Ecuador

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ECUADOR La prensa ha estado sometida a la presión derivada de los conflictos políticos internos y de las denuncias e investigaciones sobre corrupción en las más altas esferas del Estado. El presidente Sixto Durán Ballén ha sido abiertamente crítico de la prensa. El 30 de agosto acusó a los medios de comunicación de "seguir dividiendo a la opinión, censurando a todo el mundo, porque a la prensa nacional le gusta echar leña al fuego". El 29 de agosto, varios cronistas fueron agredidos por elementos de la guardia de Palacio, cuando intentaban recoger información. Miembros de la escolta presidencial, en medio de insultos, cercaron a los periodistas y los amenazaron con sus armas; varios fotógrafos y camarógrafos fueron golpeados y se amenazó con encerrarles en los calabozos del Palacio. Hubo una exagerada seguridad en el Palacio de Carondelet dispuesta por el jefe de la Casa Militar, vicealmirante Francisco Espinosa, que provocó serios enfrentamientos entre oficiales de la escolta presidencial y periodistas. En el incidente, el fotógrafo del diario El Comerdo, Alfredo Lagla, fue agredido físicamente por un miembro de la escolta, cuando intentaba tomar una foto. Según fuentes oficiales, dos oficiales de dicho cuerpo militar fueron removidos de sus cargos por esos incidentes. Por otra parte, varios directores de medios de comunicación de Guayaquil fueron convocados a rendir declaración judicial, en torno al contenido de una conversación con el vicepresidente de la República, Alberto Dahik, actualmente en el exilio, en la cual el magistrado acusó de manera general a legisladores y jueces de extorsión y de comportamiento corrupto. Para restar importancia al testimonio de los directores de medios se pretendió encontrar incoherencias y contradicciones de los declarantes en publicaciones de origen oficial. Legisladores de oposición, dentro de las investigaciones y denuncias efectuadas en contra del vicepresidente por supuestos malos manejos de las cuentas de gastos reservados, denunciaron que se había tratado de adquirir una radiodifusora de propiedad del periodista Gonzalo Rosero, por la que se había pagado 25 mil dólares por concepto de anticipo, dineros provenientes de cuentas reservadas. Aunque el vicepresidente ha mantenido repetidamente que el pago se realizó por concepto de honorarios por servicios prestados, el radiodifusor sostiene que el mismo fue para la adquisición de su emisora, lo que se frustró más tarde. Las autoridades judiciales han emitido orden de prisión preventiva contra el ex canciller del gobierno de Sixto Durán, quien supuestamente condujo la fracasada negociación y han determinado que el radiodifusor devuelva al Estado los fondos cobrados. Pese a que el vicepresidente ha afirmado que ningún periodista recibió pago alguno por servicios profesionales que tenga relación con asuntos de interés nacional y, peor aún, con el conflicto bélico mantenido el pasado mes de febrero, asociaciones de periodistas han exigido al gobierno que aclare en forma definitiva el problema, pues en forma categórica mantienen no se han efectuado pagos de esta índole a favor de los profesionales de la comunicación. El vicepresidente dijo ante los jueces que jamás hablará sobre el destino de los fondos reservados, pues la legislación lo impide, lo cual ha creado un profundo malestar y ha encendido la protesta periodística por la incriminación que se hizo sobre el uso de tales fondos. En otro orden, el diario Expreso de Lima publicó, a principios de septiembre, supuestas revelaciones de una fuente del Pentágono en Washington sobre pagos de medio millón de dólares a destacados periodistas ecuatorianos, por apoyar la política informativa del gobierno durante el conflicto armado con el Perú. El hecho fue desmentido en Washington y Quito por autoridades norteamericanas. Diario HOY ha denunciado que funcionarios del Consejo de Modernización retiraron pautas de avisos previamente contratados, como castigo por haber publicado una serie de notas que denunciaban supuestos manejos nada transparentes en el proceso de privatización de la compañía aérea estatal. El marco legal para el desenvolvimiento de la prensa no ha variado en materia de colegiación obligatoria y derecho de réplica; sin embargo, un resquicio legal en el primer caso y la falta de reglamentación en el segundo, han impedido, por suerte, que esta legislación se aplique.

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