Panamá

Aa
$.-
La libertad de expresión todavía no forma parte de la agenda del nuevo gobierno del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien asumió el 1 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, ha señalado en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación como responsables de un clima de intranquilidad ciudadana, al divulgar homicidios, consecuencia de una ola de crímenes originada por el tráfico de drogas ilícitas. Además, del ministro Mulino y también la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, han escrito artículos de opinión en los periódicos favoreciendo la regulación de los contenidos periodísticos. El gobierno ha decidido centralizar las comunicaciones oficiales y despachos de prensa en la Secretaría de Comunicación del Estado, lo que ha causado malestar por la imposibilidad de los medios de acceder a las fuentes oficiales. Todos los requerimientos de información, así como entrevistas a altos funcionarios han pretendido canalizarse con un sistema de cuestionarios escritos, lo que viene dificultando la tarea periodística. Sigue existiendo un panorama legal confuso con la implementación del nuevo Código Penal, que si bien protege la libertad de expresión y el acceso a la información, apenas ha tenido aplicación. Los cambios estaban destinados a despenalizar delitos contra el honor en relación con servidores públicos en sintonía con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Durante este período se dictó sentencia penal contra Rafael Berrocal, periodista del diario La Prensa, por calumnia e injuria ante una querella interpuesta por Dominador Kayser Bazán, ex vicepresidente del país (1999-2004), a quien el periodista denunció haber sido favorecido a través de un banco estatal en el que su hijo era subgerente, otorgándosele terrenos para proyectos inmobiliarios. No se negó el hecho reportado y, a pesar de ello, se profirió condena contra el periodista, ahora en apelación. En otro hecho, ex presidente Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999) amenazó públicamente al presidente y director del diario La Prensa, Fernando Berguido, así como a los periodistas Santiago Fascetto y Mónica Palm, como consecuencia de la publicación de varios reportajes sobre el otorgamiento de concesiones a familiares y allegados para la operación de salas de juego, sin el pago de los derechos previstos por ley. En otro incidente, el director del diario El Siglo, Jean Marcel Chery fue condenado a dos años de prisión por un juez penal del municipio de La Chorrera, cercano a la ciudad de Panamá, acusado del delito de violación de la libertad, en una denuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, quien acusó a Chery de ingresar clandestinamente a su finca ubicada en un área rural, cuando era reportero del diario Panamá América. Durante el proceso, fue evidente la inclinación del juez de la causa a favorecer al querellante, llegándose incluso a alterar el testimonio de algunos de los testigos presentados por la defensa de Chery. El periodista Rubén Polanco, que trabajaba en El Siglo fue querellado por la supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria por Juan Vega, asistente del juez Rubén Royo. El periodista escribió sobre la investigación que se le seguía al juez por el supuesto cobro de una coima. El asistente del juez fue mencionado en el expediente, lo que fue reproducido por el periodista en su nota. Otra querella por calumnia e injuria fue presentada por el ex candidato a diputado Héctor Raúl Cedeño contra el periodista Rosmar Castillo, quien laboraba también para El Siglo. Castillo escribió que Cedeño tenía antecedentes penales y presentó como pruebas del récord policial que mencionaba al político en un caso de robo a mano armada. Ambos casos se encuentran en averiguación. Un juez civil condenó a la Editora Panamá América y a los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio a pagar la suma de 20.000 dólares como indemnización por el daño moral supuestamente causado al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, por la publicación en marzo de 2001 de un reportaje que daba cuenta de la construcción de una carretera con fondos públicos, que conducía a una finca de propiedad de Spadafora, quien para la época de la publicación fungía como ministro de Gobierno y Justicia de la administración de Mireya Moscoso. La sentencia fue apelada tanto por los abogados de la Editora Panamá América y de los periodistas condenados, así como por el abogado de Spadafora. La apelación se encuentra en trámite. Por otra parte, siguen las restricciones que impiden a los medios impresos, participar en empresas radiales o televisivas, mediante la Ley 24 de 1999, que reorganizó el régimen legal que regula los servicios de radio y televisión. Dicha ley dice, en su primer artículo, que se busca promover y proteger la inversión y la libre competencia y la calidad entre los concesionarios. Sin embargo, impone una limitación a los medios escritos de adquirir, administrar u operar radios o televisiones en Panamá. Expresamente establece que ninguna radio ni televisión “podrán ser controlados, en forma directa ni indirecta, por un periódico de circulación nacional”.

Compartí

0