Uruguay

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La libertad de prensa se vio afectada en este período por dos sentencias judiciales contrarias a la libertad de expresión, un proyecto gubernamental para incidir en los contenidos de las emisoras de radio y televisión, el anuncio del nuevo gobierno de que hará aprobar una nueva ley de telecomunicaciones sin especificar de qué se trata y la persistencia de dificultades para medios y periodistas de acceder a información pública. El período incluyó la parte más caliente de la campaña política que terminó el último domingo de noviembre de 2009, con la elección del ex guerrillero tupamaro José Mujica como nuevo presidente de la República. Durante la campaña, tanto Mujica (del gobernante Frente Amplio) como su rival Luis Alberto Lacalle (del opositor Partido Nacional) mantuvieron disputas y discrepancias con la prensa. La Suprema Corte de Justicia condenó en febrero a un canal de televisión privado y a dos periodistas, Ignacio Alvarez y Gabriel Pereyra, de Canal 10 a pagar una indemnización por US$5.000 por daño moral a una ex jueza penal, Ana Lima, por haber informado hace cinco años sobre una de sus sentencias en un caso de abuso infantil. La inquietud que invadió a individuos, analistas y organizaciones se fundamentó en los argumentos empleados por los ministros de la Corte, que desconocieron la nueva legislación que rige desde 2009 en materia de libertad de prensa, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya observancia ha sido mandatada a los jueces por las nuevas normas. El informe había sido titulado “La otra cara del abuso infantil” en el programa Zona Urbana del 18 de mayo de 2005, en el que se mencionó el caso de un hombre que había sido procesado con prisión por la jueza, que permaneció en la cárcel durante seis meses pero que luego fue absuelto por un tribunal superior, al considerarlo inocente. La Corte decidió castigar al medio y a los periodistas por la utilización de palabras que consideró “inadecuadas” y por entender que la información carecía de “interés público”. También advirtió en su sentencia que los ciudadanos comunes no tienen la suficiente “idoneidad” como para emitir opiniones “sobre la corrección o no de las decisiones judiciales”. La Corte empleó argumentos tales como que el “interés público” en las noticias “no sólo debe ser útil u oportuno para el informador, sino calificado por una necesidad social imperiosa”, que “el abuso en términos generales supone usar mal, excesiva, injusta e indebidamente el derecho” a la libertad de expresión y que debe exigirse a los periodistas “la mayor prudencia, proporcionalidad y razonabilidad en su ejercicio” debido al “indudable” potencial “lesivo” que atribuyeron a los medios de comunicación masivos, en razón del “poder social que ejercen al generar opinión pública”. Canal 10 resolvió hacerse cargo del pago de la indemnización de 5.000 dólares y liberar de esa responsabilidad a los reporteros condenados, porque la empresa entiende que “los periodistas actuaron correctamente”. Causa sorpresa que un periodista fue condenado por “difamación” contra un funcionario público a cinco meses de prisión en suspenso, cuando las nuevas normas vigentes en el país despenalizaron los delitos cometidos a través de la prensa. El presidente José Mujica anunció su voluntad de sancionar una nueva ley de telecomunicaciones en Uruguay durante su mandato, sin especificar sus contenidos. Mujica dijo que “el Estado no puede lavarse las manos” en este tema y debe “marcar la cancha”. “Esto no lo podemos dejar dispuesto al mercado. Es obvio que si lo dejamos a los más fuertes, se apropian de todo”, advirtió. Su esposa, primera dama y primera senadora del gobierno, Lucía Topolansky ya había dicho que Uruguay precisa “a gritos una ley marco” sobre este tema. “Esa gran orquesta (de medios de comunicación) hay que organizarla” por parte del Estado porque “no puede ser una cosa tan caótica”, afirmó. Mientras tanto, la ley de acceso a la información pública, que entró en vigor en 2008, no está siendo respetada por los organismos del Estado, obligados por ella a proporcionar información solicitada por la prensa o los ciudadanos comunes. Hechos más sobresalientes en este período: El 10 de noviembre el gobierno de Cuba coloca en una “lista negra” y declara “persona no grata” a una periodista uruguaya del diario El Observador, Patricia Madrid, impidiéndole así cubrir un Foro Global de Investigación en Salud, que se realizó en La Habana una semana después. La periodista explicó que cuando tramitaba su visa en la Embajada de Cuba en Montevideo, una funcionaria diplomática le dijo que no podría realizar “tareas periodísticas” si ingresaba a la isla. El 12 de noviembre se informa que la jueza de segundo turno Marta Haedo Alonso declaró “caduca” la pretensión de demanda por daños y perjuicios interpuesta por el ex senador oficialista Leonardo Nicolini y por su hijo, Leonardo Nicolini de la Cuesta, contra el semanario independiente Búsqueda. En febrero de 2007, Búsqueda publicó un artículo titulado “un senador del gobierno fue intervenido sin costo en un hospital del Estado luego de conseguir para él un carné de pobre (y) después del tratamiento quirúrgico, lo devolvió”. En el artículo se informó que el senador en cuestión era Nicolini —quien ocupaba la banca en representación del gobernante Movimiento de Participación Popular (MPP)— y se aportaron otros elementos informativos como que su hijo había realizado una declaración jurada falsa. Nicolini dejó su banca en el Senado, obligado a renunciar por la dirección del MPP. Fue además indagado judicialmente por el delito de estafa y la fiscal del caso pidió su procesamiento, pero un juez desestimó el planteo fiscal. El 16 de noviembre integrantes del personal de seguridad del candidato