Cuba

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CUBA El gobierno continúa con la misma línea dura de control sobre la prensa y los informadores independientes. Pueden inscribirse como fenómenos notables el arresto y expulsión de corresponsales extranjeros de paso en Cuba y una evidente intensificación del uso de los medios oficiales como mecanismo de propaganda política. Tres periodistas suecos fueron arrestados, interrogados y expulsados del país y una periodista francesa interrogada cuando iba a abordar un avión de regreso a su país. Los dos incidentes se produjeron en agosto. En los dos casos los periodistas habían tenido contactos y reuniones con representantes de la prensa independiente cubana. El asunto de la ofensiva propagandística en los medios de prensa, no es nuevo, pero se hace notar porque se ha desatado una campaña diaria con programas de televisión, promociones, mesas redondas y consignas políticas que ha reducido notoriamente los ya mínimos espacios noticiosos. En materia de represión directamente contra el periodismo alternativo, en esta etapa tiene el récord negativo el comunicador Luis Alberto Rivera, quien dirige un pequeño grupo de periodistas, la Agencia de Prensa Libre Oriental, en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre los meses de agosto y septiembre, Rivera ha sido objeto de media docena de acciones represivas directas, que incluyeron arrestos, interrogatorios, registros corporales en lugares públicos, amenazas de cárcel y acoso permanente, mediante chequeo de su domicilio y control sobre sus movimientos. Las presiones contra los periodistas independientes continuaron con diferentes rostros y modalidades en todo el país, pero en La Habana se llegó a una posición extrema. La niña Gabriela Céspedes, de dos años, hija de la periodista Dorka Céspedes, de la agencia Havana Press, fue expulsada en septiembre del centro infantil al que asistía por instrucciones de agentes de la Seguridad del Estado quienes ordenaron a la dirección separarla de la institución por considerar que “su madre realiza actividades contrarrevolucionarias”. Según las agencias independientes que funcionan en Cuba, unos 15 periodistas han sufrido en este período diferentes formas de represión. A principios de octubre fue detenido durante tres horas en una casa de seguridad y amenazado con la Ley 88, Jaime Leigonier Fernández, periodista independiente de la agencia NotiCuba. El periodista de 46 años fue sacado de su domicilio en la barriada capitalina Santos Suárez alrededor de las 2:45 p.m., por dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) que no informaron a sus familiares hacia dónde y porqué se lo llevaban. Tras su liberación, alrededor de las 5:00 p.m., Leigonier Fernández relató que lo llevaron a una casa de seguridad en un reparto habanero, donde entre otras amenazas, los agentes utilizaron la de aplicarle la Ley 88 por su labor informativa. El corresponsal se integró a NotiCuba hace un mes, lo que fortalece la visión de que la policía política ha tomado como blanco principal de sus últimos ataques a los que se incorporan al periodismo independiente. Esto tiene la finalidad de evitar la renovación del grupo y su lógico fortalecimiento tras el pasado declive por la salida al exilio de un considerable número de estos periodistas. La Ley 88 o Ley Mordaza establece hasta 20 años de prisión para los que informen sin permiso oficial con la supuesta intención de facilitar la aplicación de la Ley Helms-Burton contra Cuba con el concurso de otras personas, así como medidas suplementarias por parte del gobierno de Estados Unidos. El 9 de agosto agentes del Departamento de Seguridad del Estado que se hicieron pasar por periodistas de Cuba Press, penetraron en el apartamento en el que hasta julio funcionó la agencia y se llevaron cajas, archivos, material de oficina, revistas, libros de periodismo y documentación general de la agencia. A los periodistas presos no les fue mejor. Las requisas de la correspondencia y de los textos son constantes, cuando no se obstaculiza su tenencia. A Joel Díaz Fernández, director de la Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI), le retiraron todos