NICARAGUA

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La libertad de prensa en el país se ha visto ensombrecida por constantes amenazas recibidas por los periodistas que investigan los nexos del narcotráfico con las instituciones establecidas. Desde que La Prensa empezó una serie de publicaciones, en mayo del presente año, sobre el narcotráfico en la ciudad de Bluefields, en la costa caribeña nicaragüense, y acerca de la complicidad de algunos agentes policiales de alto y menor rango, los miembros del equipo de trabajo integrado por Freddy Potoy, jefe de información; Sergio León, corresponsal en la zona; y Francisco Larios, reportero gráfico, comenzaron a recibir amenazas de los expendedores de estupefacientes y de amistades cercanas de los policías involucrados. Ante los señalamientos de distintas personas de Bluefields sobre la presunta complicidad con el narcotráfico del jefe Antidrogas local, el subcomisionado Oscar Larrave Chamberlain, y otros policías, que se publicaron en La Prensa, una comisión de alto nivel de la policía encabezada por su inspectora general, comisionada Aminta Granera y el subdirector Orlando Aguilera, visitó Bluefields para investigar el asunto. El jefe de información de La Prensa, Freddy Potoy, recibió cinco amenazas telefónicas contra él, su hijo, una hermana y sus hijos, de parte de personas ligadas a algunos mandos policiales y agentes de menor rango. El 8 de mayo Potoy recibió tres llamadas más en su celular, en las que se amenazaba la seguridad personal e integridad moral de su hermana, Martha Potoy Rosales. Freddy Potoy fue informado por un agente policial de rango intermedio de que “hay algunos jefes de la policía que quieren desacreditar tu integridad como profesional, recurriendo a cualquier “técnica” propia de la inteligencia policial; también pueden provocar un accidente en el que resultes lesionado o causes daño a alguien, y quisieran verte preso y en los juzgados; pueden seguir tu vehículo en carros, camionetas o taxis; pueden poner droga en tu camioneta o mandar que te golpee cualquier delincuente que colabora con la policía”. En la visita de la comisión que encabezó la comisionada Granera participó el subcomisionado y segundo jefe de Auxilio Judicial, Denis Tinoco, quien, en vez de constatar la denuncia contra Larrave, se presentó a la casa de una denunciante para intimidarla y presionarla a que retirara la denuncia. El sábado 24 de mayo en la noche, Sergio León y el corresponsal de La Prensa en Puerto Cabezas, Walter Treminio, junto con la editora de la sección de Departamentos, Tatiana Rothschuh, se disponían a cenar en un restaurante en Managua, cuando se encontraron con el subcomisionado y segundo jefe de la policía de Ciudad Rama (en el Atlántico Sur), Kent Hooker, quien llamó a León y le dijo al oído: “No es en Bluefields que te van a matar”. El mencionado oficial, quien estaba tomando licor, posteriormente se dirigió a Walter Treminio para expresarle: “Ya tengo listo mi (fusil) garand”. La comisión de la inspectora Granera informó de que encontró irregularidades que implican graves responsabilidades administrativas en cuatro funcionarios policiales. Los policías fueron dados de baja y mediante la Fiscalía General de la República se instruye una acusación criminal contra estos ex agentes antinarcóticos. El 6 de mayo del 2003 un jurado de conciencia declaró “inocente” a Tirso Moreno Aguilar, el ex líder de la Contra que el 22 de octubre del 2002 entró violentamente y armado con una pistola a la redacción de La Prensa, y retuvo como rehenes a varios periodistas. El jurado no tomó en cuenta abundantes pruebas y, sin embargo, valoró positivamente que Moreno pidiera disculpas a los periodistas y que en el incidente ninguna persona resultara lesionada. La Corte Suprema de Justicia, el 31 de julio del 2003, amparó a La Prensa, mediante sentencia No. 177, en contra de los miembros del Tribunal de Apelaciones de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Hacienda, que ratificaron el fallo condenatorio del Director General de Ingresos (DGI), que en marzo del 2000 había condenado al diario a pagar más de medio millón de dólares en impuestos. El ex director de Ingresos y el ex presidente, Arnoldo Alemán, quienes ahora están en la cárcel, cuando ejercían sus cargos fueron denunciados por el periódico como corruptos, junto con otros que huyeron del país. Aquellas denuncias provocaron la condena de la DGI contra La Prensa. En la celebración del XXIV aniversario de la policía, los periodistas que cubrían el evento tuvieron que suspender la cobertura informativa por el maltrato que recibieron varios de ellos. La policía preparó una tarima (o corralillo) para los periodistas que cubrieran el acto, con la supuesta intención de que no entrevistaran a los altos jefes de la institución y a otros funcionarios del gobierno. Jorge Loáisiga, de La Prensa, fue obligado a abandonar el sitio donde se estaba llevando a cabo la actividad porque pretendió abandonar el lugar asignado a los periodistas. Otro caso fue el de la periodista Aura Torres, del Canal 12 de TV, quien fue empujada por los policías, que le obligaron con fuerza a regresar al lugar asignado. La policía luego ofreció disculpas. Varios medios de comunicación y otras organizaciones, junto con la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCA, auspiciada por la Fundación Violeta B. de Chamorro, impulsan una propuesta de ley de acceso a la información pública en Nicaragua. El recurso por Inconstitucionalidad de la Ley interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la Ley No. 372 (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua) aún no ha sido resuelto. Sin embargo, la colegiación sigue inoperante debido a las desavenencias entre las dos asociaciones gremiales de periodistas, que según la ley, tienen que ponerse de acuerdo para que se pueda organizar el Colegio.

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