URUGUAY

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El último semestre acumula un gran caudal de información relativa al estado de la libertad de prensa. Se sucedieron hechos contradictorios, algunos que pautan un avance en el respaldo de esa primera libertad de los seres humanos y otros que marcan un preocupante y peligroso retroceso que contrasta con lo ocurrido en los últimos años y con la propia tradición democrática del país. En el mes de febrero la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (ADYPU) firmó un nuevo convenio con el Sindicato de Diarios y Revistas para la distribución de sus publicaciones que, si bien mantiene el monopolio existente desde hace varias décadas, constituye un alivio a la difícil situación económica que enfrentan las publicaciones. Esta situación monopólica y muy perniciosa para los intereses de los diarios y revistas había sido denunciada ya en asambleas de la SIP, pero felizmente se llegó a un acuerdo tras un año de negociaciones con el Sindicato. El positivo resultado final no puede ocultar, tal como lo ha denunciado la ADYPU, un hecho sumamente grave que fue una seria interferencia del Poder Ejecutivo. Éste obstaculizó las negociaciones paralelas que la Asociación realizaba con el Correo Nacional en procura de un sistema alternativo de distribución, ya sea debido al fracaso de las negociaciones con los vendedores o para la obtención de una fórmula que contemplara mejor los intereses de las publicaciones. La intervención sorpresiva del Poder Ejecutivo a cargo de su propio titular en favor del Sindicato de Vendedores, con cuyos líderes mantuvo varios contactos, mientras no recibió en ningún momento a dirigentes de la ADYPU, marcó un hecho sin antecedentes en el país, ciertamente muy preocupante. La acción presidencial fue reprobada por la mayoría de las fuerzas políticas, incluso se manejó un eventual juicio político y por la mayoría de los tres integrantes del directorio del Correo. Estos dos miembros no pudieron evitar que el organismo cayera en falta que lo obligaba a pagar una fuerte multa, la que en definitiva no fue reclamada por la ADYPU en homenaje a la firme y consecuente actitud de esos miembros del Directorio del Correo. La crisis de la prensa ha despertado la sensibilidad de las fuerzas políticas, las cuales han adoptado medidas de carácter impositivo. El Parlamento ha extendido a toda la prensa un régimen en materia impositiva y de aportes por seguridad social que regía sólo para el interior del país. Pero también en este caso aparece un pero: los efectos de las normas legislativas aprobadas se han demorado en llevarse a la práctica, debido a que la Dirección General Impositiva, que depende del Poder Ejecutivo, ha dificultado la reglamentación y aplicación del nuevo sistema. Esto ha puesto en alerta a los medios. Tras más de cuatro años de investigaciones un tribunal penal ha procesado a dos funcionarios por un presunto manejo ilegal de la publicidad oficial, utilizando criterios discriminatorios alejados del más mínimo criterio técnico, favoreciendo o castigando a los medios de comunicación. El Tribunal Judicial que cuenta, además, con un informe de la Junta anticorrupción, sigue las investigaciones y está ampliando sus actuaciones. Cabe destacar que esta acción judicial responde a denuncias de medios uruguayos y a una denuncia formal realizada por la SIP en cumplimiento de una resolución de su Asamblea realizada en Houston en 1998. En materia de publicidad oficial, el actual gobierno, más allá de los recortes de la inversión publicitaria a que la austeridad económica obliga, ha corregido prácticas anteriores. Subsisten, empero, algunos casos aislados amparados en autonomías de algunas instituciones y falta de transparencia, que no son imputables al gobierno central. En el campo judicial, hubo varias decisiones judiciales, vistas fiscales y dictámenes de tribunales de apelación, que han fortalecido la libertad de prensa. La Corte Suprema de Justicia ha dado lugar y estudia un recurso de inconstitucionalidad sobre la aplicación del derecho de respuesta, señalándolo como una violación a las garantías constitucionales a la libertad de expresión y a la igualdad entre todos los ciudadanos. Una interpretación positiva de este recurso, implicaría un paso muy trascendente a escala continental para la libertad de expresión. En el plano judicial aparecen algunos hechos negativos y alarmantes. En un Juzgado de una ciudad del interior del país, un Tribunal Judicial condenó a siete meses de prisión, dejada en suspenso, a un periodista radial por denunciar una presunta estafa por el uso del nombre de una organización filantrópica de notorio interés público para obtener dineros del público, sin volcar a aquélla beneficios acordes con lo recaudado o reclamado a los vecinos contribuyentes. La sentencia, tipificando difamación, pone de manifiesto la aplicación por parte de la jueza actuante de un criterio muy