los libros de la celda y le impiden recibir nuevos textos, incluso religiosos y de filosofía. Después de más de 80 horas de detención e interrogatorio, fueron liberados los periodistas de la agencia Havana Press, Jadir y Jesús Hernández, el pasado 18 de septiembre, quienes fueron amenazados con aplicárseles la Ley 88. También se les advirtió sobre un posible encausamiento por desacato y difusión de noticias falsas. La periodista Iria Rodiles, fundadora del periodismo independiente bajo el seudónimo de Ernestina Rosell, fue interrogada durante cuatro horas por agentes de la Seguridad del Estado, el viernes 15 de septiembre. A pesar del hostigamiento, se puede observar una mayor estabilización de los grupos de periodismo alternativo; se acaba de fundar una agencia en la provincia de Camagüey y se estima que el movimiento pueda seguir creciendo en los próximos meses. La policía niega sistemáticamente el permiso de salida del país a cuatro periodistas que ya tienen visas de Estados Unidos. Son ellos: Ohalys Vítores, Jesús Labrador Ruiz, Vicente Escobal Rabeiro y Gustavo Caldero. Se mantienen en prisión Bernardo Arévalo Padrón, Joel de Jesús Díaz Hernández y Manuel González Castellanos. Los tres periodistas están sometidos a regímenes severos, deficiente atención médica, mala alimentación y reciben regularmente tratos humillantes y ofensas. González Castellanos, según su familia, está confinado en la prisión de la zona oriental de Holguín, en una cárcel que presenta numerosos casos de tuberculosis y sida. En la actualidad continúan trabajando fuera del control estatal casi una veintena de grupos y algunos periodistas que no están integrados a ninguna agencia. Un grupo importante salió al exilio, aunque en la actualidad también se registra el ingreso a las agencias de nuevos periodistas jóvenes. Entre marzo y julio el periodismo independiente cubano se caracterizó por arrestos, retenciones y también un episodio violento donde los periodistas fueron golpeados por la policía en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. El hecho se produjo el 13 de julio mientras grupos de opositores depositaban una ofrenda floral en el mar para las víctimas del remolcador 13 de marzo, hundido por las fuerzas cubanas hace seis años frente a La Habana. La policía interrumpió la ceremonia a golpes y fueron afectados los reporteros Marilyn Lahera y José Antonio Reinier, de Santiago Press, que cubrían la información. Días antes, el 7 de julio, fue visitado en su residencia en La Habana el periodista Carmelo Díaz, director de la Agencia de los Sindicatos Libres, por un agente de la Seguridad del Estado que lo amenazó con llevarlo a prisión si continuaba dando informaciones sobre el tema obrero. El sábado 15 de julio, oficiales del Ministerio del Interior condujeron al periodista Ricardo González Alfonso a una residencia en las afueras de la ciudad y durante seis horas le interrogaron y trataron de convencerlo para que se convirtiera en agente secreto del gobierno dentro de las filas del periodismo alternativo. El comunicador denunció públicamente la propuesta. El domingo 16 de julio otros dos periodistas, José Antonio Fornaris y Osvaldo Céspedes, fueron retenidos por la policía cuando se disponían a asistir a una misa en una céntrica iglesia de La Habana, donde se habían congregado decenas de opositores para conmemorar el jubileo de los presos, según el calendario católico. En julio fue liberación el periodista Víctor Rolando Arroyo, que cumplió seis meses de cárcel en el penal Kilo Cinco y Medio, de la provincia occidental de Pinar del Río. Cabe señalar que en septiembre pasado, el gobierno cubano anunció que permitiría que dos compañías editoriales establezcan oficinas permanentes en Cuba. Las dos empresas son Belo Corp., propietaria de The Dallas Morning News; y Tribune Company, dueña de 11 diarios, incluyendo Los Angeles Times, The Chicago Tribune, The Baltimore Sun, The South Florida Sun-Sentinel, The Orlando Sentinel y The Hartford Courrant. The Dallas Morning News, the Sun-Sentinel y Chicago Tribune proyectan asignar corresponsales permanentes antes de finales de año.

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