Costa Rica

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COSTA RICA Las más serias amenazas para la libertad de prensa e información en Costa Rica en este semestre surgen de tres fallos judiciales. Los precedentes establecidos por las sentencias limitan la libertad por la vía de las sanciones económicas y penales, impuestas al amparo de un marco jurídico estrecho, que los jueces interpretan con criterio restrictivo. Este es el resumen de los hechos: 2S de junio. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria por injurias por la prensa contra los periodistas de La Nación Ronald Moya, José Davíd Guevara y Eduardo Ulibarri. El fallo de primera instancia es desmesurado, tanto por la condena penal al pago de varios días de multa, como por la obligación de indemnizar con $10 millones de colones (US$34 mil) al querellante (el ex ministro de Justicia Juan Diego Castro) y por la orden de publicar la sentencia en las primeras páginas del diario, que serían al menos siete. Esa publicación abarcaría la mayor parte del espacio dedicado por La Nación a sus secciones de noticias nacionales y de sucesos, aparte de la página dos, dedicada a otros temas de interés. La medida se convierte en una censura, por la imposibilidad de publicar allí las informaciones dichas y porque se le arrebata a la redacción del diario la potestad de jerarquizar sus informaciones, que es labor fundamental de los periodistas. La información publicada el 19 de septiembre de 1997 por La Nación sobre el uso de un vehículo gubernamental y armas oficiales en favor del entonces ex ministro Castro se originaron en una denuncia planteada en conferencia de prensa por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP). Los jueces no tomaron en cuenta los textos completos de las publicaciones querelladas, sino sólo las partes sacadas de contexto por el Lic. Castro en su acusación. Menos aún se tomó en cuenta que, además de la información y el editorial publicado al respecto, La Nación, como parte de la secuencia informativa del caso, publicó el 20 de junio, un resumen de las declaraciones de descargo que el Lic. Castro había dado al programa "Nuestra Voz" de Radio Monumental, así como una breve entrevista con su chofer. 20 de julio. La empresa Teletica Canal 7 de televisión fue condenada al pago de una indemnización de S millones de colones (US$17 mil) por daño moral causado por la emisión parcial de un derecho de respuesta del exministro de Obras Públicas, Bernardo Arce. En octubre de 1996, el Noticiero de Teletica informó sobre anomalías en la Dirección General de Aviación Civil, a cargo de la cartera del Ing. Arce, quien entregó al noticiero una respuesta filmada. La respuesta fue transmitida en tres ediciones del noticiero, pero el Ing. Arce alegó que la información original se difundió en cuatro ediciones. El 17 de enero de 1997, la Sala Constitucional, encargada de resolver litigios sobre el derecho de respuesta, ordenó al noticiero completar la transmisión difundiendo la respuesta del Ing. Arce en la edición que faltó (la de mediodía) y condenó al pago de daños y perjuicios. La Sala también ordenó que la transmisión se hiciera "sin interrupciones ni comentarios", pues el noticiero intercaló en la transmisión del derecho de respuesta explicaciones sobre las críticas del Ing. Arce. 27 de julio. Una empresa pretendió comprar un espacio publicitario en un suplemento que la Cámara de Detallistas publicó en el periódico La Nación. La Cámara no quiso que el diario vendiera ese espacio porque en su criterio, la empresa no pertenece al gremio. La Sala Constitucional dio la razón a la empresa cuando alegó que se le había restringido la libertad de expresión y condenó en abstracto al pago de daños y perjuicios. Aunque en su recurso de amparo la empresa alegó que había dejado de vender 60 mil colones por el rechazo del anuncio, en el trámite de ejecución de sentencia pidió una indemnización de 99,6 millones de colones (US$339 mil). El juzgado dictó embargo contra La Nación por esa suma, que después bajó a diez millones de colones (US$34 mil) gracias a un recurso interpuesto por el diario. La desproporción entre el supuesto daño admitido por la empresa y la suma embargada no puede ser más obvia. En el caso de un medio menos solvente, el embargo por esas sumas podría conducir a una seria crisis en las finanzas de la compañía. La Comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que intenta introducir importantes avances en la legislación nacional. En concreto, deroga el artículo siete de la antigua "Ley de Imprenta", que fija una responsabilidad penal solidaria para los editores por los delitos que cometan terceros en sus medios de comunicación. También amplía de siete a 15 días el plazo para contestar una querella, lo que mejora las oportunidades de defensa de los periodistas. Además, intenta incorporar a la legislación costarricense una disposición similar a la que rige en el Código Penal argentino para eximir de responsabilidad a quien sólo haya prestado los medios materiales para la difusión, publicación o venta de las manifestaciones que resultan injuriosas, calumniosas o difamatorias. En su aspecto medular, la iniciativa amplía las posibilidades de defensa más allá de la prueba de la verdad, que hasta ahora ha sido el único escudo de los periodistas costarricenses frente a las querellas. El texto propuesto se encamina a admitir la posibilidad de inexactitudes no punibles, siempre que el informador haya actuado con la diligencia debida, sin deseo de ofender ni espíritu de maledicencia.

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