Colombia

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COLOMBIA El conflicto interno que vive el país continúa siendo fuente de las más graves amenazas contra la libertad de prensa, en la medida en que sus actores armados, principalmente la guerrilla y los grupos paramilitares, son responsables de la mayoría de amenazas y actos de violencia contra la prensa. En los últimos seis meses, dos periodistas han sido asesinados por razones de su oficio; 17 han sido víctimas de actos de violencia, cinco han abandonado el país por amenazas y cuatro han sido secuestrados. En el campo legislativo existen varios proyectos de ley que contienen restricciones a la libertad de información y en el económico, la reforma tributaria que presentó el gobierno propone un impuesto al papel periódico y a la venta del ejemplar que, de aprobarse, colocaría a muchos diarios al borde del cierre. Según una encuesta de la Universidad de la Sabana de Bogotá, el 25 por ciento de los directores de medios colombianos de comunicación están amenazados. El sondeo incluyó a 50 directores de cadenas radiales, noticieros de televisión, diarios y revistas y fue dado a conocer a la comisión de la SIP que visitó ese mes a Colombia. Según el estudio, un 13 por ciento de los directores responsabilizó de las amenazas a la guerrilla y 10 por ciento a los paramilitares mientras un 7 por ciento culpó al narcotráfico. La Comisión de la SIP, encabezada por su presidente Tony Pederson, se reunió con el Ministro de Defensa y con el Fiscal General con el fin de analizar la falta de protección a los periodistas colombianos. En ese viaje, la SIP presentó la recién creada Unidad de Respuesta Rápida para seguir las investigaciones de las autoridades sobre asesinatos de periodistas en Colombia. Los siguientes son, en orden cronológico, los principales hechos que afectan la libertad de prensa: En marzo el cuerpo de la comunicadora María Elena Salinas Gallego, fue encontrado junto con los de dos guerrilleros del ELN en el municipio de San Carlos Antioquia. Salinas, quien trabajó como profesora en la facultad de Comunicación en la Universidad de Medellín, realizaba una investigación sobre la violencia en Antioquia. Los reporteros de Caracol Radio Luis Fernando Múnera y del Canal 5 de Palmira, Willy Maldonado, recibieron amenazas contra sus vidas de grupos paramilitates o de autodefensa, que acusaron a los periodistas de ser simpatizantes de la guerrilla El alcalde del municipio de El Banco, (departamento del Magdalena), Fidias Ospino Fernández, detenido por el asesinato del periodista Hernando Rangel Moreno, ocurrido el 11 de abril del 1999, quedó en libertad por orden de la fiscalía. El hecho causó desconcierto en los gremios periodísticos ya que el alcalde Ospino, era uno de los primeros detenidos en Colombia por autoria intelectual del asesinato de un periodista. En abril los periodistas del departamento de Santander iniciaron una jornada por la libertad con el fin de hacer un llamado a los grupos armados para que cesen sus actos de intimidación, secuestro y asesinato contra los profesionales del periodismo colombiano. El periodista Carlos Andrés Gómez y el camarógrafo Genaro Muñoz del “Noticiero Noventa Minutos” del Canal Telepacífico, resultaron heridos al explotar tres cargas de dinamita colocadas por el grupo guerrillero ELN durante un bloqueo de la carretera Panamericana realizado el 12 de abril por este grupo armado. Dos hombres armados asaltaron en el centro de Bogotá la sede de la revista Alternativa, y se llevaron el material de la publicación. Los atracadores encerraron a dos periodistas en el baño mientras se robaban los discos duros de las computadoras y otros documentos e investigaciones de la revista. Alternativa preparaba un informe sobre una presunta conspiración de la extrema derecha para tomar el poder. En mayo Mario Parra, periodista independiente de Arauca, salió del país luego de recibir amenazas contra su vida. Se presume que las amenazas contra Parra, quien dirigía un espacio informativo en la cadena Radial Caracol, vendrían de grupos guerrilleros que operan en la zona. El columnista de El Espectador, Antonio Morales, que había salido del país en 1999 por amenazas, denunció que su columna en dicho diario fue suspendida por el director Carlos Lleras de la Fuente tras un comentario irónico que hizo sobre un club social de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de los presuntos autores del asesinato de los camarógrafos Alberto Sánchez y Luis Alberto Rincón el 28 de noviembre de 1999 en Santander. Los tres detenidos, todos con antecedentes penales, habrían convencido a los periodistas de hacer un reportaje sobre elecciones locales en el municipio del Playón para luego asesinarlos. Un equipo de ocho periodistas de distintos medios fue atacado por desconocidos cuando se desplazaba en una lancha por el río Cimitarra. El grupo mostró sus equipos de prensa y una bandera blanca. Sin embargo, fueron atacados con disparos en dos partes de su recorrido. No se registraron heridos ni se identificaron a los autores