Perú

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El clima de tensión en el que la prensa desarrolla su labor informativa no disminuyó en este período. Más bien, se ha enrarecido por casos como la impugnada clausura de radio La Voz de Bagua, la arbitraria detención del director del semanario Nor Oriente de Bagua Grande o el peligro de que el asesinato del periodista Alberto Rivera quede impune. Uno de los hechos más graves, sin embargo, se presentó a mediados de marzo cuando autoridades del poder Ejecutivo alertaron sobre una presunta y hoy, relativamente, despejada intención del gobierno del presidente Alan García Pérez de interferir en los asuntos privados de un grupo de medios de comunicación. A diferencia de la revertida tentativa de intervenir Panamericana Televisión a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en junio del 2009, en el caso de América Televisión la advertencia llegó del Poder Ejecutivo. El 10 de marzo, al concluir una sesión del Consejo de Ministros y flanqueado por el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, exigió en nombre del gobierno que el Congreso de la República y el Ministerio Público investiguen el reflotamiento independiente de América Televisión in 2001. Esta intromisión provocó el rechazo de instituciones y de la opinión pública. El presidente del Directorio de América TV, Luis Miró Quesada, rechazó las declaraciones del ministro Pastor y criticó los intentos de intromisión del poder político. La declaración del ministro Pastor parecía indicar que existía de parte del gobierno un respaldo tácito a las acciones legales iniciadas por el ex propietario de América TV, José Enrique Crousillat, sentenciado a ocho años de prisión por recibir 68 millones de soles de parte de Vladimiro Montesinos, ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori, en pago por la compra-venta de la línea editorial del canal. Coincidentemente, José Enrique Crousillat habría sido beneficiado con un indulto presidencial en diciembre por razones humanitarias, lo que fue percibido como un retroceso en el proceso de lucha contra la corrupción, impulsado tras el gobierno fujimorista. El 13 de marzo, el presidente Alan García, ante las revelaciones de la prensa que evidenciaron que los motivos de salud por los cuales le había otorgado el indulto a José Enrique Crousillat eran fraudulentos, revocó el indulto. El 17 de marzo, el ministro Pastor, inmerso en el escándalo por ser el responsable político del indulto a Crousillat, reaccionó ante los hechos y acusó al grupo El Comercio de atentar contra la estabilidad democrática del país, anteponer sus intereses comerciales, aun a costa de desinformar a la opinión publica, e instó a la ciudadanía a levantarse contra sus medios de comunicación. Esto por haber pedido su renuncia, al igual que lo hicieron otros medios periodísticos y políticos de su mismo partido. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, señaló que el gabinete que él preside no compartía las declaraciones del ministro Pastor y que el gobierno era respetuoso de la libertad de expresión. Altas autoridades del gobierno rechazaron las expresiones del entonces titular de Justicia. El 17 de marzo, el ministro de Justicia fue relevado de su cargo, reemplazado por Víctor García Toma. El 12 de enero fue detenido Alejandro Carrascal Carrasco, director del semanario Nor Oriente de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, en el departamento Amazonas. Carrascal fue detenido por orden del juez Francisco Miranda, del Primer Juzgado Penal, quien lo sentenció a un año de pena privativa de libertad, por delito de difamación agravada contra Víctor Feria, ex director del Instituto Superior Tecnológico quien lo había denunciado en el año 2005. Existen índicos de que se trata de persecución política en represalia por la cobertura del semanario al violento enfrentamiento entre políticas y nativos conocido come el “Baguazo” que dejó un saldo de 24 policías y 10 civiles muertos el 5 de junio del 2009. El Consejo de la Prensa Peruana está intercediendo en este caso frente al presidente del poder Judicial doctor Javier Villa Stein, ya que la Sala Mixta de Apelaciones de Utcubamba, pese a que los plazos ya vencieron, continúa dilatando de pronunciarse por la apelación de la sentencia y el recurso de nulidad por irregularidades en el proceso. En este contexto fue clausurada Radio La Voz de Bagua en junio de 2009. Si