Paraguay

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PARAGUAY La libertad de prensa se vio ensombrecida en este periodo por agresiones a medios de prensa y periodistas, así como medidas judiciales contraproducentes y proyectos de ley con los que los funcionarios intentan protegerse de la labor periodística. Si bien en el país no existe una ley de prensa, el cuerpo penal actúa con el espíritu de proteger al funcionario público, evitar la transparencia de la administración pública y amordazar a la prensa. Esta legislación se ha convertido en un arma que ya comienza a usarse amenazando a periodistas, diarios y ciudadanos con el “garrote” del juicio, favorecido por las posturas políticas polarizadas de los medios de comunicación. El 3 de octubre, Omar Jara, corresponsal del diario La Nación, en la localidad de San José de los Arroyos, 100 km. al este de Asunción, denunció que fue objeto de amenazas y agredido de palabras por parte de dos agentes de tránsito, debido a que el citado periodista se hizo eco de denuncias contra estos funcionarios de pedir coimas a los automovilistas para evitarles sanciones por presuntas infracciones de tránsito. El 4 de octubre, Richard Estanislao Gómez Caballero, detenido bajo sospecha de haber participado en el asesinato del vicepresidente de la República Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999, pero luego sobreseído libremente, presentó ante la justicia del crimen una querella criminal por presunta calumnia contra el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo. Gómez Caballero pidió para el mismo dos años de prisión y una indemnización de 3 mil millones de guaraníes (aproximadamente 850 mil dólares). El recurrente afirmó en su presentación que el diario Noticias le atribuyó en forma irresponsable la autoría material del magnicidio cuando el proceso que investiga el crimen estaba recién en su etapa inicial. La Cámara de Apelación, Primera Sala, de Ciudad del Este (330 km. al este de Asunción), confirmó el 5 de octubre pasado un fallo de primera instancia que condenó al periodista Héctor Guerín, director del diario local Vanguardia, a pagar una multa de 285 jornales de multa (5,8 millones de guaraníes o 1650 dólares), en una querella que le inició el gobernador del departamento (provincia) de Alto Paraná, Jotvino Urunaga, por los cargos de difamación, calumnia e injuria. El proceso se originó en publicaciones realizadas por el diario Vanguardia sobre presuntas irregularidades administrativas en la gobernación, basadas en informes de la Contraloría General de la República y denuncias de concejales departamentales. Fiscales electorales acusaron al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, de cometer delitos electorales y pidieron su procesamiento. ABC Color publicó dos editoriales en apoyo de uno de los candidatos de las elecciones para vicepresidente de la República realizadas el 13 de agosto, en la víspera y el día de las comicios, mientras la ley electoral prohibe la “propaganda electoral” dos días antes de la fecha fijada para la realización de los comicios.¬ Los fiscales pidieron a un juez el procesamiento de Zuccolillo por “violación expresa de los artículos 293 y 320 del Código Electoral”.¬ El artículo 293 prohibe, entre otras cosas, la realización de actos de proselitismo, una vez expirado el plazo mencionado.¬ El Art. 320 dispone que los responsables de los medios de comunicación que infringieran los plazos de propaganda electoral serán pasibles de penas de seis meses a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a 500 jornales mínimos.¬ Noticias también fue querellado por funcionarios del gobierno actual por denunciar un posible lavado de dinero con las reservas del Banco Central y por exigir la documentación de los automóviles del Presidente. Igualmente por criticar al presidente del Consejo Nacional de Deportes considerando que fue juez y parte en una licitación pública. El 28 de agosto, Zuccolillo declaró ante el juez del crimen Alcides Corbeta, en cuya ocasión reivindicó el derecho de opinar de los ciudadanos consagrado en la Constitución Nacional.¬ El juez prohibió al director de ABC Color salir del país y dispuso que éste debe presentarse en el juzgado los días 28, a las nueve de la mañana, cada dos meses. Estas disposiciones continúan vigentes.¬ El 15 de agosto, el local de la radioemisora Ñandutí fue atacado a pedradas, con botellas de vidrio y petardos, por manifestantes del Movimiento de Reconciliación Colorada (MRC), un sector interno del gobernante Partido Colorado. Los proyectiles rompieron vidrios de ventanales de la radio, aunque sin causar víctimas.¬ Elizabeth Palma, reportera del Sistema Nacional de Televisión (Canal 9), fue embestida por el vehículo guiado por Calixto Argüello, encargado de la seguridad del ex Contralor General de la República, Daniel Fretes Ventre, procesado por presuntos hechos de corrupción.¬ Palma sufrió graves lesiones y, según los periodistas que cubrieron el incidente, Argüello atropelló a la periodista “alevosamente” cuando la misma intentaba entrevistar al ex contralor.¬ El 18 de agosto, Argüello compareció ante el fiscal del crimen Raúl González, pero se abstuvo de declarar, aunque aseguró luego ante los periodistas que se trató de un “accidente” y que no tuvo intención de atropellar a la periodista. El 23 de agosto, el mismo fiscal ordenó la detención de Argüello.