Estados Unidos

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El bicentenario de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos no será celebrado con una desenfrenada euforia. La razón: la libertad de prensa en Estados Unidos está siendo atacada.

Jane E. Kirtley, directora ejecutiva del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa, informa que los medios noticiosos aún se ven acosados por citaciones judiciales. La situación no ha cambiado desde que el Comité documentó 4.408 citaciones judiciales contra 1.042 organizaciones de noticias en 1989, y Kirtley dice que opina que esta tendencia está empeorando. El próximo informe de un estudio de cinco años aún en desarrollo será emitido en 1992, pero hasta el momento el estudio indica que la prensa está siendo usada por abogados e investigadores para conseguir pruebas y utilizarlas en los casos judiciales. Un diario del estado de Florida se quejó de que "las citaciones judiciales con frencuencia son simplemente una vía que los abogados usan para obtener de los periódicos las investigaciones que corresponde realizar a los letrados". Además de esta tendencia, que sigue empeorando, y a pesar de las leyes que existen en algunos estados para proteger las fuentes de los periodistas, la prensa enfrenta un aumento significativo en grandes demandas en casos de libelo. El Centro de Recursos de Defensa contra Libelo recientemente ha publicado los detalles de un estudio que cubrió un período de dos años, que terminó el 31 de diciembre de 1990. El estudio muestra que, en comparación con los dos años anteriores, el promedio de daños adjudicados contra medios noticiosos acusados aumentó 10 veces. El promedio de daños adjudicados para 1989-1990 fue un poco menor de $4,5 millones, en comparación con casi $500.000 en el período 1987-1988. Estos dos estudios indican que la tendencia desfavorable contra la libertad de prensa comenzó antes de la severa censura impuesta por el Pentágono durante la guerra del Golfo Pérsico. Como consecuencia de las restricciones draconianas impuestas a la prensa, los medios de comunicación se han movilizado para combatir al Pentágono. El mes pasado, el secretario de Defensa, Richard Cheney, se reunió con un grupo de representantes de importantes medios de comunicación para tratar la cobertura de futuras operaciones militares. Los medios de comunicación no están dispuestos a aceptar decisiones unilaterales por parte del Pentágono, como fue el caso a raíz de las invasiones a Granada y Panamá. Louis D. Boccardi, presidente y principal funcionario ejecutivo de la agencia de prensa Associated Press, dijo que esta vez habrá discusiones de ambas partes "para impedir que la próxima vez suceda lo que pasó esta vez". Los medios de comunicación han fijado 10 principios para asegurar la independencia de los reportajes y evitar la censura previa. También han fijado febrero como límite para la conclusión de un acuerdo. No existe una evidencia clara de que el exitoso control noticioso por parte del Pentágono durante la guerra del Goldo Pérsico ha estimulado a otras ramas del gobierno a implantar medidas para restringir la libertad de prensa. Sin embargo, las limitaciones, indudablemente populares, impuestas por el Pentágono, han reforzado una serie de acciones gubernamentales contra la prensa. Un editorial en la edición de verano de The News Media and the Law, publicación del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa, acusa a la Corte Suprema de continuar su "gradual pero inexorable erosión de los derechos de los periodistas". Esta alegación fue sustanciada específicamente por dos casos escuchados en el período de 1990, Masson vs. The New Yorker y Cohen vs. Cowles Media. Ninguno de estos casos mostró una conducta ejemplar por parte de los medios informativos en cuestión. Jeffrey Mason alegó que un escritor del New Yorker falsificó citas atribuidas a él, y Dan Cohen demandó a dos diarios de Minnesota por publicar su nombre a pesar de un compromiso de confidencialidad por parte de los periodistas en cuestión. La publicación del Comité de Periodistas expresó que en la decisión tomada por la corte en estos casos "hay poca diferencia entre el castigo de conducta y la censura de expresión". El Comité de Periodistas también observó con preocupación el nombramiento del juez Clarence Thomas a la Corte Suprema y describió de "nebulosa" su posición sobre las leyes que afectan al periodismo. Las sensacionales audiencias sobre la confirmación del juez Thomas también han provocado que algunos miembros de la prensa hagan un nuevo examen de conciencia. A.M. Rosenthal, editor ejecutivo retirado de The New York Times y que ahora escribe una columna para ese mismo diario, denunció a editores y directores de importantes medios de comunicación por publicar y romantizar "periodismo de basura". En el caso del juez Thomas, Rosenthal dijo que muchas publicaciones "son culpables de hostigamiento sexual". Rosenthal escribió: "Ahórrense las lecciones sobre la Primera Enmienda. Sé que el hostigamiento por parte de la prensa está dentro de la ley. Estoy de acuerdo en que la Constitución vale su precio. Tenemos libertad de prensa. Lo que todos los periodistas necesitan ahora es la libertad de conciencia". Otra crítica de parte de un periodista sobre la cobertura del nombramiento del juez Thomas fue ampliamente publicitada por dos senadores republicanos, Orrin Hatch y Arlen Spector. Juan Williams, un escritor de The Washington Post, acusó en un artículo de opinión en ese diario que reportajes" de organizaciones de buena reputación, notablementePublic Radio, han exagerado todas las interrogantes sobre Thomas, convirtiéndolas en un encausamiento, sacrificando el equilibrio y la integridad periodística por un lugar en la turba". Sin embargo, el comportamiento de la prensa, en el que Williams describió a los periodistas como tiburones en medio de un mar ensangrentado, fue amortiguado cuando se reveló que él mismo ha sido acusado de hostigamiento sexual. La corresponsal de Public Radio, Nina Totenberg, también se vio involucrada en la polémica sobre los alegatos de que el juez Thomas acosó sexualmente de la profesora Anita Hill. La señora Totenberg sostuvo en un artículo de opinión, también publicado en The Washington Post, que renunció a su empleo en el National Observer a causa de acoso sexual, pero su antiguo jefe en ese diario respondió que Totenberg fue despedida por plagiar. Otros acontecimientos de importancia: Linda Wheeler, de The Washington Post que había sido sentenciada a cumplir una condena de prisión por desacato al tribunal cuando se negó a revelar una fuente de información, fue exonerada cuando un juez anuló el juicio. Sin embargo, se ha ordenado un nuevo juicio. Un juez federal en Carolina del Sur declaró que la ley de libelo criminal es inconstitucional. En estos momentos sólo 20 de los 50 estados norteamericanos aún cuentan con leyes de libelo criminal. The Globe, tabloide con sede en Boca Ratón, Florida, y que se vende en los supermercados, fue procesado por violación de una ley estatal que prohíbe la publicación del nombre de las víctimas de violación sexual. Algunos medios de comunicación radicados fuera del estado de la Florida que publicaron el nombre de la mujer en cuestión no han sido enjuiciados. Existe preocupación por parte de editores y directores de medios de prensa sobre una decisión de una corte federal de apelaciones que autorizó a las compañías Bell a usar su monopolio de las redes telefónicas locales para transmitir información a sus suscriptores.

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