilibrio adecuado con la libertad de información.
El 14 de junio, el periodista Ceymor Rengifo, de La Voz Ucayalina, fue detenido en una dependencia policial para un control de identidad después de realizar tomas de apoyo desde el exterior de la División de Investigación Criminal de la PNP de Ucayali. Antes de su detención, el periodista se había identificado con su DNI ante el teniente PNP Luis Miguel Pacheco Pilco, quien se encontraba vestido de civil.
El 6 de junio, la vivienda del periodista Julio Aquise, en Arequipa, fue atacada con explosivos. Aquise había presentado ante una fiscalía local pruebas sobre presuntos actos de corrupción cometidos por policías. Antes del ataque, una persona no identificada se había acercado al periodista y le había advertido: “Te gusta denunciar, ¿no? Ahora te va a ir peor”. Su abogado señaló que Aquise era víctima de seguimiento y hostigamiento desde hacía un año.
En agosto, el candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez, anunció acciones legales contra el periodista Renzo Giner, de El Comercio, y solicitó una indemnización de S/10 millones (unos US$2,95 millones). La demanda fue posteriormente declarada improcedente. Paralelamente, cuentas en redes sociales vinculadas al candidato difundieron una imagen del periodista manipulada mediante inteligencia artificial y lo acusaron, sin presentar pruebas, de haber recibido dinero a cambio de publicar una investigación. Giner había publicado en El Comercio un reportaje sobre Vásquez basado en capturas de conversaciones atribuidas al candidato y a una adolescente de 15 años, cuando él tenía 48.
Ese mismo mes, César Hildebrandt, director de la revista Hildebrandt en sus trece, y el periodista Eloy Marchán fueron querellados por el empresario argentino Damián Valenzuela por el presunto delito de difamación agravada. El semanario había publicado una investigación sobre sus antecedentes judiciales y sus vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. Valenzuela solicitó penas de prisión y una reparación civil de US$1 millón. El empresario ha señalado que los procesos seguidos en su contra han sido de carácter civil y no penal.
También en agosto, la Asociación Civil San Juan Bautista interpuso una querella por difamación agravada contra la periodista Paola Ugaz, al sostener que sus publicaciones sobre los manejos económicos de la organización contenían “afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento” que lesionaban su honra y reputación. Esta acción se suma al expediente por supuesto enriquecimiento ilícito iniciado en abril de 2023 por Luciano Revoredo, director del medio La Abeja, además de otros procesos penales promovidos en años recientes por presunta difamación agravada y lavado de activos.
El 19 de septiembre, la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, fue asesinada de un disparo en la ciudad de Caraz, en Áncash. Aponte era candidata al cargo de gobernadora regional de Áncash y, simultáneamente, conducía un espacio audiovisual de denuncias en redes sociales. Días antes del asesinato había advertido que su vida corría peligro por una denuncia sobre presunta corrupción que se disponía a revelar en su canal de YouTube. La Policía investiga el crimen como un posible caso de sicariato. También detuvo a Luis Iván Obispo Días, señalado como presunto autor material, e identificó a otros tres ciudadanos venezolanos que estarían involucrados en el crimen.
El 17 de septiembre, Kenny Yucra, periodista y fundador del medio digital La Lupa, fue amenazado de muerte. Recibió por WhatsApp videos de armas acompañados de mensajes intimidatorios, además de la dirección de su vivienda en Ica y el nombre de su hijo de un año y medio. La Lupa había realizado investigaciones sobre candidatos a distintos cargos públicos en Ica, de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre. Algunos de los candidatos investigados enfrentaban denuncias por abuso sexual y presuntos vínculos con organizaciones criminales locales. Yucra también ha sido objeto de una querella.
El 10 de septiembre, la sede del medio La Noticia Clave, en Lambayeque, fue atacada a balazos por personas desconocidas. El hecho ocurrió poco después de que Johnny Namuche, director del medio, terminara una transmisión periodística. Cuatro disparos fueron dirigidos contra las ventanas mientras varios periodistas aún se encontraban trabajando en la redacción.
En septiembre, cinco periodistas de Iquitos, Loreto, fueron querellados por la fiscal anticorrupción de Maynas, Calina Ysabel Otero Amasifuén. Los denunciados son Ángel Gabriel Rosendo Chamamé Valcárcel, director de Iquitos Informa; Abraham Rodríguez Vásquez, director de Alfa Romeo Noticias Iquitos; Delcar Róger Rosales Ramírez, director de Iquitos al Rojo Vivo; Nelson Ricardo Flores Salcedo, director de Lo que está pasando en Iquitos; y Fernando Rafael Tapia Coral, director de Semana Regional La Verdad de Loreto. La fiscal presentó las querellas después de que los cinco medios difundieran información sobre dos vehículos que adquirió en un período de menos de cinco meses, a partir de una alerta de operación sospechosa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
