Uruguay

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URUGUAY En este último semestre se dio un serio ataque a la libertad de expresión cuando el pasado 20 de agosto, el sindicato que agrupa a los vendedores de diarios de Montevideo decidió no distribuir la edición correspondiente a ese día del diario El País, y amenazó boicotear las siguientes ediciones. La medida obedeció a la exigencia gremial de que la empresa periodística se retractara de los términos de una nota informativa publicada en la edición anterior, referida al precio de venta de los ejemplares y el porcentaje de ganancia de los vendedores y distribuidores, y además hiciera público el nombre de su redactor. Ante la firme actitud asumida por la empresa, de no ceder a los requerimientos y el respaldo que le otorgaron autoridades públicas y entidades periodísticas como la Asociación de la Prensa Uruguaya, luego de gestiones de mediación realizadas personalmente por el primer vicepresidente de la SIP, Danilo Arbilla, el sindicato dejó sin efecto las amenazas. Sin embargo, debe consignarse que la distribución del diario no pudo canalizarse ese día a través de los medios normales. Actualmente, se han planteado gestiones para formar una comisión mixta que elabore una fórmula que satisfaga a los intereses de ambas partes, pero que al tiempo de poner fin a un sistema que data desde hace cerca de 70 años, que no tiene respaldo legal y no se adapta a la realidad, adecue la distribución y comercialización de los medios de prensa escritos a todas las posibilidades que ofrecen los cambio tecnológicos y el mundo actual. Se observan también con preocupación algunas prácticas periodísticas tales como plagios desembozados por parte de medios sin la más mínima ética requerida y sin ningún tipo de profesionalismo y con presumibles intenciones ideológicas, que provocan, además de los daños propios, confusión en la opinión pública y dudas sobre los reales valores de la libertad de prensa. También inquieta la demora a nivel de los ámbitos judiciales de las investigaciones que se realizan por la intervención o interferencia en las comunicaciones telefónicas de un medio de prensa, concretamente el semanario Búsqueda, ya sea por parte de autoridades policiales cuyos ilegítimos resultados han sido manejados por un alto jerarca de la Policía. Este hecho fue denunciado al Fiscal de Corte por los periodistas del semanario y la Asociación de la Prensa Uruguaya (Sindicato de Periodistas) y pese a que según a la información que se tiene existen ya elementos muy elocuentes sobre los responsables, directos o en clara complicidad con ellos, no ha habido ningún tipo de decisión. Esta lentitud en la Justicia también se ha notado en un juicio planteado contra el más alto jerarca policial por los presuntos delitos de simulación de delito y calumnias sobre los cuales no obstante los elementos surgidos en poder de la SIP, llama la atención la demora a nivel de la fiscalía correspondiente. Esto tiene que ver con la acusación sin pruebas que formulara a mediados de marzo el máximo jerarca policial contra el vicepresidente primero de la SIP, Danilo Arbilla, vinculándolo gratuitamente a operaciones de lavado del dinero del narcotráfico, amparándose en supuestas informaciones provenientes del exterior, ya sea de Estados Unidos, México y Argentina. El caso que fue archivado sin más a nivel judicial, y sumándose a que tanto representantes de los tres gobiernos citados anteriormente confirmaron oficialmente que en ningún momento tuvieron ningún tipo de participación en esas acciones, igual mereció un gran destaque por parte de alguna prensa de tipo escandalosa que, casualmente, según las denuncias realizadas por la SIP, ha sido la más beneficiada en el pasado por el arbitrario otorgamiento de la publicidad oficial. Precisamente, y tal como esta vicepresidencia regional y restantes miembros de la delegación uruguaya lo anticiparon a la asamblea de la SIP y directamente al Comité Ejecutivo, las denuncias realizadas a partir de la asamblea de Houston, dieron lugar a una campaña que en un principio se enfiló hacia la SIP, incluso con veladas amenazas a este vicepresidente, pero que después se centraron específicamente en la figura del primer vicepresidente de la SIP; sin reparar en cualquier medio y utilizando todo tipo de falsedades. Es de destacar que la campaña no tuvo los resultados esperados para sus propulsores, pero eso se debió a la responsabilidad de las autoridades uruguayas, en particular el presidente de la República Jorge Batlle, el vicepresidente Luis Hierro López y el ministro del Interior Guillermo Stirling. De no haber existido esta garantía podría haberse dado algo muy parecido a los casos que se repitieron en los últimos tiempos en el Perú de Montesinos. El jerarca policial fue sancionado y pasó a retiro. Sin embargo, la demora en la justicia, más precisamente a nivel de fiscalías, no ha permitido dilucidar el tema en todos sus extremos lo que aun permite mancillar en parte el nombre de la víctima, que fue el propósito de toda esta campaña. Cabe informar que en las últimas semanas los miembros de la SIP del Uruguay entregaron más material tanto al Poder Ejecutivo como a la Justicia, sobre el otorgamiento arbitrario de publicidad oficial para que se propicien las investigaciones y se adopten las medidas correspondientes. El 2 de mayo el comentarista deportivo Julio César Sánchez Padilla, director del programa “Estadio Uno” del Canal 5 del estado, fue víctima de un atentado en el que resultó herido después de que desconocidos le dispararan en varias ocasiones. En este país existe la vía criminal, además de la civil, para los juicios por delitos cometidos a través de la prensa y esa vía, como es notorio, ha sido condenada y rechazada por todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión del continente y del mundo. Sin embargo, la vigencia de esa posibilidad en el Uruguay es aprovechada en muchos casos por personas públicas o de conocimiento público y muchos profesionales que recurren a esa condenable vía para confundir a la opinión pública, tratar de atemorizar y procurar que no se les desnude ante el público con la amenaza de mandar a los periodistas a la prisión mediante el auxilio de los tribunales.

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