Venezuela

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VENEZUELA Se han propuesto modificaciones sustanciales en la redacción de la garantía correspondiente a la libertad de expresión en la nueva Constitución, que está siendo redactada por la Asamblea Constituyente. Esta propuesta desconcierta totalmente, puesto que hace pocos días el presidente de la República, durante la reunión que sostuvo en Washington con la Sociedad Interamericana de Prensa, dió seguridad total sobre el respeto invariable y libre de censura o presiones, puesto que esa sagrada libertad está por encima de cualquier otra, en el mundo libre. Dentro del articulado aludido se establece que "todos tienen derecho a la información oportuna, veraz e imparcial" e igualmente el derecho "a la réplica y a la rectificación cuando se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes". En otro de los artículos propuestos "se crea la figura del defensor del usuario de los medios para garantizar los derechos del mismo y atender sus quejas, sus reclamos o sugerencias sobre los contenidos informativos. La Ley regulará su funcionamiento". Otro de sus agregados establece que "para garantizar la independencia de los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, la ley regulará el ejercicio de la actividad periodistica y reconocerá el derecho a la cláusula de conciencia y a participar en el diseño y aplicación de las políticas informativas de los medios de comunicación social". El contenido de ese articulado, que no requiere de comentarios porque se explica por sí solo, pone en evidencia la clara intención por parte del Estado de controlar absolutamente la información, y utilizar a los periodistas colegiados como instrumento de su política futura. Esta situación ha sido rechazada por organismos de prensa locales e internacionales, tales como la Sociedad Interamericana de Prensa, el relator de Libertad de Expresión de la OEA, Santiago Cantón, Reporteros sin Fronteras, el Bloque de Prensa Venezolano y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Ha habido, sin embargo, algunos signos de cambio de actitud por parte del gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, señaló que "la información no tiene apellido y quien la debe procesar es el ciudadano". Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, en carta dirigida a la SIP, señala que "para la Asamblea Nacional Constituyente, la libertad de expresión es piedra angular del sistema político y, en consecuencia, la libertad de información no debe ser objeto de restricciones de ninguna índole". Otros incidentes dignos de nota son: La acusación en contra de Ben Ami Fihmann, director de la revista Exceso, y de la periodista Faitha Nahmens, sobre quienes pesa un prolongado juicio por difamación desde julio de 1997, por la publicación de un reportaje sobre el asesinato del comerciante Casto Martínez, acusación interpuesta por los abogados de la Sra. Ginebra Martinez. Durante dos largos años, Exceso ha sido objeto del acoso a través de un proceso legal. Mediante maniobras judiciales, pretenden los acusadores de la revista venezolana cometer un flagrante atentado contra la libertad de expresión. Pretenden, como muchos otros enemigos de la prensa libre, penalizar el ejercicio del periodismo. El último de los atropellos en este demorado juicio ha sido el diferimiento de la declaración de la prescripción penal como lo estipula el vigente COOP (Código Orgánico Procesal Penal). Finalmente, hay que resaltar el caso del Lic. Jorge Castro, columnista de diferentes medios de comunicación, que denuncia reiteradas amenazas y persecución en su contra por parte del Sr. Martín Pacheco, jefe de prensa de la Presidencia de la República.

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