Costa Rica

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Una serie de proyectos y acciones legislativas y judiciales relacionadas con el quehacer de los medios de comunicación, se han producido en Costa Rica durante los últimos seis meses. El resultado se puede calificar como mixto, pues mientras algunos casos pueden tener influencias positivas, en otros podrían ser negativos.

La decisión de mayor envergadura fue tomada el 25 de junio por la Sala Constitucional, también conocida como Sala IV; que declaró inconstitucionales 12 de las 23 normas que conforman la ley de Imprenta de Costa Rica, principal texto regulatorio del ejercicio del periodismo en prensa escrita. En su fallo, la Sala advirtió también a la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de que se dicte una nueva legislación en materia de prensa, para llenar "las lagunas" que quedaron tras su resolución. La intervención de la Sala IV en este caso se produjo ante una consulta que, el año pasado, le habían planteado los magistrados de la Sala III (Penal), que hasta entonces constituían la única instancia para conocer sobre los llamados delitos de imprenta. La Sala III presumía que al existir una única instancia para tales delitos, podrían estarse violando la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen la posibilidad de segunda instancia para todos los delitos. La Sala IV; al acoger la consulta, anuló todas las disposiciones de la Ley de Imprenta y otros cuerpos legales que establecían la instancia única para los delitos cometidos por medios impresos. De ahora en adelante los casos serán conocidos por primera vez por un juez penal, con la posibilidad de que su fallo sea apelado en Casación. Entre las cláusulas anuladas se encuentran dos de importancia para la defensa de periodistas y medios: la que establecía que, en casos en que se defendiera un interés público, el tribunal podía absolver o atenuarle la pena al presunto responsable de la publicación, y la que establecía igual atenuante cuando el acusador hubiera provocado las ofensas mediante publicaciones suyas. A pesar de lo anterior, la decisión de la Sala Constitucional fue acogida positivamente por los representantes de los principales medios de comunicación del país. Otros hechos en el ámbito judicial fueron los siguientes: 1. El 30 de abril, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ordenó el decomiso de toda la edición de un libro en el que se implicaba el precandidato presidencial José María Figueres con la presunta comisión de un crimen hace 19 años. La decisión se tomó después que el señor Figueres planteó una acusación por injurias y calumnias contra los autores del texto, los hermanos David y José Romero. El 3 de mayo, en medio de una gran polémica sobre la medida, a la que muchos calificaron de censura previa, la Sala III ordenó la devolución de los ejemplares. Sin embargo, prácticamente todas las librerías del país se negaron a venderlos, por lo que el libro fue distribuido en las calles. 2. El 22 de junio; la Sala Constitucional rechazó sendos recursos de amparo planteados contra los penodlcos La Republlca y Extra, los que habían sido demandados por negarse a publicar anuncios en los que se informaba sobre los deseos que tenía una familia extranjera de adoptar un nifío costarricense. Los periodicos se habiann negado a la publicación porque, según su punto de vista, ese tipo de anuncio se presta para propiciar el trafico de menores. También el diario La Nación tiene por norma no publicar tales anuncios, aunque en este caso no se le había solicitado. Entre las razones de los magistrados para fallar a favor de los diarios estuvo que, al negarse a la publicacion, lo hicieron para evitar la participacion en un hecho posiblemente delictivo que, como el trasiego de niños, es objeto actualmente de una investigación legislativa. 3. El 12 de julio, el abogado Juan Diego Castro Fernández planteó una acusación por "coacción y ejercicio ilegal de la profesión" contra el periodista Ronald Moya Chacón, de La Nación. Su acusación tiene como fundamento que Moya, quien estudia periodismo en la actualidad, no es miembro del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Con base en esto no sólo lo acusó de ejercer ilegalmente la profesión. También alegó en su acusación que, al decirle que era periodista sin ser colegiado, Moya lo engañó. Además, el abogado demandante dijo que Moya lo había amenazado para obtener declaraciones suyas. El 7 de agosto, el juzgado segundo de instrucción de San José dispuso una prórroga extraordinaria de un año en el caso. Esto quiere decir que el juez no encontró elementos suficientes para abrir una causa, pero tampoco para desestimar la acusación. 4. El 30 de agosto, el juez del cuarto penal de San José, Gerardo Segura Ruiz, dictó sobreseimiento en una acusación por injurias, calumnia y difamación planteada contra el diario La Prensa Libre y su director, Andrés Borrasé, por la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA). La decisión del juez se basó en que la acción punible estaba prescrita. 5. El 3 de septiembre, el juez tercero penal de San José, Carlos Araya Rivas, absolvió de toda culpa al director del diario La Nación, Eduardo Ulibarri, en un juicio por injurias por la prensa planteado contra Jorge Luis Segnini Sabat y la Fundación Colegio Académico de Costa Rica, por un campo pagado que el señor Segnini, a nombre de la Fundación, había insertado en el diario. Segnini y la Fundación, sin embargo, fueron declarados culpables. Al sefíor Segnini se le impuso, en lo penal, 120 días de prisión que le fueron condonados, y, en lo civil, el pago de las costas del juicio. Esa misma pena fue impuesta, solidariamente, a la Fundación Colegio Académico y al diario La Nación, a pesar de no haberse podido demostrar ninguna culpabilidad de su director en el acto. El diario La Nación, decidió apelar el caso a Casación. 6. El 25 de septiembre, la Sala Constitucional falló favorablemente un recurso de amparo que había planteado La Nación el12 de noviembre de 1990 contra el comité organizador del torneo Vuelta Ciclística a Costa Rica. El recurso se había basado en la pretensión de dichos organizadores de cobrar a los medios por el derecho a estar presentes en las salidas y metas y a participar en la caravana de la competencia. La decisión del tribunal se basó en que no se podía cobrar porque la actividad, aunque organizada por una entidad privada, utiliza bienes públicos, como las calles, que no pueden ser administrados por ningún particular. La Sala, además, exigió al comité organizador el pago de las costas y de cualquier daño a perjuicio ocasionado al demandante. 7. Entre septiembre y octubre, La Nación planteó sendos recursos de amparo contra los bancos Nacional, Anglo Costarricense y de Costa Rica (todos estatales) por negarse a proporcionar la lista de beneficiarios de una ley que condonó parcialmente las deudas con esos bancos y con otro más (el Crédito Agrícola de Cartago) a miles de agricultores. Los tres primeros bancos han aducido el secreto bancario para negarse a proporcionar la información. La Nación ha alegado de que, por haberse empleado en la operación dineros públicos, toda la información debe darse a conocer. Esta tesis fue acogida por la entidad administradora del fideicomiso creado por el gobierno para pagar la condonación parcial, y por el Banco Crédito Agrícola, que sí proporcionó la información requerida, pero los otros bancos han insistido en su negativa. Aparte de estas acciones en el campo judicial, se han presentado algunos proyectos a la Asamblea Legislativa que, de aprobarse, podrían afectar a los medios: Un proyecto de ley para pasar a entidades privadas la venta de seguros que administra la entidad monopólica Instituto Nacional de Seguros, dado a conocer por sus representantes el 24 de septiembre, establece que "toda propaganda o información dirigida al público relativa a seguros, servicios u operaciones de las sociedades de corredores, estará sujeta a la aprobación previa del Instituto", y establece severas penas para quienes incumplan tal disposición. Un proyecto de ley para eliminar las exenciones fiscales de que gozan gran cantidad de sectores y gremios, presentada por el Ejecutivo y actualmente en estudio por una comisión legislativa, incluye a los diarios y revistas entre los productos sujetos al cobro del impuesto de ventas, que en este momento es del 13 por ciento.

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