Paraguay

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PARAGUAY Ha habido una serie de iniciativas que atentan contra la libertad de prensa y expresión, principalmente en el campo legal, con la restauración de una controvertida ley sobre propaganda oficial y la emisión de nueva legislación sobre publicidad comercial. También hubo agresiones contra reporteros. Grupos de prensa denunciaron la agresión a la función periodística protagonizada por personal de la Fuerza Aérea contra Hugo Cano, corresponsal del diario ABC Color, y Gabriel Alfonzo, corresponsal del diario Noticias en la ciudad de Ayolas, en el sur del país, ellO de marzo pasado. El incidente se registró cuando los periodistas cubrían un accidente aéreo que involucró a un avión de la Fuerza Aérea y en el que fallecieron dos oficiales del arma. Los militares maltrataron verbal y físicamente a los periodistas y velaron los rollos de películas utilizados en la ocasión. E111 de julio, el juez Jorge Bogarín concedió un recurso de amparo promovido por el director de la radioemisora Ñandutí, Humberto Rubín, contra la prohibición impuesta a la prensa por el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy para entrevistar al encarcelado general (r) Lino Oviedo. Entre sus fundamentos, el magistrado de la causa citó artículos constitucionales relativos a la libertad de expresión y prensa, a las libertades establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y distintas jurisprudencias. También reconoció que existe un derecho a la información y un derecho de la ciudadanía a informarse, los cuales han sido elevados al rango constitucional. E1 14 de julio, personal del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y de la jefatura de la ciudad de Pedro Juan Caballero reanudó la investigación para intentar esclarecer el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, ocurrido el 16 de abril de 1991. Por su parte, el senador del Partido Encuentro Nacional, Luis Alberto Mauro, propuso en el Parlamento que se destine un fiscal especial y se arbitren los fondos necesarios para que prosiga la investigación del crimen del mencionado periodista. E131 de julio, asociaciones periodísticas denunciaron presiones ejercidas por el gobernador departamental de Misiones, Egidio Ruiz Pérez, contra los periodistas Rafael Montiel y Celso Rivarola, corresponsales de los diarios ABC Color y La Nación, respectivamente, de Asunción. Los citados periodistas publicaron presuntas irregularidades cometidas por el actual gobernador cuando se desempeñaba como intendente (alcalde) de la ciudad de San Ignacio, en el citado departamento. El 27 de agosto, la Cámara de Senadores ratificó la sanción de la ley que reglamenta las propagandas en espacios pagados por las instituciones públicas, que había sido vetada en su totalidad por el anterior presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy. Este alegó que la citada legislación limita el derecho y obligación del Estado de informar a sus ciudadanos. La ley prohíbe a todas las instituciones del Estado, entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades la realización de propagandas pagadas en los distintos medios de comunicación social del país o del extranjero. En otro artículo, establece las excepciones encontrándose entre las mismas publicaciones de convocatoria a licitaciones, edictos en general, promoción de campañas de información y de educación rural y sanitaria, avisos de interés público y el auspicio de programas que difundan el folclore y cultura nacional, estableciendo además el monto del presupuesto a ser destinado para esos fines. Se exceptúa también la publicidad de empresas del Estado o mixtas que no sean monopólicas de hecho o de derecho y que compitan en el mercado. Penalistas, jueces, abogados y periodistas pidieron al congreso la revisión del artículo 87 del nuevo Código, que se refiere al decomiso e inutilización de ciertos productos, porque "su posible aplicación a medios masivos de comunicación atentaría directamente contra la Constitución". La solicitud se realizó durante un panel sobre el tema entre el 31 de agosto y 2 de setiembre. El artículo 151 del nuevo Código Penal, referido a la difamación, establece que las publicaciones no serán penalizadas cuando "no excedan los límites de una crítica aceptable". Se expresó el temor de que, en base al mismo, se pueda restringir la libertad de expresión o la libertad de prensa. El nuevo ordenamiento penal entrará en vigencia el 26 de noviembre próximo. El lO de setiembre, la Cámara de Senadores sancionó la ley sobre "publicidad y promoción de tabaco y bebidas alcohólicas", que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Dicha ley regula la publicidad de estos productos y establece sanciones para quienes la infrinjan. En ese sentido, determina que tanto la publicidad de tabaco como la de bebidas alcohólicas no podrán difundirse por televisión abierta ni por la de cable, cuando se trate de programas locales desde las 06.00 hasta las 20.00 horas, y por las radioemisoras de AM y FM desde las 06.00 hasta las 13.00 horas. De estas disposiciones se exceptúan los programas políticos, económicos y sociales y los noticieros del mediodía dirigidos al público adulto, así como las promociones de tabaco y bebidas alcohólicas y los auspicios de eventos sociales, culturales y deportivos locales e internacionales que hagan sólo referencia a la marca y no a la mecánica o promociones de consumo.

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