Costa Rica

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COSTA RICA La censura electoral, que por varios años había limitado el ejercicio de la libertad de prensa y expresión durante la campaña política, fue eliminada a finales de marzo gracias a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la misma institución que, hace tres años, terminó con la colegiación obligatoria de periodistas. Esta decisión fue, sin duda, el asunto más relevante para el periodismo costarricense durante el período que comprende este informe. También hubo otros hechos que se tratan posteriormente. El fallo de la Sala Constitucional se produjo ante una acción de inconstitucionalidad presentada en 1993 por la Cámara de Diarios Nacionales (CADINA), representada por los abogados Fernando Guier y Rubén Hernández. En su decisión, emitida el 21 de mayo, los magistrados declararon inconstitucionales varias normas del artículo 85 del Código Electoral que limitaban severamente la libertad de expresión y comunicación durante la campaña política. Las tres violaciones más serias que incluía el Código Electoral eran las siguientes: 1. Durante la campaña, limitaba la publicidad sobre temas político-electorales únicamente a los partidos y medios de comunicación inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así, se establecia una discriminación en contra de los ciudadanos y grupos no partidistas. 2. Concendía al TSE la potestad de censurar la publicidad de los partidos. 3. Establecia límites a la cantidad de anuncios que cada partido podía divulgar diariamente durante la campaña. Las dos primeras cortapisas a la libertad fueron eliminadas totalmente. Las limitaciones sobre el volumen publicitario se mantienen nominalmente, aunque de hecho se diluyen al permitirse a los ciudadanos y grupos no partidistas participar mediante anuncios en el debate electoral. Además, la sala, mediante una reforma al artículo 79 del Código, también eliminó la prohibición para que los partidos hicieran propaganda fuera del período de campaña. Se mantuvo vigente la prohibición de publicar encuestas políticas durante los días previos a las elecciones y el propio día de la votación, y el requerimiento de que las empresas encuestadoras se inscriban en el TSE. Otros hechos importantes durante el período fueron los siguientes: Tras una resolución de la Sala Constitucional contra el diario Extra en un caso de derecho de réplica, el Juzgado Quinto Civil de San José decretó un embargo preventivo contra ese periódico por la suma de 30 millones de colones (aproximadamente 130. 000 dólares). Esto condujo a que se le congelaran sus cuentas bancarias por varias semanas ya que el diario denunciara un grave peligro para su subsistencia económica. Posteriormente, el juzgado modificó las condiciones del embargo y liberó las cuentas. El fallo de la Sala Constitucional contra Extra, además de obligarlo a publicar una réplica por una información que había aparecido hacia dos años, lo condenó al pago de daños y perjuicios a los afectados. De acuerdo con la legislación costarricense, el daño se fija mediante un juicio civil, razón por la cual el caso pasó al Juzgado Quinto Civil de San José. Esta es la primera vez que se produce un embargo preventivo en un caso relacionado con el derecho de réplica. A mediados de junio se suscitó una fuerte polémica debido a que Alvaro Trejos, presidente ejecutivo de la revista Actualidad Económica y candidato a diputado del Partido Unidad Socialcristiana (en la oposición), ordenó cortar de una edición ya impresa de esa revista la hoja que contenía una columna de su director. El comentario, que es un elemento regular en la publicación, se refería a asuntos político-electorales y criticaba el cambio de rumbo que tanto el candidato de Unidad Socialcristiana, como el partido de gobierno, Liberación Nacional, habían tenido en relación con la política económica. El director de Actualidad Económica, periodista José Miguel Fonseva, había renunciado a su cargo tras confeccionar ese número de la revista, pero antes de que ésta fuera impresa. El Colegio de Periodistas investigó el caso y emitió una resolución de condena contra el señor Alvaro Trejos. Este, por su parte, se quejó de que no se le había dado el derecho a la legítima defensa y justificó la decisión de cortar la página en que el comentario del director Fonseca se refería a asuntos políticos, no económicos. El 16 de julio el diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser, del Nuevo Partido Democrático (minoritario) presentó un proyecto de "Ley sobre derecho a la información, derecho de rectificación y respuesta" . Su texto contiene aspectos positivos, como la eliminación del delito de desacato y de la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación y sus directores con los autores de eventuales calumnias. También introduce el secreto profesional de los periodistas y los protege cuando se les acuse por injurias o calumnias contra funcionarios públicos. Sin embargo, contiene cláusulas, como las referidas al derecho de réplica y al establecimiento de una suerte de "ombudsman" colectivo de la prensa, que implican aumentar las regulaciones e intromisiones públicas contra los medios de comunicación. El proyecto pasó a la consideración de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Por último, entre los asuntos relacionados con la libertad de expresión y prensa pendientes de resolución están los siguientes: Una acción de inconstitucionalidad presentada por el publicista Oscar Bákit contra los artículos de varias leyes que establecen distintos tipos de prohibición y censura contra a comunicación publicitaria. Una acción de inconstitucionalidad presentada por el empresario de cine Luis Carcheri contra la Ley de Espectáculos Públicos, por contener artículos que establecen prohibiciones, en lugar de sólo regulaciones, a la asistencia a varios tipos de espectáculos. La acusación por injurias y calumnias que el ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, Félix Przedborski, interpuso contra el periodista Mauricio Herrera y La Nación, quien publicó hace casi dos años una serie de revelaciones de medios de prensa europeos contra el empresario y diplomático.

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