El periodo estuvo marcado por la persistente la violencia contra periodistas, así como por amenazas, agresiones, procesos judiciales y medidas regulatorias que afectaron las condiciones para ejercer la libertad de expresión. También se registraron desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones para retirar o limitar información.
Entre los casos más graves se encuentran los de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, cuyo homicidio ocurrió también en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla. En algunos de estos casos existían amenazas previas o publicaciones relacionadas con asuntos sensibles. La SIP, el CPJ y RSF reclamaron investigaciones exhaustivas y que no se descartara la actividad periodística como posible móvil. Se registraron otros tres asesinatos que, según informes de prensa disponibles al momento de este informe, no presentan indicios ni evidencias de vínculos con el trabajo periodístico de las víctimas.
La violencia no se limitó a los homicidios. También se documentaron amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes sociales, agresiones durante coberturas y presiones para retirar materiales periodísticos. Destacó el caso de dos periodistas que, según la denuncia recopilada, fueron obligados por efectivos de la Secretaría de Marina a borrar imágenes y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo en Tamaulipas. En Chiapas y Oaxaca, periodistas incorporados al Mecanismo de Protección señalaron que las medidas existentes no eliminaban los riesgos derivados de sus coberturas. En septiembre se sumaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y la agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México.
Otro foco de preocupación fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística. El caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde la denominada “Ley Serrano”, relacionada con el uso de inteligencia artificial, derivó en procesos contra periodistas. Organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación.
A ello se sumó la discusión sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Organizaciones periodísticas, académicos y otros actores expresaron preocupación por la posibilidad de que algunas disposiciones afectaran la libertad editorial o generaran autocensura, particularmente si autoridades administrativas pudieran intervenir en contenidos periodísticos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de censura y defendió la regulación como una vía para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos fueron aprobados el 26 de agosto, aunque el reporte señala que permanecieron cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión y sobre los mecanismos de supervisión.
Días más tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar sus lineamientos de monitoreo de medios y anuló la denominada “variable 14”, dirigida a registrar y clasificar los “mecanismos discursivos indirectos de descalificasión”, incluidas expresiones de ironía o sarcasmo de comunicadores hacia precandidatos y candidatos. El tribunal consideró que su aplicación subjetiva podía afectar el ejercicio periodístico y generar un efecto inhibitorio sobre la cobertura de los medios.
La relación entre el gobierno federal y algunos medios también estuvo marcada por confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital. El conflicto entre la Presidencia y TV Azteca generó acusaciones cruzadas de censura. Posteriormente, la Consejería Jurídica de la Presidencia puso en marcha el espacio “Derecho de Réplica” y, en agosto, presentó un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital” que incluía listas de periodistas, comentaristas y analistas. Organizaciones como Artículo 19 y la Alianza de Medios MX cuestionaron la metodología y señalaron posibles efectos intimidatorios. El gobierno sostuvo que se trataba de un análisis sobre la dinámica de las redes sociales y negó que tuviera como finalidad estigmatizar a periodistas.
Frente a este escenario, se produjeron acciones institucionales para fortalecer la protección y la investigación de los delitos contra periodistas. La SIP y el CPJ sostuvieron reuniones con la Suprema Corte, la FGR y la FEADLE, y plantearon la necesidad de mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los crímenes contra periodistas. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales continuaron señalando la impunidad como uno de los principales factores de riesgo. RSF ubicó a México en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 y en el 160 en el indicador de seguridad.