¬ El 22 de agosto, el diario Noticias denunció que fue objeto de amenazas de bomba y que la vivienda de una de sus periodistas, Marlene Franco, fue atacada a tiros.¬ El 21 de agosto, César Olmedo, reportero gráfico del diario La Nación, fue agredido a golpes y le fue destruida su cámara fotográfica, por parte de un policía del grupo de “antimotines” que intentaba desactivar una manifestación de trabajadores.¬ El 25 de agosto fue detenido el periodista Camilo Cantero, director de la radioemisora Libertad FM, de San Ignacio de las Misiones, 230 km. al sur de Asunción, y corresponsal del diario Ultima Hora de Asunción, en esa localidad. La detención fue por orden del juez del crimen Juan Carlos Paredes.¬ Cantero explicó que su caso se inició en un informe que presentó ante el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados sobre presuntos manejos poco claros realizados por el juez Mario Maidana, de San Ignacio, entre ellos falsificación de firmas.¬ El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó dicha denuncia por defecto procesal, sin siquiera haberla analizado.¬ Luego de permanecer seis días encarcelado, el periodista Cantero recuperó su libertad, pero con severas restricciones de su libertad de expresión y movimiento.¬¬ El mismo magistrado prohibió también a Cantero salir de Asunción, con lo que no pudo regresar de inmediato a la ciudad de San Ignacio, donde vive y trabaja.¬ ¬ César Martínez, corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Villarrica, 180 km al este de Asunción, fue agredido a golpes por Pedro Lomaquis, esposo de una funcionaria de la Gobernación del Departamento (provincia) del Guairá.¬ En sus artículos, el periodista había criticado algunas actuaciones de la citada funcionaria, a más de señalar que fue una “ferviente defensora” de la dictadura del general Alfredo Stroessner, derrocada en 1989.¬ Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó el Paraguay del 4 al 6 de septiembre, con motivo de la realización en Asunción del “Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec”.¬ ¬ La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que restringe la publicación del patrimonio y la solvencia económica de las personas. El proyecto, que es estudiado en el Senado, es considerado por analistas de la prensa y juristas como un potencial freno para que los periodistas puedan investigar la forma en que los funcionarios públicos consiguieron sus bienes, con lo que se consagraría la impunidad de los robos de los bienes del Estado que los mismos pudieran realizar durante el ejercicio de sus funciones.¬ Muchas opiniones señalan que el proyecto pone en peligro la libertad de prensa.¬ El 18 de mayo se produjo el intento de golpe de Estado y en la ocasión la radioemisora 9.70 fue ocupada por un grupo armado que lanzó proclamas sediciosas. El 19 de mayo fueron detenidos los directores propietarios de la radioemisora Asunción, Miguel y Adriana Fernández, y el director propietario de la radioemisora Nanawa, Juan Carlos Bernabé. El 20 de mayo, el Gobierno emitió un decreto ordenando la detención del periodista Hugo Ruiz Olazar, del diario ABC Color y corresponsal en Paraguay del diario Clarín de Argentina y de la Agencia France Presse, disponiendo su reclusión en una unidad militar, la Primera División de Infantería. Ruiz Olazar, sin embargo, ingresó en el local del diario desde donde promovió un recurso de habeas corpus contra el decreto de su detención, el que fue rechazado por el juez del crimen Gustavo Ocampos. No se concretó la detención de Ruiz Olazar, pero efectivos policiales montaron guardia frente al diario ABC Color como en la época de la dictadura de Stroessner, cuando también abundaron las medidas represivas contra la prensa. Otros hechos violentos afectaron a las radioemisoras Ybytyruzú, de Villarrica, a 250 km al este de Asunción, y a la emisora Asunción cuyos transmisores también fueron destruidos. El 14 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista radial Benito Ramón Jara Guzmán, con seis disparos en el cuerpo, en una calle de la localidad de Bernardino Caballero, a 400 km al norte de Asunción. Se desempeñaba como corresponsal en ese lugar de la radioemisora Yby Yaú, de la misma zona. El crimen no fue aclarado hasta el momento. Por último, el ingeniero Ricardo Canese, quien habitualmente escribe en distintos diarios artículos técnicos relacionados con el sector de la electricidad, denuncia que desde 1992 es objeto de una “sistemática persecución” a raíz de haber afirmado ante requisitoria de la prensa que “Wasmosy fue prestanombre de Stroessner en Itaipú”. Canese afirma que la persecución proviene del citado Wasmosy y de los “barones de Itaipú”, nombre con que se conoce a un grupo de empresarios que se beneficiaron con contratos por parte de la dictadura stronista en la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, la más grande del mundo, construida por Paraguay y Brasil en el limítrofe río Paraná. Debido a ello, la “justicia” dependiente del poder Ejecutivo lo condenó a cuatro meses de penitenciaría en primera instancia en marzo de 1994 y a una multa de 7.500 dólares por “ofender” a Wasmosy. Cita también que en 1996, el diario La República de Montevideo publicó un artículo titulado “Wasmosy robó 29 millones de dólares”, basado en una auditoría interna de la propia entidad binacional Itaipú. El entonces presidente paraguayo Wasmosy querelló al diario uruguayo y consiguió que una jueza de ese país dictara la prisión de su director.

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