bien el retiro de la licencia de radio ocurrió tres días más tarde el 5 de junio, el Primer Ministro, la Ministra del Interior y el presidente del Congreso de la República, continúan acusando a la radio de ocasionar las muertes de más de 20 policías. La Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, región Amazonas, Olga Bobadilla, 16 de febrero, archivó el proceso penal contra Aurora Burgos de Flores, propietaria de la radio y los periodistas José Flores Burgos, Leiter Flores Burgos y Alberto Pintado Villaverde por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito y sedición. Pese a esta medida, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se niega a autorizar que la radio reinicie sus transmisiones e incluso ha embargado sus cuentas bancarias por supuestas multas no pagadas. Esto evito que sus programas sean emitido en otras estaciones locales. El director de Radio Oriente y Canal 8 TV, Geovanni Acate, enfrenta un proceso penal en el Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, por instigar a la población en contra del orden democrático. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante resolución viceministerial Nº 025-2010-MTC/03, anuló la licencia de funcionamiento de dicha televisora bajo el argumento de que la estación incumplió, en el año 2005, con el plazo otorgado para el inicio de sus operaciones. Sin embargo, ese viceministerio había otorgado un certificado de homologación de sus equipos, lo que confirmaba que Televisión Oriente asumió una posición de apoyo a los reclamos de las comunidades indígenas, cumplía con los requerimientos técnicos para funcionar. Contrasta con esta actitud del MTC que en enero, como resultado de las gestiones realizadas por el Consejo de la Prensa, mediante Decreto Supremo Nº 003-2010-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano, modificó, el artículo 68º del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, que regula las solicitudes de renovación de autorizaciones para el servicio de radiodifusión. Dicha norma incluye una Disposición Complementaria Transitoria que dispone que se continúe con la tramitación de la renovación de licencias para evitar la clausura de 400 radioemisoras en provincias. El 9 de febrero la SIP y el Consejo de la Prensa Peruana consideraron como un mensaje gravísimo la sentencia emitida, en minoría, por la Tercera Sala Penal de Reos en Cárcel la Corte Superior de Lima, que absolvió al ex alcalde provincial de Coronel Portillo Luís Valdez Villacorta y al destituido magistrado de la Corte Superior de Ucayali Solio Ramírez Garay , acusados de ser los autores intelectuales del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández , ocurrido en la ciudad de Pucallpa en el 2004. El juicio se había reiniciado a fines de enero, en el penal de alta seguridad de Castro, donde Valdez Villacorta está recluido y enfrenta un juicio por lavado de activos y narcotráfico. El proceso transcurrió en medio de denuncias de irregularidades procesales e intervenciones inauditas tanto del presidente del tribunal, Jorge Aguinaga, quien pese a que no admitió evidencias de la existencia de un móvil, sustentó el fallo alegando que no existían pruebas suficientes del delito. La Oficina del Control de la Magistratura ha iniciado una investigación sobre la conducta del tribunal. Queda pendiente la decisión de la Corte Suprema en torno a la solicitud del Fiscal Superior, Mateo Castañeda, quien solicitó 20 años de cárcel por el delito de homicidio contra los inculpados y un recurso de nulidad de sentencia. Asimismo, preocupa la modificación del Articulo 139 del Código Procesal Penal que prohíbe la publicación de la actuación procesal en su etapa de investigación preparatoria o la etapa intermedia, y sanciona con multas a quienes infrinjan esta norma, incluso a los medios. También en el ámbito judicial, la congresista del partido nacionalista, Elsa Mapartida, denuncio al director del diario El Comercio, Francisco Miró Quesada Rada, y al periodista Óscar Castilla ante la Fiscalía 21 Provincial Penal de Lima, por el presunto delito de revelación indebida de identidad a raíz de un reportaje publicado en noviembre del 2009, que revelo que entre 1984 y 1994 la también parlamentaria andina Malpartida fue mando logístico de Sendero Luminoso en la zona del Alto Huallaga, que por entonces era el principal centro de operaciones de esa organización terrorista y del narcotráfico. Mapartido