República Dominicana

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Los niveles de incomprensión e intolerancia frente al libre ejercicio periodístico se han incrementado en los últimos seis meses con agresiones, amenazas y presiones que llegaron a su punto más inquietante cuando el juez Felipe Molina Abréu, autorizó al Ministerio Público a otorgar la fuerza pública para obtener en las oficinas de los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora videos y documentos relacionados con una serie de trabajos de investigación periodística acerca de la calidad de la leche que se sirve en el desayuno escolar en las escuelas públicas. Este intento, que fue detenido con un auto de oposición, ha recibido un amplio rechazo en la comunidad periodística. Esta pretensión judicial, violatoria de la confidencialidad en el manejo de las fuentes informativas, se presentó en medio de un proceso de demanda por alegada difamación e injuria, que forma parte de una creciente tendencia para tratar de amedrentar a la prensa independiente. Aunque muchos de estos procesos concluyen con sentencias que liberan de responsabilidad a los periodistas y medios de información, los comunicadores se ven expuestos a situaciones largas y tediosas que les afectan en su ejercicio profesional y crean temores a reporteros que pueden sentirse disuadidos a tocar asuntos conflictivos relacionados con intereses grupales o particulares. Varias demandas por difamación contra periodistas fueron desestimadas, tales como las propiciadas contra el jefe de Redacción del vespertino El Nacional, Domingo del Pilar y el reportero de ese diario, Aquino Royo y contra la periodista Alicia Ortega, favorecida por el dictamen de un tribunal que declaró inadmisible una demanda de 300 millones de pesos presentada por representantes de una entidad que se consideraron afectados por su trabajo de investigación periodística. El programa de televisión “Hablando en Serio”, producido y conducido por Eduardo Castellanos y transmitido en la provincia de Montecristi, fue sacado del aire por órdenes del entonces gobernador, Santiago Rafael Caba Abreu, luego de que se hicieran críticas al funcionario. El programa fue reabierto por gestiones realizadas por el Colegio Dominicano de Periodistas. El gobernador fue luego destituido por el presidente Leonel Fernández. El periodista Manuel Antonio Vega, de la provincia de Hato Mayor, fue conminado, mediante citación de alguacil por el diputado Santiago Velorio Lizardo, para que entregara material fílmico y magnetofónico de varios ediciones de su programa en el canal 10 de Varo Visión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien junto al Colegio de Periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado contra los intentos de coartar el libre ejercicio periodístico, tiene registrado lo que define como una ola creciente de presión, amenazas, agresiones e intimidaciones contra comunicadores, fotógrafos y camarógrafos, que en lo que va de año ha alcanzado 53 casos.

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