Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS El 26 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la Ley de Decencia en las Comunicaciones (LDC). Esta ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Bill Clinton declaró que es un delito exhibir o distribuir a menores material "indecente" o "evidentemente ofensivo" a través de las redes computarizadas, en especial Internet. A los transgresores se les podía castigar con hasta dos años de cárcel y una multa de 250.000 dólares. Al formular la opinión unánime de la corte, el juez]ohn Paul Stevens dijo que la protección de los menores es del interés del país. Sin embargo, manifestó que ese interés no se sobrepone al derecho individual a la libre expresión. El juez Stevens rechazó las argumentaciones del gobierno en el sentido de que el no limitar la obscenidad "online" podría reducir el uso de Internet debido a los temores de los padres. El gobierno explicó que ese temor conduciría a restricciones por parte de los padres. "Hemos determinado que este argumento es singularmente poco convincente", dijo Stevens. "La enorme expansión de este nuevo mercado de ideas contradice la base factual de esta afirmación", agregó Stevens. Un elemento destacado de esta opinión es la distinción que se hace entre normas de radiodifusión y la Internet. La Suprema corte ha dado al gobierno amplia autoridad para reglamentar a las difusoras. Algunos temían que la corte daría una facultad similar al gobierno para regular a Internet. Sin embargo, la corte dictaminó que a Internet se le debería otorgar el más alto nivel de protección establecido por la Primera Enmienda. Stevens dijo que la comunicación entre computadoras no invade como ocurre con la televisión o la radio y que los usuarios de Internet en muy pocas ocasiones encuentran su contenido por accidente. La corte también indicó que la definición de la ley respecto a lo que constituye material "indecente" o "evidentemente ofensivo" es demasiado ambigua. Previamente cortes de menor instancias habían dictaminado que el estatuto era muy vago como para aplicarlo. También señalaron que esta ambigüedad combinada con la amenaza de un castigo judicial produciría un efecto paralizante. Las personas en forma individual se mostrarían renuentes a distribuir información acerca de la planificación familiar, la homosexualidad o las violaciones sexuales a través de Internet por temor a ser encausadas judicialmente. "En el marco de la tradición constitucional", expresó Stevens, "ante la ausencia de pruebas de lo contrario, presumimos que es más probable que las normas oficiales respecto al contenido de esos materiales interfiera en la libre expresión de las ideas en vez de alentarla. El interés por alentar la libertad de expresión en una sociedad democrática se sobrepone a cualquier beneficio teórico de la censura . La jueza Sandra Day O' Connor redactó otra opinión coincidente a la cual se sumó el presidente de la Corte Suprema William H. Rehnquist. O' Connor discrepó con algunas partes de la decisión de la corte. Argumentó que la razón del Congreso para aprobar la LDC fue en gran medida como concebir una ordenanza de distribución de zonas. Dijo que la leyera como exigir que las librerías limiten los materiales pornográficos a áreas solamente para adultos. Debido a que en la actualidad no se dispone de la tecnología, la LDC no se podría aplicar de una manera que proteja adecuadamente los derechos de los adultos a la libre expresión, dijo. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos se presentó un proyecto de ley que proscribiría cualquier producto de codificación que no permita a las fuerzas policiales acceso inmediato a los materiales protegidos. La propuesta está dirigida a todo, desde los "browsers" de la red informática a los teléfonos celulares. Sería la última y más restrictiva reforma de la Ley de Seguridad y Libertad a través de la Codificación (SAFE), un proyecto que originalmente instaba a reducir los limites a la exportación de productos de codificación. Después de ser aprobada sin cambios por las comisiones Judicial y de Relaciones Exteriores a comienzos de este año, SAFE fue esencialmente reformulada por las comisiones de Seguridad Nacional y de Inteligencia luego que las autoridades federales comenzaran a presionar activamente para conseguir nuevas restricciones en el uso doméstico de la codificación. La versión de SAFE aprobada por la Comisión de Seguridad Nacional haría marginalmente más profundas las