Nicaragua

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La Corte Suprema de Justicia todavía no resolvió en este período sobre el Recurso por Inconstitucionalidad, interpuesto ante La Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley No. 372, Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua, aunque la colegiación sigue sin implementarse debido a las desavenencias entre las dos asociaciones gremiales de periodistas, a las que la ley ordena crear el Colegio de Periodistas. La Corte Suprema de Justicia tampoco ha resuelto un Recurso de Amparo por el cierre de la emisora radial La Poderosa; ésta fue cerrada y su frecuencia cancelada por supuestas irregularidades. Según la dirección de TELCOR, ente regulador del Gobierno, COPROSA, entidad de la Iglesia Católica dueña de la licencia, no recurrió contra la medida. El 1º de marzo La Prensa publicó una carta de Tirso Moreno Aguilar, ex comandante de la Resistencia, quien el 22 de octubre del 2002 asaltó a mano armada las instalaciones de la redacción del diario y secuestró a varios periodistas. Moreno, quien guarda prisión a la espera de un tribunal de jurados, pidió perdón de manera “pública, honesta y sincera”, alegando que actuó en estado de ebriedad. En la primera semana de marzo se produjo una discusión pública en torno a las exoneraciones de impuestos establecidas en la Constitución para los medios de comunicación. La controversia se produjo después de que el diputado sandinista Bayardo Arce declaró que habría que derogar esas exoneraciones, y luego el presidente Enrique Bolaños pidió, en declaraciones a la prensa, que los favorecidos con esas exoneraciones renunciaran voluntariamente a ellas y “empezaran a pagar sus impuestos”. Tanto La Prensa como El Nuevo Diario aclararon que las exoneraciones constitucionales nacieron como una garantía para la libertad de expresión e información y como protección ante las posibles presiones fiscales que pudieran hacer los gobiernos en el futuro. La venta de publicidad, el impuesto sobre la renta (IR) y por otros ingresos o venta de productos como discos, enciclopedias, etc., están gravadas para los medios. El presidente Bolaños aclaró, luego, que lo habían malinterpretado y que no está en contra de esas exoneraciones. La periodista Carol Munguía, corresponsal de La Prensa en la ciudad de Chinandega, está siendo demandada judicialmente por el supuesto delito de calumnias, por haber publicado la captura de dos nicaragüenses en El Salvador, quienes fueron procesados y una semana después de la publicación fueron liberados sin cargo. Las noticias sobre la captura y subsiguiente liberación fueron publicadas en La Prensa, pero la hermana de uno de los procesados, esposa de un diputado sandinista, procedió con la demanda. La fuente de estas noticias fue el periódico La Prensa Gráfica de San Salvador. Actualmente se está discutiendo un proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades, que ya fue dictaminado positivamente por una comisión parlamentaria. La discusión de este proyecto de ley, presentado en 1999, se ha venido posponiendo porque algunos sectores sociales se oponen a él por considerar que legalizaría el aborto, que atenta contra la integridad de la familia e impone cuotas de 40 por ciento de personal femenino para todas las empresas públicas y privadas, incluidos los medios de comunicación. La ley lesionaría la libertad de expresión y de prensa al crear un ente estatal que “colaboraría” con los medios de comunicación para que éstos presenten la imagen de la mujer sólo según los postulados de la ley; y examinaría las políticas de difusión “con miras a integrarlos en una política de género” (artículos 49 y 55). El proyecto también prohíbe imágenes, información, noticias y lenguaje denigrantes y discriminatorios hacia la mujer, obliga a una “partición plena y equitativa de la mujer en los medios de difusión y en la gestión y la producción de programas” (artículo 57); ordena elaborar —“en la medida que no atente contra la libertad de expresión”— mecanismos reglamentarios para que los medios nacionales e internacionales presenten “un equilibrio entre las imágenes de hombres y mujeres” (artículo 59); y somete la publicidad en los medios de comunicación a los parámetros establecidos en esa misma ley (artículo 64). Hasta ahora, el rechazo a esa Ley de Igualdad de Oportunidades se ha centrado en los aspectos del aborto, la familia y las cuotas laborales obligatorias. A principios de marzo, la emisora Radio Máxima, de la ciudad de Masaya, fue la licencia de operación. errada por resolución de la entidad reguladora de las telecomunicaciones, Telcor, porque, supuestamente, no cumplía el horario de transmisión ni tenía el mínimo de cobertura de señal requerido por la ley y establecido en la licencia de operación política sandinista. El dueño de dicha radioemisora, Carlos Mario Peña, es directivo de la coalición política sandinista Convergencia Nacional y, por tanto, opositor al gobierno del presidente Enrique Bolaños. Peña denunció que el cierre de su radioemisora no se debe a motivos técnicos sino que es en represalia por sus críticas al alcalde oficialista de Masaya, Carlos Iván Hüeck. El dueño d la clausurada radioemisora apeló de la decisión ante Telcor, recurso que está pendiente de decisión.

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