Ecuador

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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La censura y persecución a los medios de comunicación, en especial los digitales, se incrementó de manera notable en estos seis meses.

Portales como FocusEcuador, Mil Hojas, Plan V y 4Pelagatos recibieron ataques informáticos. Las redes sociales también recibieron denuncias aduciendo copyright por parte de la Secretaria Nacional de Comunicación, la que logró suspender temporalmente cuentas en Twitter.

Al mismo tiempo que se divulgaron fotografías, direcciones y números de teléfonos de sus hogares, a través de las redes sociales, se generaron amenazas contra los periodistas del portal digital 4Pelagatos Roberto Aguilar, Martín Pallares, José Hernández y Gabriel González. Las amenazas se dan después de la publicación de un artículo titulado "Correa mete a su hija en el baile", que cuestiona al Presidente por utilizar al diario gubernamental El Telégrafo para difundir una serie de artículos de su hija de 18 años.

Los ciudadanos no escapan del radar oficialista. Varias cuentas de usuarios en Twitter fueron denunciadas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), por el uso "ilegítimo" de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales, conocidas como "Enlace Ciudadano". Un ejemplo son las cuentas del periodista Bernardo Abad (@babadmerchan), el articulista y politólogo Gabriel Hidalgo (@ghidaldoandrade), la abogada y activista por los derechos de la población LGBTI Silvia Buendía (@silvitabuendia) y el tuitero crítico Carlos Acosta (@caacosta1962).

La red social motivada por denuncias, bloqueó temporalmente la cuenta de la periodista Estefanía Celi (@3stef) y de Rafael Martínez (@RaficoMartinez) por comentar sobre los candidatos oficialistas.

Otro de los recursos utilizados desde el poder son las cadenas nacionales camufladas como réplicas. En estos espacios se desprestigia, acosa y persigue a periodistas, políticos y medios de comunicación. Programas como "Contacto Directo", Ecuavisa, "Los Desayunos 24", Teleamazonas, Exa Democracia, son perjudicados con estos contenidos. Janeth Hinostroza, Gonzalo Rosero, Alfredo Pinoargote y Diego Oquendo son los periodistas más criticados por el régimen.

El 19 de junio, el programa de investigación Visión 360 de Ecuavisa transmitió bajo protesta un video institucional de la estatal petrolera Petroamazonas que fue impuesto a manera de réplica durante 13 minutos. Un mes después, el medio difundió bajo protesta un video enviado por varias autoridades de la provincia amazónica de Sucumbíos, en respuesta al reportaje titulado "Miedo en la frontera".

Y por tercera ocasión contra el programa Visión 360, el gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Comunicación, ordenó una cadena en el mismo horario lo que obligó al espacio periodístico a ser transmitido en otro horario. El reportaje que les incomodo fue "Luces, Cámara, ¿Derroche?" sobre los 9 años de propagandas audiovisuales realizadas por el Gobierno y jamás exhibidas.

Desde los enlaces sabatinos del presidente Correa y del vicepresidente Glas se continúa fustigando y desprestigiando a los medios de comunicación independientes y a sus trabajadores. Correa afirmó que El Universo, El Comercio, La Hora, Expreso, Ecuavisa y Teleamazonas sirven como "caja de resonancia" para el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso (candidato a la presidencia). Aseguró que los medios quieren "volver al poder" apuntalando la campaña del político.

El gobierno utiliza como herramienta de ataque a los medios estatales.

En el diario El Telégrafo se difundieron varias notas sobre una entrevista que el periodista de Ecuavisa Alfredo Pinoargote realizó al analista chileno internacional Patricio Mery Bell. El rotativo aseguró que varios colectivos sociales presentaron una carta para exigir que Pinoargote se disculpe por supuestos comentarios "a favor" de la dictadura de Augusto Pinochet. La presión fue tal a través de las redes que el presentador tuvo que aclarar su posición en el programa.

La Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, y el Consejo de Comunicación, Cordicom, son las instancias gubernamentales desde las cuales se vigila, sanciona y amonesta a los medios de comunicación. La gestión de estos entes de control se traduce en 60 multas pecuniarias, 9 rectificaciones, 19 réplicas obligatorias, 10 disculpas obligadas, 22 amonestaciones escritas, 5 llamados de atención, procesos de reversión de frecuencias radiales y cadenas televisivas y radiales ordenadas por la Secretaría Nacional de Comunicación, Secom.

El segmento más afectado con estas 125 medidas disciplinarias fue el radial (52); le siguen la prensa (47), televisión (21), periodistas (4) y funcionarios públicos (1).

Radios como Sentimientos, Alfa Musical, Canal Juvenil, Futura, Exa Fm, fueron sancionadas con un salario básico unificado por no identificar y clasificar los contenidos de sus programas. Medios como Radio Alfa y Radio Bonita, fueron amonestados por la Supercom por no difundir un 35% de su programación contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el País; las multas fueron por valores correspondientes a diez salarios básicos unificados.

En sanciones a medios escritos, se destacó la impuesta a Diario El Universo. El rotativo publicó bajo protesta cuatro réplicas y rectificaciones impuestas los días 17 y 18 de junio por funcionarios estatales. Todas ellas llegaron a la redacción previamente diagramadas y tituladas. El periódico aseguró, en cada una de las notas impuestas, que se vio en la obligación de publicarlas para evitar nuevas multas de la Superintendencia de la Información y Comunicación que comprometen la economía del diario.

Estos pedidos fueron hechos por los funcionarios públicos Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, y Paola Hidalgo, subdirectora general de desarrollo organizacional del servicio de rentas internas.

Los directivos del rotativo tampoco se escaparon de las críticas gubernamentales, en especial las del presidente Rafael Correa. Durante el Enlace Ciudadano .No 491, el mandatario dijo "pregunten a los dueños de Diario El Universo cuando vean a los Pérez, a Hernán Pérez Loose, a toda esa gallada de El Universo, háganle yuca (gesto obsceno), insúltelos, díganle no pues tiene que aplaudirlo, hay que ser tolerantes, vamos a ver qué pasa, ya basta de tanta hipocresía". Esto en relación a la nota 'Al menos 16 casos de 'ofensas' en nueve años contra de Rafael Correa;' sobre los altercados que ha tenido Correa con ciudadanos.

Además de estas sanciones, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) resolvió terminar el contrato de concesión de la radio "Ecos del Pueblo", de la provincia Cotopaxi. La razón sería por incumplir con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Comunicación referente a la obligación de los concesionarios de frecuencias de presentar una declaración juramentada ante la autoridad de Telecomunicaciones en un plazo de 30 días a partir de la publicación de la Ley.

En estos seis meses se han destacado varios hechos que debemos resaltar.

El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió un terremoto de magnitud 7,8 grados en la escala de Richter. Los días posteriores los ecuatorianos, gracias a la labor periodística, se enteraban por los canales de televisión, periódicos y radios cómo ayudar a sus hermanos. Pero la regulación estatal es tal que Diario El Mercurio, de la ciudad de Cuenca, fue sancionado el 13 de mayo con una amonestación escrita por parte de la Intendencia de la Información y Comunicación Zonal 6 por considerar que el periódico fue responsable de publicar un titular que no correspondía a la realidad. La nota titulada: "Gente pide agua; Correa sube el IVA", referente a los hechos ocurridos tras el sismo, apareció en portada en la edición del 21 de abril y fue motivo de denuncia de los ciudadanos Alexandra Toledo, Omar Zárate, Marcelo Gómez y Diego Lucero, después de que en redes sociales varios ministros descalificaran al periódico por dicha publicación.

Tras esto, el Superintendente Carlos Ochoa justificó la sanción contra El Mercurio y negó que exista una "confabulación" para acumular sanciones contra ese medio. En ese sentido, aseguró que se trató de una denuncia ciudadana y no de oficio.

