Panamá

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PANAMA A pesar de las muchas promesas de varios gobiernos, continúa aún vigente la legislación restrictiva de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo. Los principales hechos ocurridos durante el período son los siguientes: En base a una disposición del Código Electoral, las autoridades competentes prohibieron la publicación de encuestas sobre preferencia electoral, por no haber registrado previamente los datos técnicos. El diario El Panamá América fue sancionado con 10 mil dólares de multa porque según el Tribunal Electoral no cumplió oportunamente con el requisito. El mismo Código también prohibe la publicación de sondeos de opinión durante los diez días anteriores a las elecciones, lo que equivale a censura previa. El pasado 22 de abril, La Prensa publicó los resultados de una encuesta que favorecía a la candidata de oposición -presidenta de la República- Mireya Moscoso. Alrededor de 20 mil ejemplares del diario fueron retirados de circulación por adeptos al partido gobernante en ese entonces, quienes lo compraron a los distribuidores por arriba de su precio. Se interpusieron las denuncias pertinentes con mención específica de nombres, lugares y testigos de los hechos, pero hasta la fecha la investigación no ha progresado. Continúa la práctica de hostigamiento judicial contra periodistas y sus fuentes, a través de querellas por calumnia o injuria, y continuas citaciones para 'diligencias judiciales', ampliaciones de indagatorias o declaraciones juradas carentes de fundamento legal alguno. Así ha ocurrido con los periodistas Herasto Reyes, José Otero, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, Carlos Singares, Marcelino Rodríguez, Carmen Boyd, BIas Julio, Jorge Prosperi y muchos otros que trabajan en medios de comunicación escritos, radiales y televisados. El gobierno anterior, en las postrimerías de su mandato, prometió derogar la Ley 11 de 1978, que impone severas restricciones a los medios de comunicación social impresos. En lugar de cumplir lo prometido, propuso subrogar la ley por otra igualmente restrictiva. Ante la reacción adversa de casi todos los medios de comunicación, el proyecto fue retirado antes de ser debatido. El pasado 6 de septiembre, el nuevo gobierno designó dos comisiones ad hoc, integradas por periodistas y abogados para que estudiaran las leyes restrictivas de la libertad de prensa, prepararan anteproyectos de ley para derogarlas e hicieran recomendaciones para despenalizar la calumnia y la injuria. Los trabajos de las comisiones progresan satisfactoriamente, pero se requiere tiempo antes de que culminen su labor, dada la gran cantidad de disposiciones restrictivas que se encuentran dispersas en casi todos los códigos y muchas leyes de la República. El 27 de septiembre pasado, el legislador de la coalición de Gobierno, Arturo Araúz, propuso ante la Asamblea Legislativa un proyecto para derogar dos de las leyes más lesivas a la libertad de prensa, por considerar que su derogatoria contribuiría a que las comisiones ad hoc pudieran concentrar sus esfuerzos en tareas más delicadas y polémicas, El proyecto se encuentra pendiente de discusión.

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