Colombia

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COLOMBIA El conflicto armado interno que padece el país sigue siendo la fuente de las mayores violaciones a la libertad de prensa. Los grupos paramilitares y guerrilleros han creado un clima de intimidación y violencia que traba el libre ejercicio de la profesión. En los últimos seis meses, tres periodistas han muerto por razones de oficio; han sido amenazados trece, de los cuales tres han salido del país; diecisiete fueron secuestrados por grupos guerrilleros y luego liberados. En el campo judicial hubo avances y retrocesos. Así como la fiscalía general de la nación ha hecho notable progreso en sus investigaciones sobre asesinatos de periodistas, se han producido preocupantes absoluciones de personas sindicadas de este crimen por parte de los jueces. Los siguientes son, en orden cronológico, los principales hechos que afectaron la libertad de prensa en Colombia. Octubre: El periodista Jorge Enrique Botero denuncia censura del Canal Caracol Televisión, que se negó a emitir su reportaje sobre los soldados y policías secuestrados por las FARC. Entra en funcionamiento el Comité de Protección de Periodistas del ministerio del Interior, creado por decreto en agosto del 2000 por iniciativa de la SIP. Este Comité lo integran la Fundación para la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Diarios, la Dirección de Derechos Humanos de la Policía, la vicepresidencia de la nación y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El 13 de octubre, más de cincuenta personas de localidad de Usme en las afueras de Bogotá tomaron de manera violenta el Canal de RCN Televisión. El hecho fue en protesta por un informe sobre la supuesta corrupción del alcalde de esa localidad. La ocupación duró un día y resultó herido el vigilante del canal. Un equipo periodístico de Gama Visión del Ecuador fue atacado en la frontera Colombo-Ecuatoriana. El periodista Carlos Bravo y el camarógrafo César Paredes fueron interceptados por un grupo armado no identificado que los insultó, les revisó el material grabado y luego les disparó. El conductor del vehículo quedo herido. Los periodistas Guillermo Aguilar y Carlos Aristizábal, de una emisora de Cali, denunciaron amenazas reiteradas del ELN por el servicio que prestaron a los secuestrados por ese grupo guerrillero a través su programa “Voces de Libertad”. Los dos periodistas fueron trasladados a Bogotá al amparo del Comité de Protección de Periodistas del ministerio del Interior. Noviembre: El 15 de ese mes fue asesinado en Pivijai, Magdalena, el periodista Gustavo Ruiz Cantillo quien dirigía un radio periódico en la emisora Radio Galeón. Su muerte causó consternación pues Ruiz Cantillo era un personaje muy popular. Por tratarse de una zona de marcada influencia paramilitar se cree que estos grupos pudieron ser los autores del crimen, aunque en el área también opera la guerrilla de las FARC. Su asesinato obedeció claramente a su condición de periodista. Un respetado periodista conocido como el “Profesor Yarumo”, Carlos Armando Uribe, a cargo de un popular programa ecológico en la televisión, fue secuestrado por un grupo del ELN en el municipio de Palocabildo en el Tolima. Fue liberado cinco días después. Un juez de Bogotá condenó a penas entre 45 y 60 años a tres hombres sindicados de ser los autores materiales del asesinato de los investigadores y periodistas Elsa Alvarado y Mario Calderón, ocurrido el 19 de mayo de 1997. La Fiscalía ha sindicado al jefe paramilitar Carlos Castaño como el autor intelectual de estas muertes. El 30 de noviembre fue asesinado en Florencia, Caquetá, Guillermo León Agudelo, periodista de la emisora Voz de la Selva. El ex presidente del poderoso sindicato petrolero, Unión Sindical Obrera,Edilberto Torres Monsalve, fue capturado como presunto autor intelectual del atentado contra el columnista del diario Vanguardia Liberal, Eduardo Pilonieta, el 14 de junio del 2000. Pilonieta se dedicaba a temas laborales y sindicales en su columna. Diciembre: Un grupo de 15 periodistas de distintos medios de comunicación fue secuestrado por un grupo de las FARC cuando se desplazaban a cubrir el ataque de este grupo guerrillero a la población de Granada, Antioquia. Los comunicadores fueron liberados tres días después sin que las FARC hubieran revelado el motivo de esta retención. La hipótesis de que el periodista y conocido humorista, Jaime Garzón, asesinado en Bogotá en agosto de 1999, fue muerto por los