dejó de pertenecer a esa agrupación en 994 cuando se acogió a la Ley de Arrepentimiento. El artículo se basaba en los documentos que, precisamente, Malpartida presentó para acogerse a ese beneficio. Tres días después de la publicación, el 4 de noviembre, en una conferencia de prensa, acompañada por Ollanta Humala, el líder de su partido político, Malpartida lejos de aclarar su situación, la parlamentaria afirmo, sin presentar pruebas que el diario había cobrado por difundir dicha información. Las diligencias judiciales ya programadas han sido dilatadas hasta nuevo aviso. Tambien registramos una creciente intolerancia de autoridades frente a cuestionamientos legítimos de la prensa. Claro ejemplo de esto es la agresividad que utilizan algunas autoridades gubernamentales, inclusive ministros de Estado como el titular de Defensa, Rafael Rey el propio presidente de la república contra el diario La Primera que también denuncia a menudo que sus periodistas son excluidos de participar o acompañar a miembros del gabinete, en giras en las que si están incluidos numerosos medios de comunicación, como sucedió en febrero cuando el premier Velázques Quesquen visito a los damnificados por la lluvias en la región Huancavelica. Finalmente, organizaciones de prensa expresaron su rotunda condena ante el incidente protagonizado por el juez Raúl Rosales Mora, quien luego de llamar la atención del fotógrafo Carlos Saavedra de la revista Caretas, que realizaba su labor informativa, lo encañonó y amenazó con un arma de fuego. El juez, quien había sido cuestionado por intentar reponer a un polémico magistrado del Tribunal Constitucional, apareció en la caratula de la revista, apuntando su arma contra el reportero grafico. Otros hechos destacados durante este periodo: El 1 de marzo, el periodista Mario Espinoza Ruiz, conductor del noticiero de Radio Panorama, de la región Apurimac, informó que la esposa e hija de un capitán a quien atribuyó actos de corrupción, irrumpieron en la cabina de transmisión mientras conducía su programa, amenazándolo y golpeándolo en represalia por su cobertura del caso. El 23 de febrero, el periodista Carlos Vásquez Rodas, del programa Fama Noticia, que transmite radio Fama, en el distrito Guadalupe, región La Libertad, denunció que el alcalde de la localidad de Pueblo Nuevo lo amenazó mientras su personal de seguridad lo agredía, en represalia por sus denuncias. El 27 de febrero, José Puga, periodista del diario El Comercio y el reportero gráfico independiente Jean Marco Córdova, denunciaron que fueron golpeados por efectivos policiales cuando cubrían un operativo para dispersar a un grupo de vecinos en el distrito de Barranco, departamento de Lima. El 22 de febrero, Otilio Ríos Valdivieso, director del programa Horizonte en la Noticia, corresponsal del diario Ya y de ATV Canal 9, en la región Ancash, denunció que fue agredido por el jefe de Serenazgo de la municipalidad de Pomabamba y sus subalternos por difundir información sobre la reposición de un alcalde destituido por corrupción. El 6 de febrero, Amancio del Águila, corresponsal de Panamericana Televisión y conductor del programa Voz y Ritmo en la Noticia que transmite Radio 90.1 F.M, en la ciudad de Tingo María, región Huánuco, denunció que un ex alcalde del distrito Padre Felipe Luyando-Naranjillo, lo amenazó de muerte en presencia de sus dos hijas. El 5 de febrero, Juan Carlos Lobato propietario de Radio Campesina, en la región Cajamarca, denunció que el presidente de la Asociación de Barrios de Cajamarca irrumpió en el local de la radio y al no encontrarlo amenazó de muerte a un grupo de periodistas por críticas contra su gestión. El 4 de febrero, Karla Gómez Otoya, periodista del diario Correo edición La Libertad, informó que el propietario de un hostal la insultó y agredió cuando se negó a revelar la fuente de información utilizada como sustento de un articulo en el que denunció que delincuentes se alojaban en el referido hospedaje en la ciudad de Trujillo. El 22 de enero, Segundo Matta Colunche reportero de radio Ilucán y canal 4 de Cutervo, corresponsal de radio Marañón de Jaén, de radio Líder de Cajamarca y del diario El Clarín, denunció que un empleado de Gerencia Subregional de la región Cajamarca, lo amenazó de muerte y advirtió que sería asesinado antes del mes de mayo por sus denuncias de corrupción pública. El 14 de enero, Henry Lovera, conductor del noticiero Punto de