Nicaragua

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En este período se ha incrementado y extendido en el gobierno y el Estado, la política de secretismo y discriminación absoluta a los medios independientes, a cuyos periodistas no se les invita a conferencias de prensa y otras actividades o cuando se les invita no se les permite ingresar a los centros gubernamentales. Esta arbitrariedad recrudeció durante las recientes elecciones de autoridades regionales autónomas en el Caribe -realizadas en medio de denuncias de la oposición sobre fraude agravando la polarización política-, sobre cuyas informaciones oficiales el Consejo Supremo Electoral privó a La Prensa, El Nuevo Diario, entre otros medios y periodistas independientes. La censura que impone el Gobierno y otros poderes del Estado en contra de los derechos a la libertad de información, expresión y prensa se extendió los días 9 y 10 de marzo, con el bloqueo a la cobertura de la presentación de los resultados preliminares de las elecciones regionales, hasta una conferencia sobre la primera jornada de vacunación contra la influenza humana en el país. El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, ordenó no dejar entrar al Centro Nacional de Cómputos, a los periodistas de La Prensa, El Nuevo Diario y el canal 2 de Televisión, los que estaban debidamente acreditados. Para justificar la censura que él mismo impuso, Rivas Reyes aseguró que hay medios de comunicación que “destruyen familias” y que “no hay voces que se levanten en contra de esas injusticias”. A medida que leía los resultados de los comicios, Rivas aumentó su dramatismo deslizando opiniones contra los medios, en respuesta a que en los últimos ocho años su nombre aparece en las portadas de los diarios con denuncias sobre sus escándalos, el último reportado por el diario La Nación de Costa Rica, donde Rivas pasa gran parte de su tiempo. Pero él nunca se ha inmutado, no hablando de lo que considera su “vida privada”. “No creemos que quien ha boicoteado este proceso electoral en Nicaragua, y se ha dedicado a hacer análisis previos de un supuesto fraude, tenga interés realmente de conocer cómo se desarrolló el proceso” precisó el magistrado electoral. Al día siguiente, el Ministerio de Salud (Minsa) organizó una conferencia de prensa junto a miembros de la Embajada de los Estados Unidos, para informar los detalles de la jornada de vacunación contra el virus de una pandemia mundial, que desde su irrupción en abril pasado, hasta diciembre, había cobrado la vida de once personas. Al equipo periodístico de La Prensa se le negó la entrada “por órdenes superiores”. El gobierno sigue tratando de ahogar a los medios independientes, discriminándolas con la publicidad oficial; amedrenta a periodistas, editores, ejecutivos y dueños de medios con permanentes ataques verbales, amenazas y descalificaciones; crea foros de periodistas asalariados para que difamen a los comunicadores democráticos e independientes. El gobierno continúa expandiendo sus medios de comunicación mediante métodos poco claros. Todo esto, agregado a la crisis económica y financiera que ha incidido en la caída de la publicidad comercial, traduciéndose en una pérdida en general de la calidad informativa y agravando la situación general de la libertad de prensa. El 2 de diciembre de 2009, el presidente Ortega amenazó a La Prensa acusándola de promover una “política de terrorismo” por dirigir una campaña contra la aprobación de una reforma fiscal. Esta reforma vendría a sustituir fondos de la cooperación europea que fueron retirados por el fraude electoral municipal de noviembre de 2008. En el aniversario de estas elecciones fraudulentas, grupos de choque del gobernante Frente Sandinista (Orteguista) lanzaron piedras y morteros en contra de las instalaciones de La Prensa y el diario Hoy. Por otra parte, la Dirección de Ingresos (DGI) está atrasando las constancias de exoneración a las que los medios de comunicación tienen derecho aún, aplicando la Ley 528 (Ley Arce). Esta ley, que está cuestionada por varios recursos de inconstitucional ante la Corte Suprema desde julio de 2005 presentados por representantes de varios medios de comunicación, con el pretexto de regular de hecho la reforma del mandato constitucional que exonera