Cada vez es más riesgoso realizar periodismo de investigación. Un ejemplo de esto fue lo que pasó el 8 de agosto de 2016. Luego de que el presidente Rafael Correa sugiriera, en el enlace 487 realizado el 6 de agosto, que a Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza se le debía sancionar por linchamiento mediático, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) emitió una doble sanción dos días después. La razón fue cuestionar una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Se trata de una amonestación escrita en contra de Teleamazonas por linchamiento mediático y a la periodista que conduce un espacio matutino de entrevistas y opinión, la Supercom la sancionó por "incumplir" con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC.

El 10 de junio de 2016, el periodista Xavier Bustamante Ruiz de Canal Uno fue víctima de actos de intimidación por parte de supuestos trabajadores de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), tras la publicación de dos reportajes en los que se exponía videos de la actuación "inusual" de dos agentes. Los actos intimidatorios consistieron en la publicación, a través de Facebook, de las fotos, número de teléfono y la dirección de la casa del periodista en la ciudad de Guayaquil.

Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron una denuncia penal en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por alterar una transitoria de la Ley de Comunicación, función que solo le compete a la Asamblea Nacional. Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300.000 textos de bolsillo. El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional.

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo, desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas sumarían más de USD 40.000.

En cambio, el 30 de agosto de 2016, a empujones la policía retiró a los periodistas que cubrían el desalojo a miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Quito. Al menos dos periodistas y un camarógrafo fueron víctimas de agresiones físicas por parte de los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). La agresión más fuerte ocurrió contra el periodista del portal EcuadorLIbreRed, Xavier Andocilla.

Los ataques contra medios de comunicación y periodistas ecuatorianos también se emiten desde el exterior. La cadena Telesur denunció la vinculación de militares retirados, políticos y periodistas de Ecuador con presuntos planes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa.

Según Telesur, los ecuatorianos al servicio de la CIA serían el periodista Emilio Palacio, asilado en Estados Unidos; César Ricaurte, director de Fundamedios, organización que continuamente denuncia violaciones de la libertad de expresión; el sindicalista Fernando Villavicencio, y la activista Karen Hollihgan.

En abril, tras la divulgación de documentos de la empresa panameña Mossak Fonseca por parte del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), el presidente Correa, a través de sus cuentas en redes sociales, expuso los nombres, medios y cuentas de Twitter de cada uno de los seis periodistas que, desde Ecuador, aportaron en la investigación. El mandatario también animó a sus partidarios para que envíen mensajes a los periodistas. "A exigirles toda la verdad", señaló.

En varios Enlaces Ciudadanos, el jefe de Estado afirmó que en dicha indagación se ocultó información sobre propietarios de medios de comunicación y empresarios críticos con su gobierno que tendrían empresas offshores en paraísos fiscales.

Desde el oficialismo, se aseguró que 30 mil millones de dólares de Ecuador estarían en paraísos fiscales de los cuales serían propietarios 280 personas; así lo indicó el asambleísta Fausto Cayambe.

El legislador citó el ejemplo de Jaime Mantilla, ex propietario del desaparecido rotativo capitalino HOY, y ex presidente de la SIP. Aseguró que tenia inversiones en seis empresas de Panamá, a donde había enviado fondos de la empresa editora de Diario HOY para perjudicar a los ex empleados de la empresa que fue liquidada de oficio por orden de la superintendencia de compañías hace mas de dos años.

Ante un airado reclamo por parte de Mantilla, varios medios reprodujeron su replica en la que retaba a los funcionarios a probar lo afirmado. Los funcionarios, cubiertos por su inmunidad parlamentaria, guardaron total silencio sin probar la acusación.

Una de las denuncias importantes fue que el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, posee una empresa en Panama Papers que no consta en su declaración patrimonial. Sigue en su cargo.

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