presidencial José Mujica y del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, agreden físicamente a dos fotógrafas, mientras cubrían la inauguración de la “Plaza Líber Seregni”. El 23 de noviembre el presidente Tabaré Vázquez envía al Parlamento un proyecto de ley para la “promoción de la cultura nacional en cine, radio y televisión”, que con el argumento de garantizar “el acceso a la diversidad cultural como un derecho humano esencial” y promocionar “los valores múltiples y particulares de la sociedad uruguaya”, crea una cuota obligatoria de 50% de programación nacional para los canales de televisión privados (70% para los públicos), de la cual 20% deberá ser de ficción (30% para los públicos). Además, fuerza a la producción de telenovelas y teleseries de ficción uruguayas. Al enviar el proyecto al Parlamento, el gobierno aludió a “la existencia de grandes monopolios transnacionales, con criterios esencialmente mercantiles y comerciales, que concentran la propiedad de empresas culturales y que disponen de poderosas redes que orientan y controlan la producción y distribución de contenidos a nivel global”. El proyecto prevé la obligatoriedad para los medios de televisión abierta privados, de emitir el 50% de su programación con producción o coproducción nacional, incluidos los rubros noticieros, deportes, revistas, variedades, periodísticos, documentales, concursos, entretenimientos y todo tipo de ficción. A su vez establece un mínimo de 20% de ficción nacional, incluyendo en ese concepto largometrajes, cortometrajes, telefilmes, telenovelas, seriales, comedia, drama, policial, programas de humor, videoclips musicales y difusión de espectáculos nacionales (teatro, ópera, recitales y conciertos, carnaval y otros). La iniciativa contempla la creación de un “Instituto de Mediación Cultural” (IMC) como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, integrado por tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo cuyas venias podrán ser aprobadas por mayoría simple en la Asamblea General. Las sanciones previstas van desde la simple observación hasta la revocación de la concesión. También se prevé la aplicación de multas por un monto que puede llegar hasta 100.000 dólares. El 29 de noviembre el presidente Tabaré Vázquez critica a la prensa por haber difundido noticias sobre una decisión del estatal Banco Hipotecario (BHU) para otorgarle a su hermano un préstamo de unos U$S 130.000 a efectos de adquirir una nueva casa en un barrio residencial de Montevideo “por razones” de “seguridad”. Según el presidente, su gobierno le hace “una guerra a muerte” al narcotráfico y su hermano Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia, es uno de los responsables de las políticas sobre ese tema. El 11 de diciembre el embajador de Argentina en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, acusado pública y reiteradamente de interferir en la política uruguaya por su respaldo desembozado a la candidatura del oficialista José Mujica, ataca al diario El País, al cual acusa de haber tratado de “sacar rédito político de una manera vergonzosa” de un conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una pastera finlandesa. El periódico consideró “inaudita” la forma en que el diplomático argentino ejerce su tarea. El 10 de enero el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusa al periodista uruguayo-boliviano Emilio Martínez de ser un “agente del imperialismo”, por haber publicado un libro, “Ciudadano X”, en el que el detalla críticamente el proceso político que encabezó quien fuera líder cocalero y luego primer mandatario. “Ciudadano X” fue uno de los libros más vendidos durante los años 2008 y 2009 en Bolivia. El 22 de febrero el periodista Rodrigo Morales, director del semanario Tres Puntos de Paysandú (380 km al noroeste de Montevideo) es condenado a cinco meses de prisión en suspenso por el delito de “difamación”, luego de haber publicado más de un año antes información sobre un supuesto involucramiento de autoridades policiales en el tráfico de drogas. El 8 de enero de 2009, Tres Puntos había informado que dos policías habían sido apresados por intentar ingresar al país un cargamento de cocaína desde Argentina. El semanario había agregado que otros policías podían estar involucrados en el delito y mencionó expresamente al subcomisario Ricardo Coelho. El 22 de enero de 2009, Tres Puntos amplió su información sobre las supuestas vinculaciones con el caso de Coelho. El 23 de febrero el juez Homero Rivero, de la ciudad de San José (100 km al noroeste de Montevideo), ordena al gobierno municipal a entregar al director del diario local San Jose Hoy David Rabinovich, información de interés público sobre la asistencia prestada a personas y familias pobres desde el año 2004, al amparo de la ley de acceso a la información pública vigente. La orden del juez no ha sido cumplida aún. El 11 de marzo la primera dama y senadora, Lucía Topolansky, arremete contra la prensa luego de haber declarado que discrepa con mantener en prisión a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y de haber propuesto aprobar una “herramienta” legal para que los jueces puedan decidir si dejan en la cárcel a esos individuos o los envía a cumplir reclusión domiciliaria. Las declaraciones de Topolansky levantaron gran resistencia en el gobernante Frente Amplio. Entonces, la primera dama dijo que la prensa “interpretó lo que quiso interpretar” y se lamentó de que “la gente cree que la prensa dice la verdad. Desgraciadamente, le creen”. El 12 de marzo la Organización de la Prensa del Interior (OPI) emite una declaración protestando por la ineficacia que está demostrando la ley de acceso a la información pública, en función de la inobservancia que los organismos mantienen sobre ella.

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