COSTA RICA

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 3 de mayo, la vigencia de una vetusta Ley de Imprenta que castiga con cárcel la injuria y la calumnia. La ley data de 1902 y solo es aplicable a los medios impresos; únicos existentes a la fecha de su promulgación. Los medios electrónicos se rigen por el Código Penal de 1970, que castiga los mismos delitos solo con días multa. En marzo, dos diputados introdujeron a la corriente legislativa un proyecto de ley que revive el requisito de la información veraz, contrario a la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana en 1985. El proyecto también confisca el 20 por ciento del espacio de los medios para que la ciudadanía se exprese “libremente”, obliga a los medios a vender parte de su espacio a terceros para que publiquen lo que gusten por periodos contractuales de cinco años, castiga con cárcel el incumplimiento del derecho de respuesta y lo amplía a cualquier respuesta, independientemente de que haya o no inexactitud o agravio. Tras la protesta de organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, uno de los dos diputados gestionó el retiro del proyecto, pero la iniciativa no prosperó porque el segundo legislador se negó a sumarse a la petición de retiro. El 6 de julio se publicó en el diario oficial La Gaceta un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que el derecho de rectificación y respuesta también pueda ser ejercido por personas que se sientan afectadas por artículos de opinión. El ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, involucrado en los escándalos que sacudieron al país en el 2004, presentó un recurso de amparo contra el fiscal Francisco Dall´Anese para reclamar supuestas fugas de información del Ministerio Público a la prensa. El magistrado instructor del recurso, Ernesto Jinesta, decidió, sin petición de parte, “ampliar el curso del proceso” para incluir a los directores de los medios de comunicación que publicaron las informaciones supuestamente filtradas desde la Fiscalía. Para justificar su proceder, el Magistrado señala, en resolución del 23 de junio, que Rodríguez no solo acusa la supuesta filtración de informes, sino también “… un eventual juicio paralelo de prensa o mediático en el que considera participaron varios medios de comunicación colectiva…”. En consecuencia, pidió a los directores de esos medios “rendir informe sobre lo aducido por el recurrente”. Las acciones del Magistrado amenazan el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes y la inusitada investigación del “juicio mediático” permitiría la intromisión judicial en las decisiones editoriales. La administración pública obstaculiza el libre acceso a la información garantizado por la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. La Sala Constitucional ha sentado vasta jurisprudencia sobre la necesidad de respetar este derecho básico, pero el trámite de los recursos de amparo es lento frente a las exigencias del periodismo. Las oficinas de prensa y los encargados de imagen se constituyen en barreras entre la prensa y los funcionarios, quienes evitan dar declaraciones. Además, las instituciones públicas adoptan políticas para impedir que los funcionarios hablen con la prensa y designan a un reducido grupo de “voceros” para hablar con los periodistas. Los juicios por los homicidios de los periodistas Parmenio Medina e Ivania Mora progresan normalmente. Ambos están en etapa de debate oral y público. Por la complejidad de ambos procesos y la cantidad de pruebas a evacuar, se espera que las sentencias aún tarden varios meses.

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