México

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MEXICO La libertad de prensa se vio afectada en los últimos seis meses con 3 asesinatos, 4 secuestros, 20 agresiones y 3 amenazados de muerte. E 15 de julio, Benjamín Flores González, propietario y director de La Prensa, de San Luis Río Colorado, Sonora, fue asesinado a las puertas de su periódico. Una de cuatro personas le disparó 30 tiros de metralleta AK 47. Después, el asesino tomó una pistola del vehículo en que viajaba y remató a la VÍctima de dos tiros en la cabeza. Al momento del asesinato la modesta publicación que se caracterizaba por sus valientes denuncias, festejaba su quinto aniversario. Flores aparece en informes previos de la SIP al haber sido encarcelado por la acusación de un funcionario público a quien acusó de fraude. En el caso se acusó a Luis Enrique Rincón Muro de haber disparado el arma, ayudado por Vidal Zamora Lara, Carlos Pacheco García y José Francisco Benavides Avila, quienes fueron detenidos. Se sospecha que intencionalmente las autoridades que investigan el caso enredaron las pesquisas al no revelar la presencia de Carlos Pacheco García, alias "Román", quien es señalado por uno de los cómplices como el que disparó contra el periodista y continúa libre. El 20 de mayo Abel Bueno León, director del semanario La Crónica de Chilpandngo, en Guerrero, fue asesinado de un balazo en la cabeza luego de ser torturado por sus agresores. El 26 de julio, Víctor Hernández Martínez, periodista de la Revista Cómo, de la Ciudad de México, murió tras haber sido golpeado por unos desconocidos un día antes. En ambos casos las autoridades tienen frenadas las investigaciones y se desconoce la identidad de los agresores así como los móviles de los crímenes. Cuauhtémoc Ornelas Campos, editor de la revista Alcance, de Torreón, Coahuila, continúa desaparecido desde el 4 de octubre de 1995 y las investigaciones no han avanzado a pesar de las recomendaciones enviadas por la SIP a diversas autoridades de esa entidad. En los últimos nueve años 21 periodistas han sido asesinados en México; 14 han sido secuestrados y más de 288 fueron agredidos físicamente. Continúan impunes los asesinatos de Héctor "El Gato" Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza Contreras. Una escalada de agresiones contra la prensa capitalina se ha desatado a raíz de tres crímenes donde al parecer están involucrados policías. El 25 de agosto David Vicenteño, reportero del periódico Reforma, de la Ciudad de México, fue secuestrado, golpeado y amenazado de muerte por realizar investigaciones acerca de la desaparición de un agente judicial a quienes algunas fuentes identificaban como el doble del presunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. Vicenteño aparece en informes previos de la SIr, ya que el 6 de septiembre de 1996 le fue impuesto un veto informativo por el director de la Policía Judicial de la Ciudad de México. El 5 de septiembre, Daniel Lizárraga, de Reforma, pasó por lo mismo. Los agresores interceptaron a Lizárraga después de entrevistar a familiares de empleados de la Procuraduría General de la República involucrados en el traslado de cocaína en aviones de esa dependencia. Los agresores cuestionaron al comunicador por asuntos que Reforma no ha publicado aún, pero que investigan. El15 de septiembre, Ernesto Madrid y René Solorio, reporteros de TV Azteca, fueron secuestrados y agredidos físicamente por cuatro desconocidos quienes les cuestionaban el que estuvieran publicando reportajes contra la delincuencia organizada de la Ciudad de México. Otras agresiones: El 8 de abril, Néstor Olivares Medina, fotógrafo del periódico La Jornada, de la Ciudad de México, fue golpeado por comerciantes ambulantes al tomar fotos de un desalojo policíaco del que eran objeto los mismos agresores. El11 de abril, en Guadalajara, Jalisco, Salvador Chávez Calderón, reportero de TV 4 de Televisa, fue detenido y golpeado por policías municipales cuando cubría un asalto y la toma de rehenes a un negocio. El15 de abril, Francisco López Vargas, colaborador de El Sur, de Campeche, fue agredido por Alvaro del Carmen Arceo Concuera, quien ha sido juez civil y secretario general del Gobierno del Estado, al tratar de entrevistar a Layda Sansores, candidata a la gubernatura de Campeche por el partido político opositor PRD. Arceo Concuera, quien ha ocupado cargos de elección popular por el partido oficial PRI y actualmente es del PRD, ha sido denunciado por utilizar un periódico de su hermano para agredir y ofender a quienes no comulgan con sus ideas. El14 de mayo tres hombres armados con pistolas de grueso calibre sometieron a golpes a personal de El Sur, de Campeche, para que cese su línea crítica. Fueron agredidos Victoria Heredia Chávez, César Cortez Toroya, Estela Escalante Dzib y Dalia Aldana González, editores y auxiliares de redacción, así como a Candelario Coyoc RamÍTez y Lucy Maribel Chihi, de circulación y Javier Flores Cruz, vigilante. El 22 de mayo, en Chihuahua, Chihuahua, cinco reporteros gráficos fueron golpeados por agentes de Seguridad Pública Municipal al tomar fotos de un desalojo violento de varios indígenas tarahumaras. El 5 de junio, en la ciudad de Puebla, Hugo Meza y Fernando Corro Rosas, reportero y camarógrafo de Telecable, fueron golpeados por guardias municipales al filmar un