MÉXICO

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La libertad de prensa es restringida en diversas regiones del país donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal, o incluso los agreden físicamente. El crimen organizado sigue reclamando vidas y conciencias entre el gremio periodístico. El narcotráfico representa el mayor desafío para la vigencia del estado de derecho. En lo que va del año se han registrado 1,600 ejecuciones ligadas al crimen organizado con niveles de brutalidad nunca vistos en el país. La tarea periodística particularmente en la zona de frontera con los Estados Unidos se ha vuelto cada día más peligroso. Muchos periodistas viven amordazados y amenazados. El narcotráfico ha corrompido a policías locales, estatales y federales; a alcaldes, jueces, maestros y sacerdotes, incluso a conductores de taxis y a empleados de hoteles. Sería ingenuo asegurar que no ha cooptado también a periodistas, a veces bajo amagos de atentar contra ellos y sus familias si no aceptan entrar a las listas de los sobornos. En este período dos periodistas fueron asesinados y otro permanece desaparecido. El 10 de agosto fue encontrado sin vida y con huellas de tortura, el cuerpo de Enrique Perea Quintanilla, propietario de la revista Dos Caras en el estado norteño de Chihuahua. Las autoridades locales determinaron que el crimen fue ejecutado por narcotraficantes presuntamente por miembros de los carteles del Golfo y el de Juárez debido a denuncias del periodista sobre presuntas ligas del crimen organizado con funcionarios municipales. El caso fue atraído por la Procuraduría General de la República. Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio EXA 95.7 FM, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado el 10 de marzo cuando salía de su domicilio y abordaba su automóvil. Era conductor de un programa de radio y director del Centro de Control Comando y Cómputo C- 4, un servicio de emergencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario Zócalo de la población fronteriza de Monclova, en Coahuila, fue aparentemente secuestrado y desaparecido desde el 8 de julio, tras publicar diversos trabajos sobre bandas ligadas a la prostitución y corrupción en penales de la zona. El gobierno creó una Fiscalía especial para atender delitos cometidos contra periodistas. Su titular, David Vega Vera, presentó en mayo un reporte según el cual desde 1982, 53 informadores y columnistas mexicanos han sido asesinados por causas ligadas a su oficio. Desde el 2000 el número de asesinados es 23, entre ellos tres colegas desaparecidos. Destacó casos de abuso de autoridad, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, difamación, lesiones, daño en propiedad ajena, robo, coalición de servidores públicos, intimidación, tráfico de influencias, delitos contra la administración de justicia, calumnia, ejercicio indebido del servicio público y privación ilegal de la libertad, además de violación a garantías, entre los agravios cometidos contra periodistas, sobre los cuales ha recibido más de 80 denuncias desde que la Fiscalía fue creada en marzo. En abril pasado, más de 100 periódicos mexicanos y diversos diarios hispanos en Estados Unidos, publicaron el primer informe sobre el caso de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo, producido por el “Proyecto Fénix”, que busca integrar a reporteros de varias casas editoriales para profundizar en las investigaciones que realizaban los periodistas en el momento de ser asesinados. El clima de tensión política en diversos puntos del país, y muy especialmente en el estado de Oaxaca, han generado agresiones físicas y amenazas, como ocurrió en días pasados con el periodista de radio y televisión Ricardo Rocha, golpeado por activistas de la denominada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. Asimismo, estaciones de radio locales han sido ocupadas por manifestantes, presionando a sus operadores a trasmitir diversas emisiones. Los principales hechos en este período son los siguientes: Fue aprobada por el Congreso federal y decretada por el Ejecutivo, la ley que protege el secreto profesional del periodista. La propia disposición establece que no busca otorgar un fuero a los comunicadores, sino preservar el derecho ciudadano de difundir y recabar información. Una ley más, que despenaliza los delitos de prensa para ubicarlos solamente en el ámbito de la legislación civil, fue aprobada el 18 de abril por la Cámara de Diputados y aguarda la respectiva votación en la de Senadores. El 9 de agosto en la ciudad de Oaxaca, dos hombres dispararon sobre trabajadores y voceadores del periódico Noticias. Resultaron heridos los voceadores Adrián Cervantes en el cráneo e Isabel Reyes Cruz en el pecho, así como la empleada