del ataque. La periodista del diario El Espectador, Jineth Bedoya, fue retenida el 18 de mayo durante varias horas y salvajemente golpeada por un grupo de hombres presuntamente perteneciente a las autodefensas. El hecho se registró cuando la periodista ingresaba en la cárcel Modelo de Bogotá para realizar un reportaje sobre los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares allí recluidos. La Fiscalía General sindicó a Carlos Castaño jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Castaño negó toda responsabilidad en este crimen. En junio la reportera de la Cadena Radial Super, de Popayán, María Alejandra González Mosquera, salió del país luego de recibir amenazas de grupos paramilitares. María Alejandra, quien también trabajaba para una organización no gubernamental sobre comunicación popular, fue acusada por las autodefensas de pertenecer a un frente de las FARC. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Ignacio Gómez, salió del país tras amenazas de grupos paramilitares. Gómez, editor investigativo de El Espectador, se ha destacado por sus denuncias permanentes contra la intimidación de la prensa por parte de los grupos armados. El vocero de las FARC, Raúl Reyes, dijo en Madrid que los medios de comunicación no contribuyen a la paz y que los periodistas son objetivos válidos de secuestro. “Si un periodista tiene dinero debe pagar un impuesto”, sostuvo Reyes al referirse al caso de Guillermo Cortés, directivo del noticiero “Hora Cero”, que lleva cinco meses secuestrado por las FARC. El columnista Eduardo Pilonieta del periódico Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, fue herido de dos disparos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Hasta el momento se desconocen los autores y motivos del ataque. El Frente 19 de las FARC retuvo un camión del diario El Tiempo en la costa norte del país e incineró más de 3.000 ejemplares del periódico. Es la tercera vez en el presente año que la guerrilla intercepta a vehículos transportadores de ese diario. Marisol Revelo Barón, periodista del departamento de Nariño, fue asesinada en la puerta de su casa en el municipio de Tumaco por un sicario que huyó en una motocicleta. Todo indica que los móviles del crimen serían personales. En julio, agentes de la Fiscalía capturaron a dos hombres que trabajan para los paramilitares del departamento del Cesar, como los autores materiales del asesinato del editor del diario El Pilón de Valledupar, Guzmán Quintero Torres, muerto el 16 de septiembre de 1999 en esa ciudad. Durante los meses anteriores a su muerte Quintero Torres hizo fuertes críticas sobre atropellos de la fuerza pública contra la población civil en esa región. Continúa la investigación sobre la autoría intelectual de la muerte de uno de los más respetados periodistas de esta región. En agosto, 25 congresistas fueron demandados ante el Consejo de Estado por trabajar o escribir en medios de comunicación. El Consejo de Estado prohibió a los congresistas transmitir pautas comerciales por radio y televisión y por este motivo despojó de su investidura al senador Edgar Perea. El tribunal no se pronunció sobre los congresistas que escriben columnas de opinión en los diarios. El directivo de televisión Guillermo Cortés, fue rescatado el 14 de agosto por el Ejército luego de 205 días de secuestro, Cortés fue secuestrado el 22 de enero en su finca por las FARC en lo que se pensó era una retención para enviar un comunicado al gobierno y resultó ser un plagio extorsivo. La Corte Constitucional advirtió que los jueces no pueden dictar noticias al negar una acción de tutela de dos magistrados del Tribunal de Riohacha contra el diario El Tiempo. La Corte sostuvo que los jueces de la República sólo podrán intervenir en el trabajo de los periodistas cuando se oculten hechos o haya informaciones tendenciosas, falsas o infundadas, pero en ningún caso podrán dictar el texto de las rectificaciones o aclaraciones a que haya lugar. A su vez, la Corte insistió en que a los periodistas no se les puede obligar a observar el mismo grado de detalle y precisión técnica de una sentencia judicial cuando escriben sus informaciones. Agentes del Cuerpo Técnico de la Fiscalía realizaron un allanamiento en las instalaciones del Canal de Televisión RCN. El hecho suscitó una enérgica protesta de los directivos del canal y el Fiscal General desautorizó el procedimiento empleado por sus agentes, quienes pretendían obtener material audiovisual sin editar de una entrevista con un vocero de los grupos paramilitares. La corporación Medios Para La Paz fue víctima de un asalto en el que fue robado un disco duro del computador que contenía direcciones y datos personales de los más de 200 periodistas miembros de esa corporación. Se desconocen los autores del robo y no hay detenidos por este hecho. El Gobierno nacional anunció un programa especial de protección de periodistas que sean amenazados por defender y divulgar temas relacionados con los derechos humanos. El programa estará a cargo del ministerio del Interior, que se encargará de evaluar