Puerto Rico

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PUERTO RICO Durante este semestre han continuado las críticas, agresiones verbales y físicas a los periodistas puertorriqueños. También se ha comenzado un proceso para derogar la difamación criminal de los estatutos vigentes. Varios casos relacionados con la Libertad de Prensa se han estado viendo en las cortes estatales y federales de Puerto Rico. Estos acontecimientos se pueden dividir en tres tendencias: • La labor de la prensa puertorriqueña ha sido seriamente afectada en la cobertura de la controversia entre la Marina de los Estados Unidos y civiles que favorecen que cese el uso de la isla municipio de Vieques para maniobras de Guerra de la Marina. • El gobernador Pedro Rosselló y miembros de su gabinete siguen acusando a la prensa de fabricar y politizar las noticias. • La violencia verbal y física se ha extendido a algunos sectores políticos, religiosos y de espectáculos. El 17 de agosto ocho de nueve periodistas arrestados y acusados de entrar ilegalmente a una zona controlada por la Marina en la Isla Municipio de Vieques, se declararon inocentes del cargo en la Corte de Distrito Federal de los Estados Unidos en San Juan. Inicialmente también se les prohibió regresar a Vieques, pero esa prohibición fue eliminada. La fecha del juicio no ha sido señalada. Los periodistas adelantaron que levantarán como su defensa la protección constitucional de la libertad de prensa y de expresión. Los ingresos de los periodistas que estaban trabajando fueron el 1, 17 y 23 de junio. En otro caso relacionado con las protestas en Vieques, un juez federal declaró que las bases militares no son foros de expresión pública. Los periodistas arrestados fueron Wanda Liz Vega y Camille Roldán, de El Nuevo Día; Carlos Webber y Santiago Santos, de TeleOnce; José Jiménez, de Primera Hora; Humberto Trías, de The San Juan Star; Walter Soto León y Edmundo Cid, del Canal 4/Televicentro; Aidsé Maldonado, corresponsal del semanario El Horizonte, y Mari Mari Narváez, del semanario Claridad. El 9 de agosto Radamés Torres, un reportero de la Cadena Radio Puerto Rico, fue agredido en el estómago y un hombro por un seguidor del alcalde del municipio de Villalba, Bernardo Negrón Montalvo, quien enfrenta cargos de extorsión. Tal parece que el sujeto estaba molesto con la prensa por reseñar la situación del alcalde, quien enfrenta cargos relacionados con su función en la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Otros simpatizantes del alcalde, que se encontraban en el lugar de los hechos, formaron un coro de insultos e improperios dirigidos a la prensa. El 4 de mayo el camarógrafo César Figueroa de TeleOnce fue atropellado por un automóvil de la escolta del gobernador Rosselló mientras cubría un piquete contra el Ejecutivo en una escuela. El fotoperiodista quedó tumbado e inconsciente y sufrió varias contusiones. Figueroa presentó una querella legal contra el chofer de la escolta del Gobernador por el delito menos grave de negligencia al conducir un vehículo de motor. El Tribunal no halló causa para enjuiciar al policía. La tensión entre el Gobernador y los medios volvió a surgir en una conferencia de prensa realizada el 29 de septiembre en la cual los periodistas comenzaron a interpelarlo sobre un reportaje publicado en El Nuevo Día, sobre el fracaso de la Reforma de Educación y un alegado maltrato a estudiantes de escuela pública por parte de algunos maestros. Rosselló abandonó abruptamente la conferencia de prensa, pero no sin antes responder con otras preguntas a las interpelaciones de los periodistas y acusar al periódico de criticar a su gobierno. En temas judiciales legales el 26 de octubre de 1999, El Nuevo Día acudió al Tribunal de Primera Instancia con una solicitud de mandamus para que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le diera acceso a la periodista Magdalys Rodríguez a documentos relacionados con la tasación y ofertas de compra de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento y los Hospitales Públicos vendidos durante el proceso de privatización de la Reforma de Salud del Gobierno. El Tribunal emitió un fallo a favor de El Nuevo Día, el 27 de septiembre del 2000. Luego de un intento de apelación fallido y que el Tribunal Supremo se negara a ver el caso, el BGF comenzó a darle acceso a los documentos a la periodista.

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