GUATEMALA

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Durante los últimos seis meses la situación de libertad de prensa ha vivido una transformación. De un ambiente de hostigamiento y confrontación que se vivió durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, se ha pasado a un momento de respeto a los periodistas, sin que la tensión y el peligro hayan desaparecido del todo. El cambio de gobierno que tuvo lugar el 14 de febrero ha dado nuevo impulso a la labor de los periódicos, que no han cesado en denunciar la corrupción del gobierno de Portillo, quien, al igual que algunos de sus colaboradores, ha huido del país, mientras varios de sus ex colaboradores enfrentan procesos judiciales por la vía penal. La prensa independiente fue blanco de ataques y críticas durante la campaña electoral, particularmente de parte del entonces partido oficial, el FRG, al que se unieron los supuestamente opositores PAN y UNE, cuyos candidatos presidenciales se sumaron a la campaña de desprestigio contra los periódicos, a los que acusaron de estar al servicio de las oligarquías y del partido oficial. Entre los últimos hechos de corrupción denunciados por la propia prensa, se encuentra el financiamiento comprobado de la campaña electoral de estos dos partidos con fondos del Estado y, en algunos casos, de dinero robado por un ex funcionario, el director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, quien huyó a Miami tras conocerse de un virtual saqueo que efectuó en dicha institución. Ahora, los dirigentes de estos partidos políticos acusan a los periódicos de realizar una “cacería de brujas” contra ex funcionarios, sin aceptar que se trata de denuncias de hechos que se habían mantenido bajo el manto de impunidad y que ahora, con un nuevo Fiscal General, se persiguen por la vía penal. Abadío encabezó una campaña de hostigamiento fiscal en contra de la mayoría de periódicos e incluso llegó a interponer una demanda inconstitucional en contra de El Periódico, que finalmente quedó exonerado de los cargos de violaciones fiscales. Mención especial merece el caso del periodista José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. Como se denunció, Zamora y su familia fueron blanco de hostigamiento en junio pasado. Su residencia fue allanada violentamente por un comando armado que por espacio de tres horas intimidó al periodista, su esposa, tres hijos y dos colaboradoras. Aunque las autoridades nunca investigaron el caso, Zamora sí lo hizo y, tras meses de recabar datos, obtuvo la identificación de todos los agresores. El resultado de esa investigación privada se entregó al entonces presidente Alfonso Portillo y al Fiscal General, Carlos de León. Como ninguno de los funcionarios actuó, Zamora demandó por la vía penal al presidente Portillo por omisión de denuncia y encubrimiento, pues todos los implicados en el atentado a su residencia eran miembros del cuerpo de seguridad del Estado. Esta denuncia pública le valió nuevas acciones de hostigamiento a Zamora, las cuales han cesado con el cambio de gobierno. El fiscal de León fue removido de su cargo y actualmente es prófugo de la justicia. El drástico cambio del país nos permite suponer que habrá más respeto a la libertad de prensa. Así lo expresó públicamente el presidente Oscar Berger, quien además reiteró su respeto a los principios de la Declaración de Chapultepec, la cual suscribió en su calidad de candidato presidencial. La cobertura de la campaña electoral que tuvo lugar entre mayo y diciembre fue especialmente peligrosa para los periodistas guatemaltecos. Varios de ellos sufrieron amenazas y otro tipo de acciones represivas. El caso más dramático se dio en noviembre, cuando cuatro periodistas de Prensa Libre fueron retenidos durante 72 horas por un grupo de ex patrulleros de autodefensa civil, que les tuvieron por rehenes para plantear demandas económicas al gobierno. Se necesitó de la intervención del procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, para lograr su liberación.

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