Panamá

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PANAMA A pesar de que ha transcurrido más de una década desde que terminó el gobierno dictatorial en Panamá, todavía continúan vigentes muchas disposiciones legales que afectan la libertad de expresión y de prensa. Peor aún, recientemente se aprobó una ley que limita gravemente el acceso de los periodistas a la información pública, en base a criterios subjetivos. Pero las leyes, aunque lesivas a la libertad de prensa, son apenas parte del problema. Predomina en el Ministerio Público y en el órgano Judicial una actitud hostil hacia los medios de comunicación social y hacia los periodistas, en abierta violación al artículo 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Los hechos más relevantes que afectan la libertad de prensa son los siguientes: La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley sobre el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y el procedimiento administrativo general. A pesar de que se le pidió a la presidenta de la República que no sancionara el proyecto por considerar que atenta contra el derecho a la información pública, lo firmó y ordenó su publicación, convirtiéndose en la ley 32 del 2000. Actualmente, está pendiente de discusión un proyecto para revisar la ley y eliminar de ella lo que afecta al ejercicio del periodismo y lo relativo a la información pública. El 9 de mayo pasado, el director del diario El Universal, Carlos Ernesto González de la Lastra, convocó a una conferencia de prensa en la cual anunció su renuncia del cargo aduciendo presiones de la presidente de la República sobre la junta directiva del periódico. En ella anunció que denunciaría el caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa, cosa que no ha hecho, ni hará, porque las acciones mayoritarias de ese diario cambiaron de propietarios y González de la Lastra ha sido restituido en su antigua posición. El diario El Siglo publicó declaraciones de un abogado que cuestionaba al Procurador General de la Nación, ante lo cual éste decidió que se le había ofendido en su honor y decretó sin juicio previo la detención por ocho días inconmutables del director del diario. Al no poder ser localizado el Procurador dispuso el allanamiento del periódico sin tener facultad alguna para hacerlo, particularmente porque se trata de un asunto que le atañe directa y personalmente, por lo cual no puede actuar como juez y parte. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de detención dada por el Procurador y el director del diario El Siglo fue privado de la libertad por ocho días. El Procurador fundamentó su decisión en el ordinal 1° del artículo 33 de la Constitución, de acuerdo con el cual pueden penar sin juicio previo en los casos y dentro de los precisos términos de la ley los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas. La norma constitucional está regulada por el artículo 386 del Código Judicial que autoriza a los agentes del Ministerio Público a imponer sanciones sin juicio previo cuando están practicando alguna de las diligencias propias de su oficio, como podría ser una declaración, una indagatoria, o una audiencia. Pero ninguna interpretación permite aplicar sanciones al director de un diario que publica una noticia en la que, entre otras cosas, da cuenta de hechos ocurridos y publicados tiempo atrás, en los cuales el Procurador es parte directamente interesada. Sancionar sin previo juicio es aberrante, pero lo es más todavía si quien lo hace se convierte en juez y parte. Se han propuesto en la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley sobre distintas materias de interés para los periodistas. Uno de ellos procura reglamentar adecuadamente la facultad de imponer sanciones sin juicio previo, otro, establecer el libre acceso a la información pública y también se pretende hacer más estricto el derecho a réplica. Recientemente, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago A. Canton, recomendó que se despenalicen los delitos de calumnias e injurias y que se promulguen leyes sobre acceso a la información y habeas data.

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