En este periodo, el asesinato de cuatro periodistas evidenció el grave incremento de la violencia contra el ejercicio de la libertad de prensa. También se registraron amenazas y actos de intimidación, particularmente en las regiones y contra quienes informan sobre corrupción, orden público, criminalidad y presencia de grupos armados ilegales.
En mayo fue asesinado Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, de Yarumal, Antioquia. El periodista desapareció mientras realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Pérez Rueda cubría asuntos relacionados con corrupción y bandas delincuenciales.
Cristian Herrera, reconocido por sus investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, fue víctima de un ataque armado de sicarios, en un homicidio ocurrido en junio, en Cúcuta, Norte de Santander. Desde 2019 se desempeñaba como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en ese departamento y, desde 2025, integraba su Consejo Directivo. Pocos días después tres presuntos responsables fueron detenidos y judicializados por la fiscalía.
En julio y octubre, dos reporteros comunitarios también fueron asesinados. En julio, Jader Durango, locutor, líder social y promotor de procesos juveniles, fue hallado muerto en una carretera de Tierralta, Córdoba, región donde grupos criminales se disputan el control de las economías ilícitas. El 2 de octubre fue encontrado sin vida Julián Hincapié, líder y periodista comunitario de Anorí, Antioquia. Había sido reportado como desaparecido tres semanas antes. En ambos casos se desconocen los móviles.
Las amenazas contra periodistas también continúan siendo recurrentes y se concentran especialmente en las regiones. En Apartadó, Antioquia, cuatro periodistas fueron amenazados por personas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, quienes les exigieron detener publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad de ese municipio. Entre enero y el 1 de agosto de 2026, la FLIP registró 45 casos de agresiones contra periodistas en Antioquia, lo que convirtió a este departamento en el de mayor número de casos durante ese período.
En Maicao, La Guajira, la periodista Claudia Sierra Torres, de la emisora Avance Estéreo, recibió amenazas de muerte presuntamente provenientes de personas que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los agresores pretendían que la emisora difundiera mensajes que reafirmaran el control territorial del grupo y, ante la negativa de la periodista, la intimidaron como represalia.
También fueron amenazados Laura Sofía Mejía y Víctor Galeano, cofundadores y directores de Baudó Agencia Pública. En Puerto López, Meta, los periodistas José Reyes y Apolinar Beltrán fueron declarados objetivo militar y recibieron la orden de abandonar el municipio.
A estos hechos se sumaron amenazas contra trabajadores y colaboradores del Sistema de Medios Públicos. Inravisión denunció ataques digitales, amenazas y una campaña de desinformación dirigida contra la entidad y sus trabajadores.
Estos casos evidencian la persistencia de la violencia como mecanismo para intimidar y silenciar a la prensa, especialmente en las regiones.
En materia de protección, persisten preocupaciones sobre la capacidad de respuesta estatal frente a las amenazas contra periodistas. La FLIP denunció dilaciones de la Unidad Nacional de Protección en el cumplimiento de medidas ordenadas en favor del periodista Daniel Silva. Además, tras el asesinato de Cristian Herrera, cuestionó la posibilidad de retirar el esquema de seguridad asignado a su familia.
A ello se suman las dificultades para obtener verdad y justicia frente a asesinatos de periodistas ocurridos en años anteriores.
En ese sentido, el 5 de mayo, la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No. 0-0119, mediante la cual busca priorizar los casos en los que periodistas y trabajadores de medios de comunicación sean víctimas de delitos relacionados con su ejercicio informativo. La medida fue adoptada como consecuencia del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 23 de abril de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, caso que la SIP y la FLIP acompañan ante la Comisión en representación de los familiares de las víctimas.
Los lineamientos de la resolución establecen directrices obligatorias para que los fiscales a nivel nacional investiguen los delitos cometidos contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios. Además, ordenan examinar los hechos desde dos perspectivas simultáneas: la agresión directa contra el periodista —homicidio, amenazas o lesiones— y los hechos o investigaciones que la propia víctima realizaba en el ejercicio de su labor periodística. También buscan determinar si el ataque funcionó como mecanismo de silenciamiento, represalia, censura o protección de intereses ilícitos, evitando que los crímenes sean investigados de forma aislada.