de impuestos a los medios de comunicación. Es decir que aún aplicando la ley inconstitucional el mismo gobierno no la está cumpliendo. La Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar, ya casi por ocho años, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la Ley Creadora del Colegio de Periodistas. El caso más importante de este período fue la oscura compra del canal privado Telenica Canal 8. La transacción fue manejada en el más absoluto y sospechoso misterio y hasta el final se supo que los nuevos dueños estaban ligados a la familia o al círculo de poder del presidente Ortega. Continúa así la tendencia de la familia gobernante de acaparar los medios de comunicación y a la vez limitar la libertad de información. En este canal de televisión el reconocido periodista independiente Carlos F. Chamorro, dirigía dos programas de investigación que además eran críticos a las políticas gubernamentales: “Esta Semana” y “Esta Noche”, los cuales fueron cancelados por el mismo Chamorro, según dijo, por razones de ética y principios. Los dos programas reaparecieron un mes después en el canal 12 de televisión. El jefe de Redacción de La Prensa, Eduardo Enríquez, ya cumplió siete meses de haber solicitado la reposición de su cédula que le fue robada. El trámite dura 15 días máximo y Enríquez ha escrito un sin número de cartas a diferentes funcionarios, las que ni siquiera le han sido contestadas. Para ilustrar esta situación, señalamos que sin cédula no se puede comprar, vender o conseguir trabajo, ni aún cambiar un cheque. Enríquez ha sido acusado por el presidente del Consejo Electoral de hostigarlo con investigaciones y en una ocasión lo llamó “estúpido”. En general, el asunto de la cedulación ciudadana ha sido una materia constante de reclamos por parte de los partidos que acusan al Consejo Electoral de la adulteración y entrega discriminada de cédulas, con el ánimo de favorecer a los partidarios políticos del gobierno. En una investigación de hace algunos años, La Prensa encontró una cédula dada a un guerrillero colombiano de la FARC. Este año en la costa del Caribe de Nicaragua se le encontró una cédula a un colombiano narcotraficante que fue detenido. El Nuevo Diario hizo una investigación sobre estas cédulas y encontró casas de cita donde adolescentes y menores de edad son prostituidas, consiguiendo cédulas con edades adulteradas sin la debida documentación. Para comprobar estos delitos de corrupción, el periodista Carlos Larios, de El Nuevo Diario, solicitó una cédula sin ninguna clase de documento ni partida de nacimiento, por medio de una sobrina, quien diciendo que era menor de edad, acompañó a una proxeneta hasta las oficinas de los funcionarios del Consejo Electoral. La menor obtuvo la cédula mediante el pago de una suma pequeña de dinero. Cuando el diario publicó la investigación sobre este tráfico de identidad con fines delictivos, el Consejo Electoral en vez de investigar y castigar a los funcionarios, acusó a la joven de falso testimonio, a pesar de que ella nunca usó la cédula para otro propósito que el de la denuncia periodística. Aunque la acusación no prosperó, el precedente es grave porque demuestra la intolerancia a las críticas de los medios independientes y la falta de voluntad para corregir los abusos que se denuncian. Ese incidente fue denunciado ante la Relatoria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Procurador de la República, Hernán Estrada, dijo en uno de los foros de periodistas orteguistas, que organizaciones de la sociedad civil se benefician del Programa de Donantes para la Anticorrupción que paga a periodistas y medios independientes para que realicen investigaciones periodísticas contra el gobierno. Mencionó al periodista Luis Galeano de El Nuevo Diario y a Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial. Según Estrada, estos fondos son canalizados por medio del Centro de Investigaciones de la Comunicación y de la Universidad Centroamericana (UCA). La universidad aclaró que desde 2003 están involucrados en un proyecto para fortalecer el periodismo investigativo, y que no se paga a los periodistas sino que se premia los mejores trabajos. A un reclamo de Galeano, Estrada no presentó ninguna prueba.

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