peligroso que va en contra de la doctrina internacional más reconocida. Más grave aún es que la misma jueza previamente les otorgó derecho de respuesta a los demandantes, obligando incluso al medio radial a pasar dos veces la respuesta. Y peor es que el fiscal actuante, que pidió la prisión para el periodista, había archivado dos meses antes una demanda por agresión y hostigamiento ?admitida por el agresor y con testigos? promovida por el periodista contra la persona que lo demandó. Ha habido también otras sentencias negativas en materia de derecho de respuesta en casi todos los casos de primera instancia, fallos que en su mayoría han sido corregidos por los jueces de apelación. La amenaza más seria contra la libertad de prensa proviene de los fiscales del Ministerio Público. Es preciso destacar que el foro uruguayo se enriquece con impecables vistas y acusaciones fiscales, que a la vez constituyen un respaldo fundamental para la vigencia de la libertad de expresión. Pero, al mismo tiempo, es igualmente necesario denunciar la existencia de una especie de doctrina antiperiodistas y libertad de prensa que aplican algunos fiscales y que en ciertos casos se ha denunciado como resultante de la acción del Fiscal General de Corte. En este aspecto ha habido denuncias públicas, en ámbitos políticos e incluso investigaciones sobre interferencias fuera de sus atribuciones por parte del Fiscal de Corte. La que ha provocado gran alarma tiene como punto de partida un trabajo en materia de libertad de prensa y privacidad del Fiscal de Corte, Dr. Oscar Darío Peri Valdez. Publicado en una revista dirigida a todos los fiscales, se espera que sea, según se dice en la publicación, “una herramienta útil en la actividad jurídica a desarrollar”. El documento constituye la materialización de una de las doctrinas más regresivas en materia de libertad de expresión e incluso resucita planteos del nuevo orden mundial de la información. Peri Valdez reconoce el derecho a la información como parte de la libertad de expresión, tal cual lo establecen las convenciones internacionales, para luego afirmar que se trata de un derecho relativo y negarlo como derecho individual inherente a la persona humana, además de calificarlo como un derecho colectivo y social. Plantea también a los fiscales la necesidad de recurrir a los códigos de ética ?en el país no existe ningún código de ética profesional ni oficial? para resolver las cuestiones relativas al ejercicio del periodismo y pone como uno de los ejemplos el código de ética que acompaña a la ley de colegiación obligatoria de Venezuela. Rescata, asimismo, un código internacional de ética periodística que presenta como de la UNESCO y que se trata exclusivamente de un documento emanado de una reunión consultiva, realizada en 1983 bajo los auspicios de la organización, de ocho organizaciones internacionales periodísticas algunas de ellas hoy inexistentes y otras muy poco representativas. Éstas elaboraron en aquel año un documento, de claro apoyo al nuevo orden mundial de la información como se establece textualmente. Con igual línea de razonamiento el Fiscal eleva a la condición de derecho individual absoluto, lo que no está contemplado en la Constitución, al derecho a la privacidad para luego, a través del manejo arbitrario de distintas sentencias y doctrinas dejar planteado para la información de los fiscales una especie de muro infranqueable en defensa de la actuación de los gobernantes y funcionarios públicos y, en esencia, contra la transparencia en la función pública. La Asociación de la Prensa Uruguaya rechazó y denunció el hecho ante el Presidente de la República y el ministro de Educación y Cultura, de los cuales depende funcionalmente el Fiscal; a la Suprema Corte de Justicia, a las comisiones de Derechos Humanos del Parlamento, a organismos internacionales y reclamó al Poder Ejecutivo que le solicite la renuncia al Fiscal. En el documento se rechaza que se adopte una filosofía similar a la de la dictadura y se critica actuaciones anteriores del Fiscal, negando al público el acceso a la información y tratando de influenciar en el cuerpo de Fiscales. Por último, preocupan a los medios ciertas faltas de garantías legales para impedir el uso ilegítimo de los materiales de prensa que son comercializados el mismo día de su aparición y pocos minutos después de estar en la calle, por empresas que a través de Internet o sitios web distribuyen sus artículos. Alarma el vacío legal, preocupa una cierta parsimonia de la Justicia que, sobre la base de convenciones internacionales, podría igual impedir el uso indebido de esos materiales y violenta todas las normas en materia de derechos de autor. Más grave aún es que un gran número de oficinas del Estado esté suscripta a esos servicios que toman toda la información de los medios de prensa sin la autorización debida y los comercializan en beneficio propio.

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