Conclusiones

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De la 62ª Asamblea General Ciudad de México, México 29 de septiembre al 3 de octubre del 2006 La vigencia de la libertad de prensa experimentó un grave retroceso durante el último semestre en las Américas, donde nueve periodistas fueron asesinados y una escalada de amenazas de muerte y agresiones de todo tipo se abatió sobre decenas de medios y reporteros de todo el continente. Tres periodistas murieron en Venezuela, tres en Colombia, dos en México y uno en Guatemala. Un reportero desapareció y no ha sido localizado en México durante el período y otros permanecen desaparecidos desde períodos anteriores. La lista de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos 12 meses ascendió a 15. Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, advirtió de que estos asesinatos demuestran que “los esfuerzos de los diferentes estados americanos tienen pocos frutos en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas”. Marroquín hizo un llamado a “la unidad gremial” y a las sociedades civiles del continente “para que se sumen en la lucha por defender la libertad de expresión de nuestros pueblos”, ante la gravedad de la situación. Cuba (donde la cifra de periodistas encarcelados con penas de hasta 27 años de prisión asciende ahora a 26), Venezuela, Colombia y México encabezan la nómina de naciones donde el ejercicio del periodismo es más peligroso. En México, la tarea periodística, particularmente en la frontera con Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más peligrosa. Muchos periodistas viven amordazados y amenazados. El narcotráfico ha corrompido a policías locales, estatales y federales, a alcaldes, jueces, maestros y sacerdotes, a conductores de taxis y a empleados de hoteles y, también, a periodistas. Desde 1982, 53 reporteros y columnistas mexicanos has sido asesinados. Desde el 2000, la cantidad de asesinatos de periodistas asciende a 23 y otros tres permanecen desaparecidos. Además, la libertad de prensa es restringida en diversas regiones del país, donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal o incluso los agreden físicamente. En Venezuela, la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas enfrentan un marco legal y situaciones de hecho cada vez más restrictivas para el ejercicio del periodismo. El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sin ser molestados a causa de sus opiniones, a recibir informaciones y a difundirlas por cualquier medio de expresión está siendo sistemáticamente vulnerado por el gobierno. En un estadio diferente al que se vive en Colombia, Cuba, México y Venezuela (porque no aparece la brutalidad de la muerte), pero no por ello menos preocupante, las más diversas acciones de hostigamiento contra el trabajo de medios y periodistas, el acoso físico y verbal y la aplicación de métodos sutiles pero efectivos en procura de amedrentar a los profesionales, se multiplicaron en forma alarmante en la mayoría de los países durante el semestre. Una costumbre que parece estar expandiéndose en las Américas es el señalamiento público desde la cúspide del Poder Ejecutivo a los medios y periodistas que “molestan”. Eso lo hacían hace 30 años las dictaduras militares que asolaron la región pero incluso, hasta por eso mismo, era más sencillo que todo el mundo entendiera que había allí un intento por cercenar la libertad de prensa. En cambio, cuando esa práctica es asumida por gobiernos surgidos de elecciones libres y justas, la comprensión de las sociedades en cuanto a que estos también significan sistemas de acoso que restringen severamente la libertad de informar y el derecho del público a ser informado, se hace más difícil. Como ha escrito el periodista argentino Joaquín Morales Solá en el diario “La Nación” de Buenos Aires sobre lo que ocurre en su país, en Argentina no existen decretos ni resoluciones que atenten contra la libertad de expresión y, sin embargo, “hay cada vez menos” libertad de expresión en Argentina y “muy pocas veces se vivió un clima de tanta asfixia desde la restauración democrática, hace casi 23 años”. Así, en países con gobiernos legítimamente electos, como los de Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Uruguay y Venezuela, funcionarios de alta jerarquía se han encargado de señalar públicamente a medios concretos cuyas informaciones u opiniones les incomodan. Estos gobiernos parecen olvidar que si un presidente u otro gobernante ataca a un medio o a un periodista y lo tilda públicamente de “enemigo” u “opositor no electo”, además del propósito claro de mellar su credibilidad, está alentando a que funcionarios de cualquier jerarquía pero con el poder estatal suficiente procedan contra esos medios o periodistas. Esto ya ha comenzado a suceder en varios de esos países. En Argentina, eso es muy claro. Casi desde que asumió el poder, hace tres años, el presidente Néstor Kirchner señala cada vez que puede, con nombre y apellido, a determinados medios y periodistas, en actos públicos que predisponen a las masas en contra de esos medios y periodistas. Las consecuencias son amenazas más o menos anónimas contra esos medios y periodistas, así como el surgimiento de grupos violentos afines al presidente que, al mejor estilo de las bandas fascistas de antaño, ejercen actos intimidatorios contra la prensa no adicta. “Las palabras violentas preceden a los actos violentos”, ha escrito Morales Solá. Esto se repite, con mayor o menor intensidad, con los gobiernos de Bolivia, Colombia, Honduras, Uruguay y Venezuela. En los casos de Bolivia, Colombia, Honduras y Uruguay, los propios presidentes han asumido personalmente la tarea de confrontar públicamente con medios de comunicación y periodistas, evidenciando rasgos de autoritarismo que demuestran su incapacidad para adecuarse al funcionamiento de la prensa independiente. En particular, en Bolivia el gobierno del presidente Evo Morales está creando su propia red de medios de comunicación con el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela. La “guerra contra el terrorismo” sigue cobrándose víctimas en el campo de la libertad de prensa. El gobierno de Estados Unidos ha mantenido detenidos por períodos prolongados a reporteros en Irak sin presentar cargos contra ellos y ha criticado directamente a los medios para que no revelen información que es considerada “sensible”. En esa línea, algunos tribunales de justicia estadounidenses siguen aplicando mano dura contra los periodistas que se rehúsan a revelar sus fuentes informativas. Seis de ellos fueron multados o enviados a prisión por ese motivo en el último año, con penas de hasta 18 meses de cárcel. Durante el semestre, las intimidaciones de todo tipo contra periodistas provenientes tanto desde el poder estatal como de organizaciones criminales, han proliferado como hongos. Sólo en Colombia, en los últimos seis meses 45 periodistas fueron amenazados de muerte. Esto se repitió en Brasil, donde una veintena de periodistas y empleados de medios de comunicación recibieron amenazas de muerte, fueron mantenidos como rehenes o fueron agredidos a golpes, dos periódicos fueron invadidos por policías para terminar uno incendiado y el otro confiscado, la justicia censuró a un diario, requisó una revista, prohibió informar sobre una conversación entre dos políticos y obligó a dos diarios a publicar textos desproporcionadamente extensos como “derecho de respuesta”, y dos periodistas fueron baleados. Además, cinco periodistas guatemaltecos, cuatro paraguayos, tres peruanos, dos argentinos y uno uruguayo recibieron amenazas contra sus vidas, un reportero de Guatemala fue baleado, dos periódicos ecuatorianos y uno paraguayo fueron atacados a tiros, y las Cortes de Justicia de Costa Rica, Perú y Uruguay adoptaron decisiones netamente contrarias a la vigencia de la libertad de prensa. En México, por primera vez fueron atacados a tiros y con explosivos las sedes de cuatro periódicos. La distribución arbitraria de la publicidad oficial sigue siendo un problema muy serio en Argentina, donde el gobierno continúa con su política de utilizar los recursos públicos para “premiar” a los medios afines y “castigar” a los críticos o independientes. En Chile, este tema comenzó también a preocupar al Parlamento, que decidió investigar cómo se distribuye la publicidad estatal.

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