Miami (7 de febrero de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó públicamente a la Suprema Corte de Justicia de México respetar el derecho de los ciudadanos a expresarse públicamente a través de los medios de comunicación, en un proceso de revisión del artículo 41 de la Constitución nacional aprobado en 2007 que solo faculta a una entidad oficial la contratación de mensajes políticos en los medios de comunicación.
La reforma electoral aprobada por el Congreso en 2007, volvió a la polémica pública después de que un grupo de 15 intelectuales y personalidades prominentes del país, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de México un amparo en contra de su artículo 41, por el que se prohíbe a particulares contratar espacios de propaganda electoral en radio y televisión, y para lo que se le dio exclusividad de la comunicación política al oficial Instituto Federal Electoral (IFE).
Los magistrados de la Corte Suprema debían decidir si las reformas a la Carta Magna pueden ser impugnadas mediante un juicio de amparo, pero la votación celebrada el pasado 31 de enero concluyó con un empate entre 10 ministros. Se espera un desenlace apenas sea completada una de las vacantes del máximo tribunal.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, insistió en que “la Corte debería tener en cuenta nuestra posición de entonces, cuando también reclamamos al Congreso de la Unión que la reforma erauna limitante a la libertad de expresión en cuanto se prohibía a personas o instituciones públicas y privadas contratar o difundir mensajes en radio y televisión”.
Marroquín, presidente del diario guatemalteco Siglo 21, dijo que en su momento, tanto como ahora, “entendimos que había demasiada ambigüedad en la normas y que finalmente se estaría influyendo en las preferencias de los electores, y legislando en detrimento del derecho del público a expresarse libremente a través de los medios de comunicación”.
El co presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, del semanario uruguayo, Búsqueda, agregó que la norma actual contraviene garantías constitucionales sobre libertad de expresión y derecho a la información, además de tratados internacionales suscriptos en materia de libertad de expresión por el estado mexicano.
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FUENTE: nota.texto7