los niveles de riesgo de cada caso denunciado por los periodistas. En septiembre el veterano periodista retirado Nicolás Mora Dávila abandonó el país con su familia ante la notificación de un frente de las FARC que debía pagar una cuantiosa suma de dinero en el término de una semana. Mora Dávila fue durante muchos años periodista de planta de El Tiempo y presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. Carlos José Restrepo Rocha, director del periódico Tangente fue asesinado por paramilitares en el departamento del Tolima. El cuerpo de Restrepo Rocha, con 11 disparos en el cuello y en el tórax, fue encontrado con panfletos que a nombre de las autodefensas lo acusaban de estar al servicio de la guerrilla. El periodista, ex integrante del M-19, aspiraba al concejo municipal de la localidad donde había fundado su periódico. El periodista Hollman Morris, editor de la Unidad de Paz de El Espectador, abandonó el país luego de concluir que su vida corría peligro de continuar ejerciendo su profesión en Colombia. Morris cubría desde 1993 temas relacionados con la paz y los derechos humanos. El director de la revista Latinoamérica Internacional, Oscar Cuevas Gamboa, presentó ante la SIP denuncia contra la Fiscalía General por violación de los derechos humanos y la libertad de prensa. El caso se relaciona con una investigación iniciada en 1996 sobre importación de dólares realizada por Latinoamérica Internacional. La sede de la revista fue embargada y Cuevas Gamboa acusado de enriquecimiento ilícito. La revista ha denunciado violación del debido proceso, no práctica de pruebas solicitadas y pruebas falsas. Según su director, Cuevas Gamboa, el motivo de la persecución son “graves informaciones que la revista tuvo sobre la conducta del vice fiscal Córdoba Triviño”. La Corte Constitucional conceptuó que el editorialista y los columnistas de prensa deben constatar la veracidad de las premisas que fundamentan sus comentarios, al aceptar una acción de tutela que obligó al diario El Mundo de Medellín a rectificar un editorial. En marzo del 1993 la Corte sentenció que no había tutela contra opiniones y editoriales, pero cambió su doctrina al decir que ese principio general encuentra excepción razonable cuando el medio informativo difunde opiniones de terceras personas que no tienen identificación ni sustentación. La tesis de la Corte es que la libertad de opinión debe respetar las nociones de veracidad e imparcialidad consagradas en la Constitución y que cuando la opinión se fundamenta sobre hechos no veraces ésta se desnaturaliza. Recordó el Tribunal que los medios informativos no tienen carta blanca para mancillar injustificadamente el buen nombre y honra de las personas. El periodista Ramón Eduardo Martínez corresponsal de RCN Televisión, y su camarógrafo Rafael Guerrero fueron atacados a bala por desconocidos en San Cayetano (norte de Santander). El equipo periodístico acababa de grabar material sobre la renuncia de varios candidatos a la Alcaldía de San Cayetano por amenaza de paramilitares. El vehículo de los periodistas fue impactado por varias balas de fusil. Esa zona del país también es escenario de permanentes enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. La Asociación de Diarios Colombianos (ANDIARIOS) rechazó el impuesto que el gobierno pretende cobrar al papel y a la venta de periódicos. En un comunicado firmado por los principales diarios del país se dice que este tributo, sumado a la dramática recesión publicitaria que acompaña la actual crisis económica, colocaría a gran cantidad de periódicos al borde de un cierre definitivo de sus operaciones. En octubre el periodista Andrés Gil y el camarógrafo Gustavo González del Canal RCN de televisión fueron secuestrados por un grupo guerrillero del ELN. Los periodistas, que cubrían la quema de vehículos que realizaba este grupo en la autopista Medellín-Bogotá, fueron devueltos a las 24 horas. Al otro día, octubre 6, en la misma zona y por el mismo grupo del ELN, fueron secuestrados dos periodistas del diario El Colombiano: el reportero Jaime Horacio y el fotógrafo Jesús Abad Colorado. Los guerrilleros quemaron el vehículo del diario en el que se movilizaban los periodistas. Estos fueron liberados a las 48 horas. Finalmente, debe advertirse que en Colombia cursan actualmente distintos proyectos de ley en el Congreso que contemplan normas que contienen graves restricciones a la libertad de prensa. Se pretende, por ejemplo, que la rectificación, hoy suficientemente garantizada en la Constitución, sea objeto además del derecho de petición. También se pretende regular nuevamente la actividad periodística con definiciones peligrosas como la de que “el periodismo implica un riesgo social” y el establecimiento de figuras como la cláusula de conciencia. También se incluyen en estos proyectos figuras como la de una Defensoría Nacional de consumidores de medios de comunicación, un Consejo Etico Unico de periodistas y otras normas peligrosas para el libre ejercicio del periodismo.

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