Isabel Calvo Jiménez y el distribuidor del diario Miguel Ángel Altamirano Zárate. Se trata de un episodio más en una escalada de agresiones iniciada desde el año pasado contra ese diario y sus directivos, que encabeza Ericel Gómez Nucamendi. En todos los casos, Noticias ha señalado a autoridades estatales como responsables de estos ataques, entre ellos al gobernador del estado Ulises Ruiz y al ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, este último acusado de ordenar un asalto con policías vestidos de civil el 17 de junio de 2004 contra las oficinas del diario en las que permanecieron 31 empleados aislados y desalojados de manera violenta un día después argumentando una huelga contra la empresa. La casa editorial de los periódicos Por Esto! y Que Quintana Roo se entere, fue atacada en tres ocasiones en instalaciones de sus diarios en Cancún, Quintana Roo, y en Mérida, Yucatán, resultando cuatro personas lesionadas en ambos incidentes. Las agresiones en todos los casos se llevaron a cabo con granadas de mano lanzadas contra las sedes de los diarios, en dos casos el 23 de agosto, en Cancún, y el segundo a inicios de septiembre, en Mérida. Las autoridades dijeron estar investigando vínculos del crimen organizado con las tres agresiones. El subdirector de Por Esto! Miguel Menéndez Cámara, denunció que el ataque fue obra de las "redes de la delincuencia y el crimen organizado" que son "encubiertas" por autoridades estatales y federales. El 17 de mayo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum) en Guerrero, envió una recomendación a la procuraduría de Justicia de Guerrero sobre anomalías cometidas por el ex gobernador René Juárez Cisneros (1999-2005) así como funcionarios de su administración en relación a la desaparición y posible homicidio del periodista Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista regional Mundo Político, secuestrado el 22 de mayo de 2004, cuando investigaba el desvío de recursos del erario estatal. El 31 de mayo, la SIP solicitó al presidente Vicente Fox su intervención para que se acelere el proceso de investigación en torno a la muerte del periodista Francisco Ortiz Franco. Ortiz Franco, era editor del semanario Zeta de Tijuana, Baja California, siendo asesinado a balazos frente a sus dos hijos el 22 de junio de 2004 después de publicar la identidad de 71 miembros del Cártel de la droga de los hermanos Arellano Félix. El principal sospechoso del crimen fue ejecutado por el propio Cártel. La investigación del hecho no avanza, pese a estar ahora a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especial de Delincuencia Organizada, dependiente de la PGR. El 21 de junio, en la ciudad de Mérida, Yucatán, desconocidos lanzaron bombas molotov a la casa de Manuel Acuña López, reportero del periódico Por Esto!, y provocaron un incendio que destruyó su vehículo y causó daños materiales a la construcción, sin provocar lesiones los habitantes. El reportero responsabilizó del ataque al gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, y aseguró que días antes había recibido advertencias del gobierno estatal por publicar información denunciando actos de corrupción. En septiembre, el periódico El Imparcial de Hermosillo informó haber recibido una demanda penal por parte del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por publicaciones relativas a la renuencia de la administración local para revelar el destino de fondos públicos, a lo que está obligado por la ley estatal de transparencia. El caso de los abusos cometidos contra la periodista Lydia Cacho por autoridades del estado de Puebla sigue generando hechos de agravio. La procuradora de Justicia del estado, Blanca Laura Villena Martínez, consideró “una fábula” la denuncia de la escritora y periodista de haber sido incomunicada y privada de alimentos y medicinas al ser detenida en Cancún, Quintana Roo, en diciembre del 2005, y trasladada a Puebla acusada de difamación y calumnias por un empresario textil. Cacho es autora del libro Los demonios del Edén en el que trata casos de pederastia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el robo perpetrado en sus oficinas del Distrito Federal, de una computadora con información sobre el caso de la periodista y un episodio de tortura policial. El robo del equipo de cómputo se cometió el 10 de agosto, por cuatro hombres que se hicieron pasar por empleados de una empresa de mantenimiento. El 20 de abril, en el estado de Michoacán, el periodista Rafael Rivera Millán, del diario El Universal, denunció estar recibiendo amenazas por activistas sindicales mineros en Lázaro Cárdenas, por la cobertura que realizó del conflicto laboral del sindicato con empresas acereras y que llevó a las autoridades locales a un intento de desalojo