El Salvador

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EL SALVADOR Como resultado de una misión de la SIP para promover la Declaración de Chapultepec, el Presidente de El Salvador aceptó una iniciativa sobre la formación de una comisión especial para revisar las leyes del país que constituyen un peligro latente a la libertad de expresión. El presidente de la Corte Suprema, Dr. Agustín García Calderón, después de la reunión con la SIP prometió que todos los fallos serían de dominio público. Los códigos Penal y Procesal Penal dejan a la subjetiva discreción de los jueces aplicar la reserva a ciertos juicios y facultan a la policía (mediante el artículo 243) a mantener la reserva de identidad a los capturados por diversos delitos. El artículo 272, por ejemplo, establece que “el proceso será público pero el juez podrá ordenar, por resolución fundamentada, la reserva parcial o total de un caso, cuando la moral, el interés público o la seguridad nacional lo exijan”. Se han producido algunos incidentes aislados y denuncias que afectaron la libertad de prensa. Varios medios en franca oposición al partido de gobierno alegan una discriminación en la distribución de la publicidad oficial. Luego de una serie de artículos publicados por El Diario de Hoy acerca de los gastos excesivos en remodelación de las oficinas de las fracciones políticas, viajes al exterior y comidas de los diputados, la asamblea legislativa ordenó al personal administrativo y a los diputados abstenerse de dar declaraciones a los periodistas sobre asuntos internos de la institución. La medida fue rechazada por diferentes fracciones y denunciada como “mordaza” por los medios informativos. El Congreso revocó la orden. En abril, un periodista del diario El Mundo fue herido por una bala de goma durante la disolución de una manifestación de sindicalistas del Seguro Social. Las autoridades judiciales redujeron la gravedad del delito. Persisten restricciones a los periodistas en casa presidencial, consistentes en el acceso controlado al presidente, regulación del número de preguntas por cada medio y resistencia del mandatario a dar declaraciones fuera del día señalado para ello, una vez a la semana. Después de una serie de reportajes publicados en El Diario de Hoy sobre el tema de intervenciones telefónicas que según alega el periódico, fueron facilitadas por una empresa de administración privada internacional (Telecom) y que tiene sustancial participación accionaria del estado salvadoreño, se suspendió casi el 80% de la publicidad de dicha empresa (que constituía la tercer empresa de mayor facturación para el periódico). En el reportaje se indicaba la detección del código B9 (que según documentos oficiales de telefonía indican señal de intervención), a los teléfonos de la residencia particular del editor jefe de El Diario de Hoy, un número de la redacción del mismo periódico, el número particular de Jorge Zedán, propietario de Canal 12 de televisión, así como la detección del mismo código B9 a más de doscientos teléfonos de diferentes personalidades de la vida pública, instituciones (como una gremial de homosexuales) y empresarios particulares. Telecom, además de la represalia publicitaria ha desmentido que ellos hayan escuchado alguna llamada telefónica y ha indicado que el código B9 constituye una disposición técnica para reenrutar llamadas cuando el sistema está congestionado.

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