actuales restricciones. La Comisión de Inteligencia, por su parte, aprobó algo similar a la enmienda que será presentada hoya la Comisión de Comercio por los representantes Mike Oxley, republicano por Ohio, y Thomas Manton, un demócrata de Nueva York. Ambos proponen lo que el director del FBI, Louis Freeh, ha dicho al Congreso que quiere: un proyecto que garantice que la decodificación de mensajes crípticos no sea más difícil que intervenir las comunicaciones telefónicas". "Esta enmienda no constituye un cambio de política", dijo Oxley en una declaración. "Simplemente asegura que el acceso tradicional y constitucional por parte de los organismos de la ley a las comunicaciones tras una orden judicial no sea anulado por la tecnología de la codificación". Sin embargo, los defensores de las libertades civiles dicen que la enmienda Oxley-Manton constituiría una violación de la Cuarta Enmienda porque los usuarios de la codificación no serían notificados cuando sus comunicaciones sean intervenidas por las autoridades policiales. "Esto significa que la policía tendría una clave secreta y furtiva para todo lo que esté a mano en todo momento y para usar cuando quiera", dijo Stanton McCandlish, director de programas de Electronic Frontier Foundation, un grupo para la defensa de los derechos cibernéticos con sede en San Francisco. "Eso es algo que realmente está mucho más allá de cualquier cosa que sea apropiada en un gobierno democrático". Al continuar la búsqueda de responsabilidades tras la muerte a fines de agosto de la Princesa Diana, los legisladores de todo el país están montados en la cresta de la ola anti-paparazzi. Varios proyectos de ley planteados por políticos locales, estatales y nacionales tienen como objeto limitar los esfuerzos transgresivos de los paparazzi. A comienzos de septiembre el representante republicano Sonny Bono (California), se sumó al ataque contra los paparazzi. Bono presentó el proyecto de "Ley para la Protección contra la Intrusión Personal", con el que se aplicarían multas y/o sentencias de cárcel a aquellos que acosen a ciudadanos estadounidenses en el mundo o a ciudadanos de otros países en Estados Unidos al tratar demasiado insistentemente de fotografiarlos o entrevistarlos. Bono definió el hostigamiento como "seguir en forma física y persistente o acosar a una víctima en circunstancias de que ésta tiene una expectativa razonable de privacidad y ha tomado medidas razonables para asegurar esa privacidad" (H.R. 2448). Una propuesta planteada por el líder de la mayoría del Senado de California, Charles Calderón (demócrata, Whittier) establecería una zona de neutralización de cinco metros entre los fotógrafos y los sujetos a solicitud de éstos. "El proyecto de la burbuja", dijo un asesor de Calderón, tendría como modelo "las restricciones impuestas a los integrantes de los piquetes contra las clínicas de aborto". Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en febrero de 1997 que esas "burbujas flotantes" de protección constituían una violación de los derechos de esos manifestantes en el marco de la Primera Enmienda. Calderón dijo en una declaración escrita que la presentación del proyecto sería "un punto de partida, un mensaje a los paparazzi y a los diarios sensacionalistas que compran sus fotografías de que no toleraremos el hostigamiento, la exhibición o el poner en peligro las vidas de las personas" (S.B.14). Otro senador de California, Tom Hayden (demócrata por Los Angeles), también pidió que se apliquen normas estrictas contra los paparazzi. Hayden todavía no ha presentado una propuesta específica, pero un borrador preparado a comienzos de septiembre de la "Ley de Hostigamiento de los Paparazzi-1998" expresó "inquietud ante el aumento del fenómeno de los paparazzi con su énfasis en la enorme recompensa comercial o botines por un comportamiento que plantea interrogantes respecto a la privacidad y el interés público". Un portavoz de Hayden dijo a The Hollywood Reporter, un diario de la industria del entretenimiento que el proyecto "reprimiría los excesos de los paparazzi y de los periodistas que andan en busca de recorn pensas" . La propuesta también crearía una "Comisión Investigadora de la Conducta de los Paparazzi", la cual haría recomendaciones a la legislatura estatal respecto a problemas como el impacto de la nueva tecnología, leyes de difamación y privacidad, el aumento del periodismo sensacionalista y posibles reformas.

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