Durante el periodo, la libertad de prensa se mantuvo sometida a un esquema de censura estructural y persecución sistemática del periodismo independiente. La disminución de las agresiones físicas en la vía pública no refleja una mejora de las garantías, sino la práctica desaparición del periodismo de campo dentro del país, donde quienes continúan informando deben hacerlo de manera clandestina o bajo vigilancia constante.
Desde 2018, más de 300 periodistas y trabajadores de medios se han exiliado, mientras que solo en 2025 al menos 58 comunicadores abandonaron la profesión debido a la precariedad económica, el desempleo, el cierre de espacios informativos y el riesgo de represión. Como consecuencia, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) identifica 11 departamentos —el 65% del territorio nacional— como “zonas de silencio informativo”, aunque los esfuerzos de medios y periodistas en el exilio siguen manteniendo informada a la población. El país, además, no cuenta actualmente con periódicos impresos en circulación.
Ante la casi desaparición del periodismo de calle, la presión estatal se ha desplazado hacia el ámbito digital y hacia mecanismos administrativos y legales. En abril, el gobierno, a través de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), eliminó los dominios .com.ni de medios como La Prensa, Onda Local y 100% Noticias. En mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenó el cierre de Radio Stereo Romance y confiscó sus equipos, alegando incumplimientos técnicos. La FLED registró 28 agresiones digitales entre abril y junio de 2025 —el 70% de los casos documentados durante ese periodo— y 44 durante el primer trimestre de 2026. Estas acciones incluyen campañas de difamación, divulgación de datos personales (doxxeo) y amenazas contra periodistas y sus familias, impulsadas por redes de troles y perfiles afines al oficialismo.
El marco legal continúa siendo utilizado como instrumento de intimidación. Las reformas de 2024 a la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) y al Código Penal incorporaron conceptos ambiguos vinculados con la “seguridad nacional”, la “soberanía” y la “estabilidad del Estado”, que permiten restringir la divulgación de información considerada no autorizada. En 2026 también se impulsó una reforma constitucional para elevar a rango constitucional restricciones aplicables a personas calificadas oficialmente como “golpistas” o “traidoras a la patria”. A ello se suma el marco restrictivo impuesto a las organizaciones de la sociedad civil y al financiamiento internacional, que afecta la sostenibilidad de proyectos informativos.
El derecho de acceso a la información pública permanece prácticamente inoperante para los periodistas independientes. Aunque la Ley 621 no ha incorporado nuevas excepciones formales, en la práctica el acceso a información de las instituciones estatales es inexistente. El modelo de comunicación gubernamental centraliza la vocería oficial y excluye a los medios independientes, mientras que los dos medios estatales existentes funcionan como instrumentos de propaganda gubernamental.
Asimismo, se ha incrementado el uso de restricciones judiciales, como el secreto de sumario, para impedir la cobertura de investigaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público. Según las denuncias recogidas, el sistema judicial actúa de forma coordinada con el Poder Ejecutivo para restringir el escrutinio público e intimidar a las fuentes informativas.
La persecución también alcanza a periodistas retirados. Al menos 20 periodistas alejados de la profesión permanecen bajo vigilancia, con presencia policial frente a sus viviendas y la obligación de presentarse periódicamente en delegaciones policiales, donde son interrogados y presionados para identificar a comunicadores que colaboran desde el país con medios independientes en el exilio. La FLED también documentó intentos de reclutamiento de periodistas como informantes estatales. La Policía Nacional y otros agentes estatales son señalados como los principales responsables de estas prácticas, que incluyen seguimiento, restricciones de movilidad, decomiso de dispositivos e interrogatorios.
La combinación de persecución, exilio, precariedad y cierre de medios ha debilitado gravemente el ecosistema informativo. La censura indirecta también opera mediante la distribución discrecional de la publicidad estatal, concentrada en medios vinculados al partido de gobierno y a la familia gobernante, mientras los medios independientes quedan excluidos. Este mecanismo constituye una forma de censura indirecta contraria al principio 7 de la Declaración de Chapultepec. La reproducción no autorizada de contenidos y las restricciones al financiamiento de organizaciones agravan, además, la situación económica del sector.
En este contexto, Nicaragua carece de un mecanismo estatal específico y operativo para proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación. La impunidad frente a las agresiones y los crímenes contra la prensa continúa siendo crítica. El asesinato del periodista Ángel Gahona, ocurrido en abril de 2018, permanece sin sanción para sus autores materiales e intelectuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han advertido sobre el efecto inhibitorio de la persecución policial, judicial y familiar, que favorece la autocensura incluso entre periodistas exiliados ante el temor de represalias transnacionales.
