Venezuela I

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Reunión de Medio Año
Antigua Guatemala, Guatemala
31 de marzo - 3 de abril de 2017
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CONSIDERANDO que la situación política se ha venido agravando a pasos agigantados desde las elecciones de fines de 2015, comprometiendo valores democráticos esenciales como la división de poderes, la autonomía del Poder Legislativo, la independencia de la Justicia o el ejercicio de derechos civiles básicos, como la libertad de expresión, el derecho al disenso o el derecho de peticionar a las autoridades, entre muchos otros

CONSIDERANDO que en los últimos días ese proceso ha alcanzado un pico de gravedad inusitada con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de hacerse de funciones que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Nacional, de desconocer la inmunidad parlamentaria de los diputados que componen dicho organismo, y de encargarle al presidente Nicolás Maduro la tarea de gobernar a través de decretos, mediante un régimen de excepción

CONSIDERANDO que este nuevo capítulo en el deterioro institucional ha recibido fuertes condenas de diversos países del mundo, que han descripto el mencionado episodio como una clara ruptura del orden institucional y lo han considerado un "autogolpe" de Estado por parte del gobierno de Maduro

CONSIDERANDO que esta alteración de la división de poderes que caracteriza al orden democrático tiene un impacto directo sobre el ejercicio de la libertad de expresión, ya que no sólo profundiza el avance estatal sobre la oposición política -al permitir el encarcelamiento de miembros de la Asamblea Nacional-, sino que extiende esta amenaza a cualquier crítica u opinión que moleste al Poder Ejecutivo, provenga de quien provenga

CONSIDERANDO que la criminalización de la protesta social y del ejercicio de la libre expresión vienen acumulando ominosas estadísticas, con un número de presos políticos en franco aumento, periodistas detenidos sin el debido proceso y hechos de violencia cotidianos contra trabajadores de medios de comunicación

CONSIDERANDO que si bien con posterioridad a la decisión del Tribunal Supremo, y a raíz de las fuertes condenas internacionales, el gobierno de Maduro se vio forzado a pedir la rectificación de la medida, el precedente configura una clara demostración del férreo control político que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y la intención de ambos de anular cualquier tipo de auditoría o participación del Legislativo, lo que violenta no sólo la división de poderes sino las garantías mínimas de los ciudadanos en un Estado de Derecho, además de vulnerar los principios de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec en su primer principio establece que: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

Expresar su condena a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tomadas a instancias del Poder Ejecutivo, de avanzar sobre funciones e inmunidades de la Asamblea Nacional

Instar a los países del hemisferio a manifestarse de manera firme y contundente contra este y cualquier otro intento de agravar la situación institucional y seguir comprometiendo el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, civiles y sociales

Monitorear de modo urgente y particular la profundización del deterioro de las condiciones para el trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión, e invitar a otras organizaciones globales a trabajar en estrategias conjuntas para defender la labor de la prensa en este contexto

Invitar a todos los periodistas y medios de comunicación de las Américas, y en particular a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, a mantener una atenta cobertura sobre el debilitamiento del régimen democrático en el país, de modo de que los ciudadanos del continente puedan conocer con claridad la situación

Instar a las organizaciones internacionales, tanto de carácter pluriestatal como de la sociedad civil, a dar las respuestas necesarias y activar los mecanismos pertinentes tendientes a garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos políticos y la plena vigencia de las libertades civiles, en particular el derecho a la libre expresión.

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