desalojo en la plaza central de la localidad. El 31 de julio, cinco reporteros de Culiacán, Sinaloa, fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte por agentes de la Policía Judicial del Estado al tratar de obtener información sobre la detención de dos agentes federales y dos pseudoagentes que intentaron extorsionar a una persona. Los agredidos fueron Rafael Jiménez y Leobardo Espinoza, de El Debate; Georgina Calderón Gill, corresponsal de Televisa; Manuel Salas y Moisés Juárez, del Noroeste. El 3 de septiembre, en la plaza central de la Ciudad de México, el fotógrafo Raúl Urbina fue golpeado por elementos de Seguridad Pública cuando cubría el desalojo de un grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Los hechos ocurrieron al mismo tiempo que el presidente Ernesto Zedillo se reunía en privado con una comisión de la SIP para tratar el tema de las agresiones a los periodistas mexicanos. En cuanto a amenazas, el31 de marzo en Chilpancingo, Guerrero, fue secuestrada la hija de Miguel Cervantes Gómez, periodista de varios noticieros de radio del Estado, quien fue liberada sana y salva cuatro horas más tarde. Quince dias después Cervantes Gómez denunció oficialmente amenazas de muerte de desconocidos quienes pretenden que deje de investigar homicidios donde los responsables presuntamente fueron funcionarios de alto nivel del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. El 29 de mayo, Martín Alberto Mendoza, editor de Tribuna del Yaqui, de Ciudad Obregón, Sonora, fue amenazado de muerte por un presunto roba carros de la localidad por escribir acerca de talleres donde se desmantelan vehículos hurtados. Dos días después en la madrugada, individuos no identificados dispararon hacia el domicilio de Mendoza con la intención de intimidarlo y que se desistiera de la querella interpuesta contra quien lo amenazó. El 4 de agosto, María Idalia Gómez, reportera de El Economista, de la Ciudad de México, fue citada por la Procuraduría General de la República sin explicaciones. Durante más de cinco horas fue interrogada sobre un reportaje publicado en junio de este año acerca de Raúl Salinas, para que revelara sus fuentes y declarara ante la presencia de un juez, ya que se negó a proporcionar dicha información. Por otra parte, el 7 y 20 de marzo, los gobernadores Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, y Jorge Carrillo Olea, de Morelos, presentaron demandas por difamación debido a la publicación de un reportaje en The New York Times donde los involucran con el narcotráfico. Beltrones Rivera presentó la querella en la capital del país contra quienes resulten responsables, en tanto que Carrillo Olea lo hizo en el Estado de Morelos contra los reporteros Sam Dillon y Craig Pyles. La presentación de las denuncias en México fue interpretada por el gremio periodístico como una intimidación contra la prensa debido a que debió demandarse en Estados Unidos. El 17 de julio, Héctor Sánchez de la Madrid, director de El Diario de Colima, fue demandado penalmente y hostigado por un funcionario de alto nivel estatal por denunciar malos manejos en la Universidad de Colima cuando éste era rector. Actualmente Sánchez de la Madrid solicitó la protección de un tribunal federal para que se le respeten sus garantías constitucionales frente a dicha demanda penal. Sobre otros hechos sobresalientes en este período, el 16 de julio, directivos de El Momento, de San Luis Potosí, fueron despedidos por órdenes del procurador mexicano Jorge Madrazo Cuéllar, por publicar el 5 de julio el resultado de un sondeo de opinión sobre las elecciones locales que se realizarían un día después. La decisión se adoptó porque tal conducta está prohibida según la legislación electoral federal y local. EllO de agosto, el semanario Vertical, de Matamoros, Tamaulipas, fue víctima de un atentado cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov contra el edificio, incendiaron los archivos y lesionaron al columnista Melquiadez Pérez, en clara represalia por su línea noticiosa. El 3 de septiembre, en la Ciudad de México, una comisión de la SIP sostuvo reuniones con el presidente Ernesto Zedillo, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet y el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, donde se abordó el desarrollo de las investigaciones sobre la muerte de dos periodistas. La SIP demandó el esclarecimiento de las muertes de los periodistas mexicanos Héctor "El Gato" Félix Miranda (1988), del semanario Zeta de Tijuana, Baja California y de Víctor Manuel Oropeza Contreras (1991), de El Diario de ¡uárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. En cuanto a disposiciones oficiales, el 23 de abril, la fracción parlamentaria del oficial Partido Revolucionario Institucional decidió que la actual Cámara de Diputados no legislará en materia de medios de comunicación ni reglamentará el derecho a la información por considerar que podría atentarse contra la libertad de expresión. Días anteriores dichos diputados anunciaron la presentación de un anteproyecto de ley mediante el cual ningún periodista nacional o extranjero acreditado a la fuente política de la Cámara de Diputados, podría revelar el contenido de los asuntos o conversaciones éonfidenciales que se produjeran en ese recinto legislativo.

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