El proceso electoral de 2026, en el que se eligieron a los representantes en el Congreso y al presidente, también estuvo marcado por un incremento significativo de las agresiones contra la prensa. Entre el 1 de enero y el 23 de junio, la FLIP registró 79 agresiones relacionadas con el cubrimiento de asuntos electorales, frente a 46 documentadas durante todo el proceso electoral de 2022.
Durante las jornadas electorales se registraron amenazas, agresiones y obstrucciones al trabajo periodístico, así como actos de estigmatización que afectaron las condiciones para que los periodistas pudieran realizar su labor sin temor a represalias.
Al cierre del período presidencial de Gustavo Petro se destacó la consolidación de una estrategia de comunicación en redes sociales para descalificar a la prensa que reveló supuestos casos de corrupción durante su gobierno. Esta estrategia, secundada por varios de sus funcionarios y miembros de su bancada legislativa, estuvo acompañada de un discurso antagonista contra los medios de comunicación y de reiterados episodios de estigmatización contra periodistas durante su mandato.
Tras el relevo en la Presidencia, el 7 de agosto, la FLIP junto a un grupo de organizaciones, incluyendo la SIP, hicieron un llamado al nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para evitar que se prolonguen los problemas acumulados en años anteriores, garantizar las condiciones para el ejercicio del periodismo mediante medidas y adoptar medidas que refuercen la seguridad de los periodistas, el libre ejercicio de la profesión, la independencia editorial y el acceso a la información.
Al mismo tiempo, se conocieron graves denuncias de acoso sexual laboral de mujeres periodistas contra reconocidos reporteros, directivos y presentadores de medios de comunicación. Estos casos dieron lugar a investigaciones formales en la Fiscalía, a la salida de algunos de los señalados de sus cargos y a la revisión de protocolos internos en las salas de redacción para corregir deficiencias y mejorar las rutas destinadas a escuchar a las víctimas y sancionar una práctica que debe ser investigada y, cuando corresponda, sancionada sin dilaciones.
Por otro lado, se puso en marcha el Fondo “No es Hora de Callar”, creado para fortalecer las medidas de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género. Su lanzamiento constituye un avance en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección de las mujeres periodistas y en la implementación de medidas que atiendan los riesgos específicos que enfrentan en el ejercicio de su profesión.
También tuvo especial relevancia un pronunciamiento judicial sobre la estigmatización de periodistas por parte del presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional determinó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales de varias mujeres periodistas al referirse a ellas como “muñecas de la mafia” y le ordenó retractarse, ofrecer excusas públicas y abstenerse de realizar expresiones discriminatorias en su contra. El fallo constituye un precedente relevante al advertir sobre los riesgos que los discursos estigmatizantes provenientes de las más altas autoridades del Estado pueden generar para la labor periodística y para el ejercicio de la libertad de prensa.
En materia regulatoria, continúa en la agenda de la Comisión de Regulación de Comunicaciones la expedición de la regulación sobre pluralismo informativo, prevista para este año. Como se señaló en el informe anterior, esta iniciativa genera preocupación por la eventual fijación de estándares regulatorios sobre imparcialidad y pluralismo de los contenidos informativos.
Desde el ámbito legislativo también avanzan iniciativas que podrían tener consecuencias relevantes para el ejercicio de la libertad de prensa. Actualmente se encuentran en trámite dos proyectos de ley destinados a modificar el régimen penal de los delitos de injuria y calumnia. Una de las propuestas contempla la imposición de sanciones económicas incluso cuando se produzca una retractación, mientras que la otra plantea eliminar la retractación como eximente de responsabilidad penal e incorporar nuevas obligaciones vinculadas con la difusión de contenidos de carácter acusatorio en entornos digitales.
De aprobarse en los términos planteados, estas reformas podrían ampliar los riesgos legales asociados a la investigación y difusión de información sobre asuntos de interés público y generar un efecto inhibitorio sobre periodistas y medios de comunicación. El endurecimiento de las consecuencias derivadas de los delitos de injuria y calumnia, así como la imposición de nuevas responsabilidades sobre la publicación de contenidos informativos, podrían favorecer mecanismos de censura indirecta y desalentar investigaciones, denuncias y coberturas periodísticas sobre cuestiones de evidente relevancia pública.