que dejó dos obreros muertos. El 10 de mayo, el periodista Oscar Mario Beteta de Radio Fórmula denunció que recibió amenazas telefónicas de muerte para él y su familia por parte de sicarios que operan en el estado de Tamaulipas, debido a sus comentarios en contra de uno de los candidatos presidenciales para las elecciones del 2 de julio. El 13 de mayo, en el estado de Veracruz fue detenido por personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el reportero gráfico del periódico Notiver, Miguel Ángel López Solana, acusado de llevar una "grapa" de cocaína, luego de que su padre, Miguel Ángel López Velasco, columnista del mismo diario, publicara información sobre supuestos actos de corrupción del agente del Ministerio Público Federal, Juan Selem Kuri. López Solana, fue sometido durante 17 horas a un interrogatorio encabezado por el propio Salem Kuri y declaró que trataron de obligarlo a involucrar a su padre en un supuesto tráfico de drogas. El 24 de mayo, en el estado de Michoacán, el periodista Antonio Ramos Tafolla denunció que fue amenazado de muerte y secuestrado por narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, luego de que informó en un programa radiofónico sobre un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías. El 7 de junio, el periodista Alejandro González Anaya, presidente de la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro y corresponsal del diario Milenio, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por hostigamiento y represión por parte del gobierno del estado, luego de haber publicado una nota denunciando excesivos gastos publicitarios de la administración estatal. El mismo día en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la periodista Rocío Cantú Galindo, del noticiero matutino de Radio GAPE, denunció haber recibió amenazas de muerte en su teléfono luego de que varios empleados municipales se presentaron en su oficina para amenazarla de manera verbal. Cantú Galindo, responsabilizó a la administración municipal que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca de lo que pudiera pasarle a ella y a su familia. El día 8 de junio, el periodista Hugo Isaac Robles Guillén denunció que varios hombres no identificados rompieron el cristal de su vehículo para intentar incendiarlo mientras se encontraba en la estación radiofónica XEWM, de San Cristóbal de las Casas. El 21 de junio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) divulgó una conversación telefónica en la que Claudia Corichi García, hija de la gobernadora estatal de Zacatecas, Amalia García, ordenaba a un funcionario de la Secretaría de Finanzas del estado suspender el pago de convenios comerciales con el periódico Imagen y el semanario El Nopal porque "no se han portado bien" y publicar notas en contra del gobierno local. Corichi García fue electa senadora por el PRD en las elecciones federales del 2 de julio del 2006. El 23 de junio, en el estado de Oaxaca, el reportero gráfico del periódico Noticias, Román Carlos Velasco, denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas que fue golpeado por una decena de policías del grupo especial "Jaguares" mientras fotografiaba el desalojo de habitantes de la ciudad que pretendían realizar un "plantón" frente al palacio municipal de esa ciudad. El periodista, de 44 años quien padece diabetes, fue lanzado al suelo, golpeándose la cabeza, para luego ser atacado con patadas y golpes hasta que intervinieron a rescatarlo algunos vecinos. El 26 de junio pasado, el periodista Alejandro Benjamín Vivanco, del diario Provincia, del estado de Michoacán, fue agredido físicamente por el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública en Morelia, cuando realizaba un reportaje en las instalaciones de esa institución. En otro tenor, el reportero Lucio Torres Monzalvo y el camarógrafo Raúl Leyva Corona, de Televisión Azteca en Hidalgo, denunciaron que fueron detenidos por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando cubrían la captura de supuestos delincuentes. Los periodistas indicaron que al menos seis policías de la AFI los llevaron a las instalaciones de ese organismo en la ciudad de Pachuca, donde fueron golpeados y despojados de objetos personales, así como de una videocámara y una grabadora. Continúan prófugas dos personas declaradas culpables del asesinato de Philip True, corresponsal de The San Antonio Express-News en México ocurrido en 1998. Los directivos del periódico Cuarto Poder, de Chiapas, siguen siendo objeto de una agresión permanente por parte del gobernador estatal Pablo Salazar. Por esta razón su director, Conrado de la Cruz, permanece fuera del país, pues ha sido amenazado de cárcel en caso de regresar.

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