Paraguay

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La prensa ha soportado en este período amenazas y denuncias, especialmente de parte d e políticos vinculados con las altas esferas de poder, ante la difusión de informaciones que los relacionan con hechos ilícitos. Una de las amenazas —cerrar medios de prensa— provino del propio presidente de la República, Luis González Macchi, el 1º de noviembre, afectado por la difusión de grabaciones sobre conversaciones que demostraban su ilegal actuación para manipular decisiones y nombramientos judiciales. No prosperó, sin embargo, el pedido de un fiscal de imponer censura previa a los medios para impedir la publicación de conversaciones obtenidas mediante las escuchas ilegales (“fonopinchazos”), ya que la jueza Blanca Gorostiaga rechazó tal pretensión. Esta magistrada alegó que si se viola la intimidad mediante esas escuchas, lo que corresponde es imputar a los responsables, pero que la censura previa no existe en el ordenamiento jurídico paraguayo. El 15 de noviembre, el Tribunal de Apelación, 3a. Sala, ratificó la resolución dictada por la jueza. El Presidente también amenazó al director de Noticias, Eduardo Nicolás Bo, con “arreglarle la caracha”, a raíz de declaraciones en las que acusó al mandatario de incapaz, borracho y cómplice de la mafia. El presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, acusó el 19 de febrero al director del diario ABC Color y a un militar retirado y político de planear un atentado contra su vida. Para ello difundió la grabación de una presunta conversación entre dos sicarios brasileños cuando preparaban la acción. La denuncia de Galaverna, un discutido político acusado de corrupción, no tuvo eco en la opinión pública. Otros funcionarios de menor nivel y de diversos lugares del país profirieron igualmente amenazas e inclusive agredieron físicamente a periodistas que criticaron su actuación pública. El 6 de noviembre, el presidente del club Olimpia y propietario del diario La Nación, Osvaldo Domínguez, ordenó una intimación notarial, para rectificación y ratificación, al diario Noticias, que publicó, entre otras cosas, lo siguiente en su página deportiva: “Osvaldo Domínguez Dibb dijo que en el Club Libertad existen narcotraficantes”. Antes que rectificarse, Noticias publicó artículos del diario La Nación que contenían afirmaciones en el mismo sentido de lo atribuido al director del diario. El 12 de noviembre, sin embargo, Domínguez Dibb querelló por supuestos delitos de difamación y calumnia al director de Noticias, exigiendo que se le castigara con las penas previstas por la ley para los delitos citados y resarcimiento por cinco millones de dólares por el presunto daño causado. El caso se tramita en los estrados judiciales. Por su parte, el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo, y su hijo Marcos Nicolás Bo, presentaron el 11 de marzo una querella por presuntas calumnia e injuria contra el director del diario La Nación, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, a raíz de informaciones de este último diario que involucraban a los primeros en presuntos negocios ilícitos. Según el escrito de querella, éstas constituían “una verdadera campaña de desprestigio en nuestra contra, tendiente a desacreditarnos públicamente”. Agrega que, a sabiendas de la falsedad de las acusaciones, las publicaciones de La Nación afirmaban que los Bo eran falsificadores y evasores de impuestos, además de vincularlos con el narcotráfico. La querella se tramita actualmente en los estrados judiciales. Tanto Noticias como La Nación vienen publicando largas series de artículos en los que sus directores se atribuyen mutuamente la comisión de negocios ilícitos. Ambos se dedican a la producción y comercialización de cigarrillos. Cuatro personas fueron detenidas el 8 y 9 de noviembre en los locales de dos empresas de Internet que fueron acusadas de contar con redes telefónicas “piratas” (ilegales) en dos edificios céntricos de Asunción. Las intervenciones fueron realizadas por tres fiscales del Crimen y las empresas intervenidas fueron Planet y Quanta. Las denuncias contra las dos empresas fueron presentadas por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), que monopoliza el servicio de telefonía básica, la que las acusó de posibilitar con el sistema utilizado, a través de fibras ópticas, llamadas internacionales facturadas como locales. Para hacer la denuncia, Copaco recurrió al “fonopinchazo'' (o escucha ilegal) que fue certificado por un notario que asentó que un técnico de COPACO comprobó “auditivamente” señales satelitales. La justicia ordenó la reapertura de las dos compañías pocos días después, pero la intervención y sanción a las mismas fueron consideradas por algunos analistas jurídicos y directivos de medios de comunicación como un atentado a la libre