paramilitares fue validada por la Fiscalía General de la Nación, que sindicó al jefe de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, como su autor intelectual. El jefe paramilitar insistió en que nada tenía que ver con este crimen. El 13 de diciembre fue asesinado en Florencia, Caquetá, el director de la emisora La Voz de la Selva, Alfredo Abad, quien fue acribillado frente a su esposa por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Abad había abierto los micrófonos de su emisora a la población para que opinaran sobre las zonas desmilitarizadas del Caguán, donde el gobierno negocia con las FARC. El corresponsal de Caracol Televisión en el departamento de Nariño, Winston Viracachá, fue secuestrado por la guerrilla del ELN, que anunció que iba a juzgarlo por sus informaciones sobre el conflicto armado en esta región. Luego de enérgicas protestas del gremio periodístico, Viracachá fue liberado a los nueve días. El periodista Eduardo Luque de Radio Caracol en Florencia, Caquetá, denunció amenazas contra su vida por parte de los paramilitares. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía vinculó formalmente al sacerdote y dos veces alcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, a la muerte del periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado en marzo de 1993. Pese a que la Fiscalía encontró méritos para iniciar investigación penal contra Hoyos, se abstuvo de imponerle medida de prisión por falta de pruebas suficientes. Hoyos sigue vinculado a la investigación. Tres personas que habían sido sindicadas del asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en abril de 1998, fueron absueltos por un juzgado de Neiva, Huila. La determinación fue cuestionada por la fiscalía que había pedido sentencia condenatoria por este crimen, motivado por las denuncias de Carvajal contra la corrupción política en esa región. Enero del 2000: Salieron del país por amenazas contra su vida la destacada presentadora de televisión Claudia Gurisatti; la periodista de la Cámara de Representantes Martha Patricia Mora y el periodista de Caracol, Álvaro Dussán, quien denunció amenazas de las FARC y se acogió al plan de testigos de la fiscalía. En el caso de Claudia Gurisatti, el fiscal general señaló que las FARC tenían un plan para asesinarla. Febrero: La columnista del diario El Nuevo Día de Ibagué, Blanca Marina Toro, denunció amenazas contra su vida. Tras un confuso incidente en la ciudad de Cali, en el que un policía resultó herido a balazos, el corresponsal de Univisión en Colombia, Raúl Benoit, denunció que había sido un atentado contra su vida. La fiscalía investigó el hecho y llegó a la conclusión que se había tratado de un accidente de tránsito. El periodista Jorge Enrique Botero, quien había realizado un programa no emitido sobre los soldados y policías secuestrados por las FARC, recibió asistencia del Comité de Protección de Periodistas del ministerio del Interior. Botero denunció amenazas de los militares. Seis profesionales de distintos medios de comunicación que trabajan en el departamento del Cauca, fueron públicamente amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia, por ser supuestos simpatizantes de la guerrilla. La corresponsal de Radio Caracol en el departamento de Arauca, Soraida Ariza Mateus, fue víctima de un atentado dinamitero contra su residencia. Ariza había transmitido el 22 de febrero un informe sobre la alteración del orden público en esa región por parte del ELN. En su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en Colombia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sostuvo que los periodistas colombianos trabajan típicamente en una atmósfera de amenazas e intimidación creada principalmente por los grupos paramilitares y la guerrilla. Según Washington, muchos periodistas colombianos practican la autocensura para evitar represalias. Marzo: El tribunal Contencioso Administrativo condenó a la nación a indemnizar con dos mil gramos de oro a la familia del periodista Manuel José Martínez, asesinado en Popayán en septiembre de 1993. El veredicto encontró responsables al ministerio de Defensa y al ejército nacional porque el crimen fue cometido por dos informantes del batallón militar de Popayán y las armas utilizadas estaban bajo custodia de esa unidad castrense. Los autores materiales de la muerte de Martínez fueron posteriormente asesinados. No se ha identificado a los autores intelectuales.

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