Vista que transmite radio La Achirana, en la región Ica, denunció que el alcalde del distrito Pachacamac irrumpió en la cabina de la radio lo agredió y rompió un micrófono, en momentos que el periodista difundía una denuncia contra el burgomaestre por mal uso de fondos públicos. El 2 de enero, los vocales de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificaron, por mayoría, la sentencia dictada el 7 abril del 2009, condenando al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori a 25 años de prisión efectiva, como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti el 5 de abril del 1992. El 31 de diciembre, Rodolfo Lobo Tello, conductor del programa Contamaná al Día, que transmite Radio Feroz, en la región Loreto, denunció que fue agredido y amenazado en la cabina de conducción por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), quien exigió ser entrevistado para aclarar las denuncias de irregularidades durante su gestión. El 13 de diciembre, el camarógrafo Leocadio Madera del programa Prensa al Día, que transmite el Canal 47 UHF en la región Cusco, denunció que fue detenido y trasladado a una celda del Palacio de Justicia, por una orden de captura ante un juicio por agresión física presentada por un ex funcionario de la Municipalidad del Cusco, a quien grabó en estado de ebriedad. Madera asegura no haber recibido la citación judicial fue liberado al día siguiente. El 20 de noviembre, Miguel Bellido Almeida corresponsal del diario El Comercio, Winston Callalli Campana de TV Canal 15, Jesús Camacho Quispe de Canal 11 TV Amistad, Carlos Peña Costillo de Andina Radiodifusión, Paúl Pilco Dorregaray corresponsal del diario Correo y Marcelo Santana del Canal 29, denunciaron que fueron agredidos y amenazados por efectivos policiales mientras cubrían una protesta contra el presidente de la región Apurimac. El periodista Pilco informó que fue interceptado por tres policías armados y encapuchados que le confiscaron su equipo fotográfico, devolviéndoselo horas después, con la memoria vacía. También en el ámbito judicial, la congresista del partido nacionalista, Elsa Mapartida, denuncio al director del diario El Comercio, Francisco Miró Quesada Rada, y al periodista Óscar Castilla ante la Fiscalía 21 Provincial Penal de Lima, por el presunto delito de revelación indebida de identidad a raíz de un reportaje publicado en noviembre del 2009, que revelo que entre 1984 y 1994 la también parlamentaria andina Malpartida fue mando logístico de Sendero Luminoso en la zona del Alto Huallaga, que por entonces era el principal centro de operaciones de esa organización terrorista y del narcotráfico. Mapartido dejó de pertenecer a esa agrupación en 994 cuando se acogió a la Ley de Arrepentimiento. El artículo se basaba en los documentos que, precisamente, Malpartida presentó para acogerse a ese beneficio. Tres días después de la publicación, el 4 de noviembre, en una conferencia de prensa, acompañada por Ollanta Humala, el líder de su partido político, Malpartida lejos de aclarar su situación, la parlamentaria afirmo, sin presentar pruebas que el diario había cobrado por difundir dicha información. Las diligencias judiciales ya programadas han sido dilatadas hasta nuevo aviso. Tambien registramos una creciente intolerancia de autoridades frente a cuestionamientos legítimos de la prensa. Claro ejemplo de esto es la agresividad que utilizan algunas autoridades gubernamentales, inclusive ministros de Estado como el titular de Defensa, Rafael Rey el propio presidente de la república contra el diario La Primera que también denuncia a menudo que sus periodistas son excluidos de participar o acompañar a miembros del gabinete, en giras en las que si están incluidos numerosos medios de comunicación, como sucedió en febrero cuando el premier Velázques Quesquen visito a los damnificados por la lluvias en la región Huancavelica. Finalmente, organizaciones de prensa expresaron su rotunda condena ante el incidente protagonizado por el juez Raúl Rosales Mora, quien luego de llamar la atención del fotógrafo Carlos Saavedra de la revista Caretas, que realizaba su labor informativa, lo encañonó y amenazó con un arma de fuego. El juez, quien había sido cuestionado por intentar reponer a un polémico magistrado del Tribunal Constitucional, apareció en la caratula de la revista, apuntando su arma contra el reportero grafico.

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