expresión. El director del diario Popular, Néstor Insaurralde, fue condenado el 21 de noviembre por el juez José Waldir Servín a pagar una multa de 32.871.600 guaraníes (cerca de US $ 5.000) luego de ser hallado responsable de la comisión del hecho punible de lesión a la intimidad de las personas, al publicar la fotografía de una menor identificada con las signas de MCM, de 15 años, en la página denominada La Bomba Popular, en la que las protagonistas se exhiben con escasa vestimenta y en poses llamativas. La denuncia señala que la menor se inscribió para un curso de modelaje en una agencia donde le hicieron algunas fotografías en las que aparecía semidesnuda, pero que supuestamente sería sólo de utilización interna de la agencia, una de las cuales fue publicada en el diario. El 22 de noviembre, el precandidato a la Gobernación del departamento del Alto Paraná, Juan Carlos Barreto Miranda, censuró un programa en su propia radioemisora, Radio Parque, por que se formularon críticas a él y a los otros aspirantes a cargos electivos de su movimiento político del gobernante Partido Colorado. El periodista Nery Jara, de la misma radioemisora, denunció a su vez que fue despedido por realizar trabajos para otro movimiento político. El presidente de la Junta Municipal de la localidad de San Alberto, 320 Km de Asunción, Hedis Pedro de Sa Souza, expulsó de una sesión a periodistas del diario ABC Color y de la radioemisora Pionera. El presidente y algunos ediles se molestaron por denuncias publicadas en el diario ABC Color sobre presuntas irregularidades en esa Junta Municipal. La Corte Suprema de Justicia absolvió de culpa y pena, el 11 de diciembre pasado, a Ricardo Canese, quien fue querellado por los delitos de difamación y calumnia por directivos de la empresa Conempa, propiedad del ex presidente de la República Juan C. Wasmosy, a raíz de opiniones emitidas en el diario ABC Color. La Corte hizo lugar a un recurso de revisión y anuló las sentencias condenatorias dictadas en primera y segunda instancias en contra de Canese. El fallo judicial sostiene que nadie puede ser condenado penalmente por afirmaciones relacionadas con temas de interés público que involucren a funcionarios o personas públicas, aunque dichas afirmaciones pudieran afectar el honor o la reputación de éstos. Canese había sido condenado en primera instancia a cuatro meses de prisión el 22 de marzo de 1994, y la Cámara de Apelación redujo la pena a dos meses de cárcel, pero ambas sentencias fueron dejadas sin efecto por la Corte Suprema. En una de sus opiniones, Canese afirmó que Wasmosy era prestanombre de la familia del ex dictador Alfredo Stroessner —actualmente exiliado en Brasil— en la empresa Conempa y que pasaba dividendos importantes al mismo. El director del diario La Nación, Alejando Domínguez Wilson-Smith, fue alertado por el jefe del Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía Nacional, comisario principal Arístides Cabral, sobre la posibilidad de que fuese objeto de un atentado contra su vida, el 13 de diciembre pasado. Al respecto, Cabral comentó que tenía información sobre preparativos de un posible ataque contra Domínguez Wilson-Smith y sugirió al director del medio de prensa que adoptase precauciones. La alerta provino en momentos en que el diario se hallaba publicando investigaciones sobre varios temas de corrupción y de vinculaciones de gente del poder con actividades ilegales. El comerciante de origen árabe Ahmad Khalil Chams, de Ciudad del Este, 330 Km de Asunción, querelló al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, el 17 de diciembre, por la supuesta comisión de los delitos de difamación, calumnia e injuria. El querellante solicitó además una indemnización de 2 millones de dólares por los daños causados a su persona y a su patrimonio. Según publicó el diario, basado en documentos, el comerciante estaría involucrado en una cuenta pendiente con la justicia de Panamá, lo que motivó la reacción de Khalil, quien ya había querellado anteriormente al director de ABC Color. Las querellas de Khalil fueron desestimadas por improcedentes. En los últimos años, el director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, ha soportado 14 juicios, muchos de los cuales fueron promovidos por personajes. Octavio Álvarez, funcionario de la Gobernación del departamento (provincia) de Caazapá, 300 Km al sureste de Asunción, agredió físicamente al corresponsal del diario ABC Color en dicha localidad, Antonio Caballero, y destruyó su cámara fotográfica, el 1º de febrero del corriente. El agresor se molestó porque Caballero tomó fotografías de una camioneta de la institución departamental que tenía puesta una chapa particular, no llevaba logotipo de uso oficial y portaba una bandera del gobernante Partido Colorado en el techo.

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