Cuba

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CUBA La situación de la prensa alternativa cubana se mantiene en este período en estado estacionario. Se producen arrestos esporádicos, de una forma selectiva. Desde marzo de 1999 cuando se puso en vigor la ley 88 -conocida como ley mordaza- no se realizan arrestos masivos de periodistas, pero las autoridades sostienen una vigilancia permanente sobre el desempeño de sus actividades. En estos momentos están cumpliendo penas de cárcel los siguientes comunicadores: Bernardo Arévalo Padrón, en la prisión de Ariza, provincia de Cienfuegos, condenado a 6 años por un delito de desacato al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage. Jesús joel Díaz Hernández, condenado a 4 años por un supuesto delito de peligrosidad, en la cárcel de Canaleta, Ciego de Avila. Manuel González Castellanos y Leonardo Varona, 2 años y medio por desacato al presidente Fidel Castro, en la prisión El Típico, en la provincia de Holguín. El episodio más notorio de los últimos tiempos se desarrolló el 24 de septiembre de este año, en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. Allí la Policía Política arrestó al periodista Santiago Santana cuando éste se disponía asistir a una misa en la catedral provincial. En el momento de su detención se le confiscó una grabadora y una cámara fotográfica. También en esos días fueron arrestados por espacio de varias horas los periodistas Osvaldo de Céspedes, Pablo Polanco y María del Carmen Carro. Otros han sido interpelados por agentes en las calles o en sus residencias y amenazados con la aplicación de la ley 88. En realidad, aunque la legislación está vigente, no se ha aplicado a nadie hasta ahora. Continúan los cortes telefónicos a los corresponsales tanto en llamadas nacionales como internacionales. En la actualidad funcionan en el territorio 20 pequeñas agencias de prensa que agrupan a un centenar de periodistas, colaboradores y aprendices. Este dato se obtuvo de una investigación directa, realizada por el periodista Ricardo González Alfonso, con los directores de los grupos. A pesar de la proliferación de agencias especializadas y asentadas en provincia, después de la entrada en vigor de la ley 88 han salido de Cuba o han solicitado su salida dos docenas de corresponsales. En este grupo se encuentran algunos de los que estaban realizando una labor destacada dentro del periodismo alternativo. El gobierno cubano negó el permiso de viajar al periodista Raúl Rivero, que recibió una mención en el prestigioso premio Maria Moors Cabot, que otorga anualmente la Universidad de Columbia, Nueva York. En los primeros seis meses del año los periodistas fuera del control estatal vivieron un clima similar al que se respiró en la etapa anterior y posterior a la visita del Papa en 1998. Se trataba de un ambiente de tolerancia en el que la presencia policial se había hecho más disimulada y disminuyeron notablemente las detenciones y el acoso. Se produjo lo que puede llamarse una represión selectiva, contra algunos comunicadores, como Lorenzo Páez Núñez, que trabaja en la zona de Artemisa, uno 60 kilómetros al oeste de La Habana. Este periodista, que ya cumplió una sanción de 18 meses por un supuesto delito de difusión de noticias falsas, fue hostigado frecuentemente por las autoridades de su municipio y se le ha amenazado con aplicarle la ley 88. En ese sentido también ha recibido amenazas el corresponsal jesús Labrador Arias, en la provincia oriental de Manzanillo, 900 kilómetros al este de La Habana. Dos comunicadoras de La Habana, María de los Angeles González Amaro, y Aurora García del Busto, también reportaron episodios en los que la policía o instituciones paramilitares las amenazaron y hostigaron. Se mantiene como un elemento ya peligrosamente natural en el trabajo de los periodistas independientes los cortes de las comunicaciones telefónicas. Aquí es importante destacar la complicidad de la ETECSA, empresa del gobierno cubano, que trabaja con capital italiano y tiene importantes convenios con compañías norteamericanas.

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